opinión

Discutir lo menos importante

Discutir lo menos importante

 Hace pocos días, cuando se iniciaba el año, el Ministro de Justicia de Argentina sostuvo en un medio de prensa que era necesario discutir el régimen penal juvenil, y por ende, la edad a partir de la cual los jóvenes pueden ser declarados imputables de la comisión de un delito.

A partir de ese momento decenas y decenas de declaraciones a favor y en contra se sucedieron sin descanso. Parece que el Ministro había tocado una fibra que moviliza a la sociedad.

Los primeros en aparecer fueron dirigentes de la actual oposición que trataron de demagógico el anuncio, aunque alguno de ellos utilizó el mismo argumento (la baja en la edad de imputabilidad) en la campaña presidencial de hace solo un año.

Luego siguió la Iglesia, la que haciendo una vez mas gala de su poca memoria sostuvo que era una medida electoralista y que por consiguiente no debía ser tratada durante este año 2017.

Por ultimo, un sinnúmero de organizaciones de defensores de derechos humanos que, antes de que la discusión se inicie, deciden oponerse a la misma con argumentos mas vinculados al momento elegido y al año electoral, que a lo que en realidad debería discutirse.

En la Argentina el Régimen Penal de la Minoridad fue sancionado por la ley 22.278 en el año 1980 (plena dictadura militar) y casi diez años antes de que se ratificara la Convención de los Derechos del Niño.

Es decir que después de mas de veinticinco años nuestra institucionalidad no ha sido capaz de construir un sistema de responsabilidad penal juvenil que esté acorde a la citada norma internacional.

La Convención edifica toda su estructura en el respeto al interés superior del niño, y así lo establece taxativamente en su articulo 3º respecto de toda medida que tomen organismos de cualquiera de los tres poderes del Estado.

De allí surge que el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley no puede estar nunca separado de la obligación que el Estado tiene de garantizar la verdadera y plena protección integral de los derechos de la infancia, en especial sus derechos económicos y sociales: salud, alimentación, educación, vivienda digna, y vivir en familia.

La realidad muestra que no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica, los adolescentes en conflicto con la ley penal son pobres, varones en su mayoría, y básicamente han cometido delitos contra la propiedad.

Esos mismos jóvenes sufren un fuerte déficit en la escolarización, y provienen de familias desintegradas, y de baja inserción en el mercado laboral formal.

Es difícil entender a aquellos que se oponen a un análisis minucioso de la realidad que los jóvenes viven en la actualidad. Es insostenible el argumento del año electoral, en la Argentina hay elecciones cada dos años, y por ende nunca podría discutirse nada si esto fuera cierto.

Es inadmisible que la misma institución que no ha perseguido ni condenado de manera contundente a quienes han abusado de menores sostenga que para protegerlos debe seguir sin discutirse un verdadero sistema que ponga a los jóvenes en conflicto con la ley en el lugar en el que deben estar, en el de victimas.

Estos días nos han mostrado la peor de las caras. Lo importante no fue buscar respuestas para saber por qué cada mas jóvenes delinquen, en qué fallamos como sociedad o por qué el sistema educativo no es capaz de contener a los adolescentes para que estos no se conviertan en pequeños soldados del narcotráfico. Solo nos detuvimos a hablar de dos números 16 o 14.

Sigo creyendo que la mejor manera de fortalecer nuestra democracia es con un debate serio y profundo de ideas respecto de todas las deudas que como sociedad todavía tenemos. Cuando dejamos de hacerlo, retrocedimos. Es hora de volver a avanzar.

-Aníbal Gutiérrez es periodista. Leé más en Ideas y Protagonistas, haciendo clic aquí.

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28 de Junio de 2017|23:07
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