opinión

Jueces de la Corte

El análisis: "222 + robusta audiencia en el Senado".

Jueces de la Corte

 Las aguas se calmaron, pero parece ser que sólo momentáneamente. Existen dos riesgos sobre los que es preciso advertir:

Riesgo 1:

Que el Poder Ejecutivo insista en su iniciativa de avanzar con la instalación de dos jueces en la Corte Suprema por medio de un procedimiento sobre cuya constitucionalidad o justificación política dista de tener consenso. La Corte, luego de una reunión entre Lorenzetti y Macri, tendió un salvavidas que dio un respiro al Ejecutivo, pero el riesgo sigue latente, pues la comunicación de la Corte dejó abierta la posibilidad de tomarles juramento a los dos nominados (y, a la vez, designados, por extraño que eso suene) cuando los Tribunales vuelvan a funcionar después de la feria de enero. Sería un serio error del Poder Ejecutivo suponer que, vencido el período de participación ciudadana establecido por el Decreto 222, sería políticamente (y constitucionalmente) viable que Lorenzetti les tomara juramento a los nominados-designados por decreto. El proceso de designación que ha devuelto confianza a la ciudadanía en su Corte Suprema se inicia con la etapa participativa del Decreto 222, pero se cierra con un robusto debate en el Senado en el marco de una audiencia pública y televisada en la que los nominados respondan a las preguntas de los Senadores, que, en muchos casos, reproducen las que la sociedad civil les hagan llegar previamente a esos legisladores según lo indica el Reglamento del Senado desde su reforma en 2003 (artículo 123, inc. 7).

Riesgo 2:

Que el Senado apruebe los pliegos en una breve sesión ordinaria o extraordinaria que tan sólo refleje acuerdos hechos en la oscuridad fuera del recinto entre partidos políticos, como solía hacerse hasta 2003. El clímax de esa práctica fue la designación de 5 jueces en la Corte Suprema por el Presidente Menem luego de la ampliación del número de miembros del Tribunal de 5 a 9 y de la renuncia del Ministro Jorge Bacqué en desacuerdo con esepacking de la Corte. La sesión de aprobación de pliegos en el Senado de los nuevos jueces duró escasos 5 minutos, lo cual, sumado a la completa oscuridad en la etapa de nominación en cabeza del Ejecutivo, hizo que los argentinos nos encontráramos de un día para el otro con la sorpresa de una nueva Corte con mayoría automática a favor del Presidente que hizo estragos en la legitimidad del Tribunal.

Esa legitimidad se reconstruyó a partir del 2003 por dos decisiones fundamentales: 1) El decreto 222 del Poder Ejecutivo que abría una etapa de transparencia y participación antes de la nominación de candidatos al Senado y 2) la reforma del reglamento del Senado para la aprobación de esos pliegos. Esta segunda fase del proceso de designación en la Cámara Alta es crucial, pues consiste, primero, en una etapa en la cual las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y otros actores de la comunidad pueden acercar a los Senadores preguntas que proponen les sean formuladas a los nominados en una audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Luego, en esa audiencia, que fue televisada – y que sería conveniente que siga siéndolo – y que gue seguida con enorme curiosidad por la sociedad cuando se implementó por primera vez con la designación del Dr. Zaffaroni, los Senadores formularon más de 200 preguntas al nominado en una sesión prolongada en la que los argentinos – potenciales alcanzados por las decisiones del juez – pudieron conocer los detalles del pensamiento jurídico del candidato en lo que se refería, entre otros temas, a interpretación constitucional, aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, importancia de la jurisprudencia de los tribunales internacionales en la decisión de la Corte, relevancia de los precedentes del máximo tribunal y su carácter o no de vinculantes, así como también cuestiones puntuales específicas tales como su lectura constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, etc.

Sería realmente deseable, por el bien de la confianza de la ciudadanía en su Corte Suprema y, como consecuencia, en su Poder Judicial, que se reencauce la designación de los dos Ministros de la Corte de acuerdo a los mandatos de estas dos reformas clave. Menem causó un daño enorme a la legitimidad de la Corte recurriendo a los instrumentos constitucionales de la ley de ampliación de la Corte y de expeditivas y oscuras aprobaciones de los pliegos por el Senado. El daño podría ser equivalente si las designaciones se hicieran por un decreto de dudosa constitucionalidad como el decidido por el Poder Ejecutivo la semana pasada. Decreto 222 + Una robusta audiencia en el Senado fue la fórmula exitosa que nos colocó en la senda correcta desde 2003. ¿Si funciona, por qué no continuar con esta fórmula? Construir confianza en la Justicia es altamente complejo. Destruirla es desgraciadamente demasiado fácil.

(*) Roberto Saba. De su blog Sabático.

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20 de noviembre de 2017 | 09:22
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