opinión

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

El aporte del cónsul de Chile, Juan Manuel Pino Vázquez, del Foro Diplomáticos en Mendoza, a la conmemoración del Día de la Mujer.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

 En el marco de la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, asistió el 17 de enero para informar a los H. Diputados integrantes los aspectos fundamentales del proyecto de Ley sobre una Vida Libre de Violencia hacia la Mujer.

Tras la sesión, la Secretaria de Estado explicó que "este proyecto -que firmó la Presidenta Bachelet el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia- tiene como objetivo, por un lado, generar una ley sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; así como incorporar nuevas formas de violencia que están fuera de lo familiar y doméstico, es decir en el espacio público, en los centros laborales, de estudio, y en la calle.

En ese sentido, detalló que "la iniciativa da cuenta -además de la violencia sexual, física y psicológica - de otras formas de violencia como la económica y la simbólica; y a partir de allí, genera mandatos de prevención y atención a distintos organismos del Estado". Junto con ello, este proyecto modifica algunos cuerpos legales, como la Ley de Violencia Intrafamiliar (20.066) "para ampliar las nociones de pareja que se establecen allí, como aquellas relaciones sentimentales sin convivencia como la violencia en el pololeo (noviazgo)".

Asimismo, modifica el decreto Ley 3.500 de pensiones "en que ninguna persona que haya asesinado a una mujer, pareja o ex pareja, pueda cobrar su pensión de sobre vivencia como ocurre hoy día en algunos casos". Detalló la titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La iniciativa legal también plantea modificaciones al Código Penal y a la Ley de Tribunales de Familia.

En el link que a continuación se indica se podrá revisar y leer el texto completo del presente Mensaje Presidencial: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11592&prmBoletin=11077-07

I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

Este proyecto de ley responde al compromiso del Estado de Chile con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención Belém do Pará".

Esta convención se ha tenido a la vista no solo en aspectos sustantivos que se incorporan a este Proyecto de ley, sino que se ha considerado que ella exige a los Estados Partes "incluir en su legislación normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso" (artículo 7, c)).

Se ha considerado, también, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, la cual, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1979.

Asimismo, se han tenido en cuenta las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales especializados.

Se observó detenidamente, también, el derecho comparado. Es menester referirse a la historia reciente de América Latina, pues son varios los Estados que han dictado leyes con el propósito de poner fin a la violencia contra las mujeres. A modo ejemplar, encontramos los casos de Argentina (2009), Brasil (2006), Colombia (2008), Costa Rica (2007), Guatemala (2008), México (2007), Nicaragua (2012) y Venezuela (2007). En Europa, especialmente significativa ha resultado la Ley 5/2008 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

Por último, también se consideraron las más de 70 iniciativas legislativas ingresadas a tramitación desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.066, las que han constituido un valioso insumo al presente proyecto de ley.

II.- OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

Un doble objetivo anima este proyecto de ley y subyace a cada una de las modificaciones que comprende. En primer lugar, busca mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia en contexto intrafamiliar, tanto a las mujeres, que constituyen el grupo a que este proyecto va fundamentalmente dirigido, como a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Para cumplir este objetivo se refuerza el trabajo intersectorial, propiciando acciones coordinadas entre los distintos actores involucrados en la prevención, protección y atención de las personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia.

También se regulan nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, y se mejoran aspectos procedimentales cuyas limitaciones han redundado en un déficit de protección de los derechos de las personas víctimas de violencia, entre otras cuestiones relevantes.

En segundo lugar, este proyecto busca contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género. No solamente ha de ser visto, entonces, como una respuesta al presente, sino también como una hoja de ruta para un futuro en que prime el respeto del derecho inalienable de las mujeres a una vida libre de violencia.

Este proyecto de ley no solucionará todos los desafíos que genera la violencia contra las mujeres, pero como Gobierno nos asiste la convicción de que es un paso importante en el camino correcto.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Este proyecto contiene, en primer lugar, una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que consta de cuatro títulos: (i) Objeto de la ley y definiciones generales; (ii) De la Prevención de la violencia contra las mujeres; (iii) De la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia; y (iv) Acceso a la justicia.

En este cuerpo legal se recogen los estándares indicados por los instrumentos internacionales, adoptándose una definición de violencia contra las mujeres acorde a lo prescrito por la Convención Belém do Pará, que reconoce que esta violencia es una "manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres". Esta ley avanza, también, en el reconocimiento de las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres y los distintos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico.

Contiene, también, un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado, con el fin de que, siempre que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas, adopten, dentro de sus competencias y en el marco de su disponibilidad presupuestaria, las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley.

La protección y atención de las mujeres frente a la violencia genera obligaciones generales y particulares. En estas últimas se enfatizan los deberes en el ámbito de la salud, la educación y los deberes de protección que tienen policías y fiscales. El título referente al acceso a la justicia establece normas aplicables a una pluralidad de procedimientos en que las mujeres tienen la condición de víctimas de violencia, tanto en el contexto intrafamiliar como fuera de éste.

Por último, se amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia y se le permite deducir querella en casos de femicidio.

En segundo lugar, el artículo 28 de este proyecto contiene una serie de modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar. Se amplía su objeto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

Se amplía también la competencia de los ministerios para participar, de modo prioritario, en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, transversalizando así las acciones referidas a violencia intrafamiliar. Asimismo, se amplía la definición de violencia intrafamiliar.

Se agregan normas destinadas a quienes ejercen jurisdicción. En este marco, se incluyen reglas conducentes a considerar el interés superior del niño o niña, especialmente las vulneraciones que sufre cuando ocurren hechos de violencia entre los integrantes de la familia, aunque no tengan como víctima directa a los niños o niñas. Se modifican, también, las normas que reglan la suspensión condicional del procedimiento, adoptando una serie de medidas cuyo objetivo principal es cautelar la seguridad de la víctima antes de arribar a esta decisión.

Otro aspecto en el que se introducen mejoras sustantivas a esta ley es la regulación de la comunicación y notificación de las medidas cautelares. Tal como en el caso anterior, constituye éste otro ámbito en que la celeridad se torna un valor de primera importancia.

Finalmente, se establecen limitaciones para el sometimiento de las partes a mediación en determinados casos en que ha existido violencia. Tampoco se someterán a mediación los asuntos en que existan medidas de protección o cautelares vigentes entre las partes.

Otro aspecto relevante del proyecto de ley vinculado a la protección de los derechos de los y las adolescentes, se encuentra en la sanción del abuso sexual.

Se agregan al Código Penal figuras que dan cuenta de realidades hasta hoy no cubiertas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, en un nuevo artículo 494 ter, se regula como falta el acoso sexual sin contacto corporal.

Por último, el artículo 31 del proyecto de ley modifica el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, puesto que la legislación vigente no regula adecuadamente algunos aspectos relacionados con la pensión de sobrevivencia. Así, se introduce un nuevo inciso tercero al artículo 5 del referido decreto, que quita la calidad de beneficiario o beneficiaria a la persona que, perteneciendo al grupo familiar del o la causante, haya sido condenado o condenada por el homicidio de éste o ésta.

Opiniones (1)
22 de noviembre de 2017 | 05:35
2
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22 de noviembre de 2017 | 05:35
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  1. una lástima que nos hayan privado de compartir el pensamiento de mujeres argentinas y mendocinas !! Pero bueno también nos agrega conocer desde donde nos informan y quienes son los medios Y al menos este medio
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