opinión

Quién debe controlar las escuchas

El análisis del jurista Alberto Binder en su serie "Mafia e inteligencia".

Quién debe controlar las escuchas

Uno de los temas en los que se manifestó el descontrol de los servicios de inteligencia ha sido el que se produjo con la concentración de todo el sistema de escuchas telefónicas en la vieja SIDE. Ese sistema dejaba en manos de la ex Dirección de observaciones judiciales (conocida como Ojota) tanto las escuchas telefónicas para investigaciones criminales como las escuchas realizadas para actividades de inteligencia. Esa concentración no sólo generó grandes problemas de eficiencia a la hora de producir prueba en casos judiciales complejos (secuestros, narcotráfico, etc.); sino que permitió diluir todo el modelo de control de las escuchas de inteligencia previstas en la propia ley, ya que se prefería utilizar la zona gris de las escuchas de investigación criminal, antes que utilizar el mecanismo de control judicial de las escuchas fundadas en razones de inteligencia. Las relaciones promiscuas con el Poder judicial llevaron a una falta de control absoluta y a una utilización de causas judiciales y de autorizaciones realizadas por jueces aunque sin control, por tiempos indeterminados, sin conocerse los motivos, etc. Una verdadera desgracia tanto para los derechos ciudadanos como para la utilización correcta de estas herramientas, indispensables para enfrentar la criminalidad compleja.

Durante años se reclamó que ese sistema no debería quedar en manos de los servicios de inteligencia, pero los distintos proyectos de ley nunca prosperaban, la Comisión Bicameral de control del Congreso de la Nación se mantenía paralizada y los jueces no se quejaban. Finalmente, la crisis de finales del año pasado produjo que, de un modo abrupto, se pasara todo el sistema de escuchas a la Procuración General de la Nación, sin que esta institución lo hubiera pedido o gestionado. Pero lo importante es que ya no quedaba bajo la órbita de una descontrolada SIDE. En los meses subsiguientes a ese traspaso se trabajó intensamente en la Procuración para poner orden en ese sistema, se lo recibió advirtiendo el grado de deterioro y obsolescencia que tenía, la falta de capacitación del personal, los problemas de método, la ausencia de protocolos adecuados para la admisión de los pedidos judiciales de todo el país y las dificultades en el mantenimiento técnico del servicio para evitar perjuicios en casos donde era necesario intervenciones urgentes y directas. Todo ello formó parte de actas públicas que se pueden consultar. Se creó una Dirección nueva, se convocaron a distintos organismos, se pidió asesoramiento a instituciones técnicas y, en especial, se creó conciencia de que el país necesitaba una renovación completa de la tecnología, el personal y los métodos para volver segura y eficaz una herramienta tan necesaria como peligrosa.

Frente a este panorama, llama la atención que se quiera ahora pasar, otra vez de un plumazo, a la Corte Suprema de Justicia un sistema sobre el cual recién se comienza a tomar control. Llama la atención la urgencia que motivaría el decreto y el método a utilizarse. Antes de dar un paso tan arriesgado, sería más útil que el Ministerio de Justicia convocara a una comisión que revise todo el sistema y determine cuál será la forma futura y cómo se desarrollarán las inversiones necesarias en tecnología y capacitación. Pero carece de sentido provocar un nuevo cimbronazo, cuyo rumbo no se ve con claridad.

Además, decir que el traspaso a la Corte Suprema se haría mediante un decreto de necesidad y urgencia abre una nueva discusión sobre la legitimidad constitucional. La Corte Suprema tiene fijada su competencia por la Constitución Nacional y no se le pueden atribuir nuevas tareas, menos por decretos de necesidad y urgencia. Además, esa Corte Suprema es la garante final de la preservación de las libertades públicas y no podría ser gestora de un sistema que finalmente deberá controlar. Por otra parte, el traspaso de bienes y equipamientos que se hizo por ley a la Procuración Nacional no se puede traspasar ahora automáticamente a otro organismo, dado que se trata de una institución autónoma, con sus propios bienes y empleados. Esto no significa que no se pueda y deba revisar la ubicación institucional de un sistema que, incluso, no tiene por qué estar concentrado en un solo organismo que le presta servicios de administración de equipos (no de escucha) a los poderes judiciales federales, provinciales y al propio sistema de inteligencia.

La premura carece de toda racionalidad, salvo que uno la proyecte sobre la recreación del modelo anterior del sistema de inteligencia y su promiscuidad judicial, al que todos los signos muestran que se quiere regresar, tal como lo indican los nombramientos de los directivos de la Agencia Federal de Inteligencia y la orientación que ellos representan. Ya hemos insistido en una nota anterior (Mafia e inteligencia I: la batalla por el poder judicial) el peligro que ello representa para nuestra República. El apuro y la liviandad con que se pretende encarar este tema solo tienen una explicación racional si se lo piensa en el horizonte de esa reconstrucción. La otra alternativa, la que sostenemos y creemos que puede generar grandes réditos, es la de ponerle bases sólidas al sistema. Evaluar el trabajo que ha hecho en estos meses la DICOM, convocar a los Procuradores de Provincia, a la misma Procuración General, a las Defensorías, al Ministerio de Seguridad y poner así los cimientos de un sistema eficiente, modernizado, con capacitación y mecanismos de control reales. Volver a las zonas grises, provocar una nueva alteración que nos haga retroceder en el control que se ha podido construir en estos meses, o suena a ingenuidad o es un paso más en la dirección equivocada.

Opiniones (1)
23 de agosto de 2017 | 05:36
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23 de agosto de 2017 | 05:36
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  1. Todo el sistema, desde su concentración histórica en la OJOTA de la ex SIDE, su concepción mafiosa, sus prácticas colaboracionistas con el poder ejecutivo de turno, sus informes secretos, sus escuchas eternas y ampliadas a números supuestamente relacionados, la inercia judicial en especial del Fuero Federal y de la Procuración General de la Nación, su inutilidad proverbial para el aporte de investigaciones serias con origen judicial y mucho menos preventivo, las nulidades de pruebas originadas en las escuchas realizadas sin las garantías imprescindibles del debido proceso y técnicamente libre de contaminación, es una verdadera porquería cuyas concepciones y algo de su tecnología puede remontarse al Proceso Militar. Comparto con el Dr. Binder que es un despropósito adosar este organismo a la CSJN y menos por un decreto de necesidad y urgencia. Como también recuerdo que toda la movida fue reactiva y comenzó con el asesinato de un fiscal federal y la pelea de la en ese momento presidente con algunos de los jefes del "espionaje" Por ello justamente, jamás lo dejaría en manos de Gil Carbó y sus colaboradores, quienes de ninguna manera tienen el perfil y la confianza pública que sus personas y trayectoria deben tener para asumir estas funciones. Asimismo comparto que no debería estar concentrado en un sólo organismo y que debería convocarse a los Poderes Judiciales y Procuraciones de provincia y Ministerios de Seguridad. Mucho más cuando de hecho las escuchas y otros medios de espionaje son realizados a diario, con mucho mayor eficiencia, por otras organizaciones, a tiempo real, con muy superior tecnología y mejores analistas, tanto dentro como fuera del país.
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