opinión

Democracias turbulentas

El malestar ciudadano que recorre el mundo pone a prueba el pluralismo de partidos y obliga a profundizar la responsabilidad pública. El columnista de La Nación invita a repensar los roles del gobierno y de la oposición.

Democracias turbulentas

Es errada la creencia de que la unidad política en una república, o el consenso sobre sus fundamentos, eliminaría conflictos y disensos. No es así. La unidad deseable para apuntalar este proyecto consiste en admitir las diferencias y asumirlas como corrientes legítimas en el marco de un régimen constitucional pluralista.

Esta dimensión del buen vivir en una democracia está cuestionada en el mundo occidental. Desde Europa hasta los Estados Unidos, en un continuo que se prolonga hacia América latina, el pluralismo de partidos está sufriendo el embate de facciones y liderazgos extremistas (Donald Trump y los xenófobos europeos son prototípicos) que abrevan en el aumento de la desigualdad y el desempleo, en el impacto de acontecimientos inesperados como la crisis de los refugiados que derraman sus padecimientos sobre la Unión Europea, y en el daño infligido a la conciencia cívica proveniente del bajo fondo de la corrupción (un fenómeno, este último, también de vasto alcance que, por ejemplo, enlaza a España con Brasil y la Argentina).

Así planteado, el malestar en las democracias tiene mucho que ver con un deterioro de la confianza pública hacia los dirigentes políticos y empresariales, y en una reducción del espacio de centro hacia el cual deberían converger las expresiones moderadas de los partidos. Este espacio, en el cual se desenvolvieron los sistemas de partidos del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, está hoy atravesado por sobornos millonarios, por el financiamiento espurio de la política y la convivencia con el crimen organizado, y por el cínico abandono de la virtud necesaria para gobernar una república.

Cuando el centro de los moderados se corrompe, ganan irremediablemente los extremos: los purificadores de la política que sueñan con recrear un mundo hecho a la medida de su intolerancia. Más que un sueño, esto es una pesadilla. Para percatarse, basta explorar los orígenes del chavismo en Venezuela y, más atrás, del fascismo y del nacionalsocialismo. Los tres crecieron entre escombros: una economía en crisis, una moral pública en decadencia y un sistema de partidos incapaz de reaccionar a tiempo.

De este contexto próximo y lejano deriva la exigencia no sólo de atender a la economía sino de respetar un umbral ético que no debe ser franqueado por gobierno y oposiciones so pena de perecer frente a la indignación pública (el caldo de cultivo ideal para los jacobinos de nueva especie). Desde luego no hay umbral ético en una república sin una administración de Justicia dotada de independencia, honestidad y eficacia. Es lo que falta en el país con el agravante de que esas carencias impregnan el orden nacional y, asimismo, el de las provincias que conforman nuestro régimen federal.

Si los partidos en ejercicio de la representación política no atinan a fraguar en el Congreso una política de Estado para reformar el reclutamiento y los procedimientos judiciales y combatir con instituciones remozadas el crimen organizado y la corrupción, seguiremos padeciendo los efectos de una trama por demás conocida: los medios de comunicación denuncian hechos de corrupción que, de inmediato, se convierten en escándalos; a su vez la Justicia no responde mientras en la ciudadanía se expande el descreimiento frente a la impunidad de los poderosos.

La cuestión toca de lleno en el corazón de los partidos que hoy actúan en un régimen presidencialista sin mayoría parlamentaria, acosado por una gravísima situación fiscal y, por ende, por una inflación desbocada. ¿Hacia dónde habría pues que converger y a partir de qué sistema de partidos? La convergencia es vital porque sin acuerdos parlamentarios y aptitud negociadora (sigamos de cerca estos días el debate sobre el default) es imposible que la presidencia recientemente inaugurada pueda funcionar.

En ausencia de estos acuerdos habrá parálisis y tentación recurrente de operar con vicios "decretistas". Tal el deseo del kirchnerismo que, por lo visto, apuesta a la política de lo peor para cosechar una hipotética victoria sobre desastres y derrumbes. Ya lo dijo Clemenceau: la política de lo peor es la peor de las políticas.

En la vereda opuesta, el empeño por alcanzar acuerdos supone un cambio en la cultura política que nos libere de la trampa de la imposición hegemónica y transforme al Congreso en lo que debe ser: un lugar de voces múltiples, de argumentos contrapuestos y de soluciones posibles. Dada la distribución del poder que la ciudadanía ha establecido con su voto el año pasado, éste es el camino.

Empero, para pactar son necesarios los partidos. No hay que temerles a los acuerdos; hay que temerles a los acuerdos que trafican con la impunidad y el secreto. Por consiguiente, son necesarios partidos con transparencia y estabilidad. Es un doble desafío, tanto para Cambiemos como para el justicialismo. El primero, hoy en posesión del Poder Ejecutivo y en minoría en el Congreso, debe robustecer su perfil asociativo y procurar que una exitosa coalición electoral se transforme en una estructura permanente con vistas a las elecciones legislativas del próximo año. No será fácil porque contra este propósito conspira la pésima experiencia que la Argentina ha tenido en materia de coaliciones de gobierno.

De iguales proporciones son los retos que tiene por delante el justicialismo. En perspectiva histórica, cuando no logra reencarnar el principio de la jefatura establecido por su fundador, el justicialismo se convierte en un movimiento que camina a tientas en territorio poco conocido. En verdad, el territorio que mejor conocen los justicialistas es aquel en el cual se yergue un esquema vertical centrado en el Poder Ejecutivo. Si eso no ocurre, en el llano y en la oposición, el peronismo se divide mientras los nuevos oficialismos juegan a profundizar esas divisiones.

El enigma que tendrá que resolver el justicialismo consiste en discernir si entre los liderazgos hegemónicos del pasado (Perón, Menem, los Kirchner) y las divisiones del presente podrá trazarse una diagonal que abra paso a un liderazgo diferente tan atento a las tradiciones de la justicia social como al núcleo institucional de la democracia con sus frenos y contrapesos. ¿Habrá espacio para esta transformación? Por ahora hay signos de uno y otro lado que se manifiestan a través de la división entre kirchneristas -opositores a ultranza- y justicialistas que desde dentro (Urtubey, Das Neves) y desde fuera (Massa, De la Sota) pugnan por recrear ese liderazgo innovador.

En presencia de estos datos, sería pretencioso imaginar otra refundación de la Argentina que, en su soberbio designio, se sumaría a una larga cadena de fracasos; pero sí convendría insistir en la tarea de una imprescindible reconstrucción del sistema de partidos que nos permita echar las bases de una gobernabilidad a largo plazo.

Sabemos que no hay legitimidad sin duración. Sin embargo, hoy también sabemos que la materia que sostiene esa duración no la puede proveer nadie en solitario. Si queremos superar el estadio primitivo del azar y la improvisación, no nos queda otra opción que apostar por la deliberación y el consenso en medio de la escasez, de expectativas frustradas, de constantes movilizaciones y de necesidades básicas insatisfechas. Un tremendo desafío a la razón pública que reclama responsabilidades compartidas, cada cual en su esfera propia, en el Gobierno y en la oposición.

*Botana es columnista de La Nación y miembro fundador del Círculo de Montevideo que preside Julio María Sanguinetti. Además de publicar artículos en medios nacionales y extranjeros, es autor de varios libros, como La República vacilante, El siglo de la libertad y el miedo, De la república posible a la república verdadera, Sarmiento: un aventura republicana (con Ezequiel Gallo) y Diálogos con la historia y la política (con Félix Luna). Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Lovaina, es Profesor y Director del Departamento de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Torcuato Di Tella, además de Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Nacional de la Historia. Dictó cursos y seminarios en diversas universidades americanas y europeas. En 1979 obtuvo la Beca Guggenheim y en 1995 el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales. Ha sido Visiting Fellow en el St. Antony's College de la Universidad de Oxford y Profesor Visitante en el Instituto Universitario José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. 

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28 de Mayo de 2017|07:20
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