opinión

El "cambio" en la Corte

Siguen los ecos de la decisión de Macri sobre la Corte.

El cambio en la Corte

 El proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye uno de los actos institucionales más importantes, tanto más si se tiene en cuenta que se está frente a la designación de la cabeza de un poder estatal,y también porque es el único de los tres órganos troncales que componen el Estado que se mantienen en sus cargos mientras dure su buena conducta u opten por acogerse al beneficio jubilatorio. Ello refuerza la necesidad de participación de todo el arco político en el proceso de elección del candidato.

En sintonía con ese razonamiento, el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional impone un proceso de selección de magistrados que favorezca el diálogo intersubjetivo entre los poderes del Estado, al mismo tiempo que impulsa el acuerdo entre los distintos sectores representados en la Cámara Alta. Debe recordarse que ello no fue así hasta la reforma del 94, que entre las medidas tendientes a atenuar el presidencialismo, incorporó la mayoría calificada para el nombramiento.

Esa modificación tuvo por finalidad concretar la imperiosa necesidad de recurrir a la política del consenso para la designación de magistrados–salvo casos de mayoría calificada de un solo partido, algo casi imposible- o, en el peor de los casos, recurrir a una práctica de distribución de cargos conforme el poder político de cada fuerza representada en él.

La reforma antes mencionada, en el mismo inciso agregó la exigencia de la sesión pública al momento de la votación en el recinto, porque de ese modo se habilita y fomenta el control ciudadano sobre el proceso de elección, en consonancia con los principios republicanos que rezan por la publicidad de los actos de gobierno.

Siguiendo con lo estrictamente normativo, el Decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional constituyó un avance institucional de importancia en relación a la participación popular en el mecanismo de selección de magistrados del Máximo Tribunal, pues exigió al Presidente de la Nación someter al conocimiento de la ciudadanía los antecedente profesionales y académicos del candidato, su estado patrimonial, antecedentes tributarios, entre otros. Ello respondió a una razón más bien coyuntural, cual fue la idea de evitar una nueva “mayoría automática” como la que funcionaba durante el menemismo.

Del mismo modo, y con el espíritu de poner trabas a los nombramientos express, se estableció un periodo de 15 días –contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del nombre y antecedentes del propuesto por el Poder Ejecutivo- a fin de que en ese plazo, los distintos actores de la sociedad civil concurran ante el Ministerio de Justicia y expresen sus impugnaciones, apoyos, observaciones y cualquier otra manifestación vinculada al candidato propuesto.

Como recuerda la constitucionalista Angélica Gelli, la primera experiencia post decreto fue altamente positiva, dado que “la sociedad argentina hizo suyo el compromiso con una cuestión sustantiva para la consolidación democrática y la fortaleza de las instituciones, las presentaciones de personas y organizaciones ante el Ministerio de Justicia fueron numerosas, el debate intenso y amplísima la visibilidad social del candidato, por el interés que despertó todo el proceso de selección y la personalidad del nominado en los medios de comunicación” (Gelli, María Angélica; Constitución Nacional Comentada y Concordada, 4ta Edición; Ed. La Ley; Tomo II; pág. 388).

Hecha esa introducción, creo que acudir a la cláusula del art. 99 inc. 19 CN para la designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión no sólo resulta una artimaña formalista incompatible con principios liminares del Estado de Derecho, en clara violación de las bases democráticas y republicanas –tan resaltadas por el oficialismo en el discurso de campaña-, sino que además es de errada aplicación al caso. En efecto, si el artículo faculta al Presidente a “llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo en el Senado”, considerar a la cabeza de un órgano del Estado como “empleado” puede tomarse como una amenaza a las bases del sistema repúblicano, que consagran la –mal llamada- división de poderes y el control interorgánicoesenciales para su funcionamiento.

Esta idea ha sido la mantenida por el constitucionalista Daniel Sabsay al ser consultado sobre la cuestión, quien además expresó que que la medida era de una “inconstitucionalidad manifiesta”.

Se ha dicho que “la estructura divisoria debe interpretarse en torno a la finalidad básica que persigue: evitar la concentración que degenera en tiranía (o autoritarismo) y resguardar la libertad de las personas” (Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución Reformada; Ed, Ediar; Tomo III; pág. 15).

En consonancia con la propuesta de Bidart Campos, a mi entender, el artículo debe interpretarse en el sentido más coherente con la doctrina de la división de poderes, de modo sistemático e histórico y no meramente gramatical. El art. 99 inc. 4 fue expresamente modificado en el 94 para evitar los avasallamientos del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. En lo histórico, desde 1862 que un gobierno democrático no aplicaba la cláusula, y fue por una verdadera razón de necesidad: no había Corte Suprema, fue para designar a sus primeros miembros. Y por último, algunos autores (como Gentili), entienden que la modificación constitucional que amplió las sesiones ordinarias del Congreso a 9 meses harían innecesaria la utilización del art. 99 inc. 19, por cuanto sólo hay tres meses de receso, y se corre el riesgo de utilizar esa facultad como excusa con fines políticos.

A ello debe agregarse que el término es utilizado en el art. 99, que es el que dispone las facultades del Presidente de la Nación, por lo que debe interpretarse en ese contexto, esto es, referido a los empleados de ese mandatario.

Así, la cláusula se referiría a aquellos funcionarios que actúan bajo la órbita del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente –como entidades autárquicas-. En este sentido, podrían considerarse alcanzados los directores del Banco Central, Ministros Plenipotenciarios, miembros superiores de las Fuerzas Armadas; pero en ningún caso de integrantes de otro poder del estado porque ello afectaría no sólo la división de poderes, sino también la independencia judicial.

En definitiva, el contenido comunicacional de la decisión radica en una convicción de que el Juez de la Corte es un empleado del Poder Ejecutivo. De hecho, si extremáramos el proceder hasta lo absurdo podría llegar a concluirse que cuando finalicen las sesiones del Congreso del próximo año, y por ende los nombramientos temporales de estos magistrados (que finalizan el 30 de noviembre del año entrante si no han sido ratificados por el Senado), el presidente podría ampararse nuevamente en esa cláusula constitucional para nombrarlos nuevamente por un periodo más, y así en forma indefinida.

Aún si admitiéramos que el término “empleo” alcanza a los Jueces del Máximo Tribunal, el nombramiento en comisiones implicaría unaimportante pérdida de independencia de ellos y su sometimiento a los órganos legislativo y judicial. Si tenemos en cuenta que el nombramiento en comisión limita temporalmente el mandato, sería entendible inferir que el magistrado se sienta “a prueba” durante ese término, disminuyendo la legitimidad de sus decisiones, en tanto podrían estar vinculadas a la búsqueda de obtención del acuerdo del Senado luego de la reanudación de las sesiones.

El Jefe de Estado, al momento de dar su discurso de asunción, puso especial énfasis en la independencia que garantizaría a los jueces en su actuación, en su intención de no tener jueces “macristas” y que, en caso que los hubiera, ellos “no serían bienvenidos”. En los hechos, el Decreto 83/2015 pareciera ir en sentido contrario.

Más allá del análisis técnico que pueda hacerse, se advierte una incoherencia entre la intención del mandatario de no involucrarse en las decisiones judiciales y el nombramiento temporario de jueces del máximo tribunal federal cuya continuidad, por lógica, estará sujeta a la actuación de ellos conforme la voluntad del partido dominante.

Entre otros especialistas, Ricardo Gil Lavedra y Andrés Gil Domínguez pusieron especial énfasis en el “atraso institucional” y la “afectación a la división de poderes e independencia judicial” que implicaría seguir adelante con la medida propuesta por el presidente en funciones.

Desde el oficialismo, tanto en declaraciones públicas como en los considerandos del Decreto 85/15, se puso especial énfasis en la situación de irregularidad que atravesaba la Corte por contar únicamente con 3 de sus 5 miembros previstos.

Al respecto, de ningún modo ello se presenta como obstáculo para saltear el paso republicano del Senado para el nombramiento de los Jueces. En primer lugar, porque el tribunal puede perfectamente actuar con tres de sus miembros, como se encargó en su momento de aclarar el presidente del mismo (ver dichos de Lorenzetti del 12/11/2014), por lo que no corresponde al Presidente opinar respecto al modo de funcionamiento de otro poder, o al menos de decidir cuestiones que exceden su competencia.

En segundo término, cabe recordar que desde la recuperación de la democracia, todos los presidentes llamaron a sesiones extraordinarias luego de asumir el mandato, por lo que el periodo de receso del Congreso no es un argumento idóneo para explicar satisfactoriamente lo intempestivo de la decisión.Sin ir más lejos, es el propio oficialismo el que optó por no convocar a las sesiones extraordinarias del Congreso y comenzar su mandato mediante la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia.

Así opinó Félix Loñ al ser consultado sobre la decisión del mandatario, entendiendo que no se daba la situación de excepción que al macrismo invoca, por el simple hecho de que no se hizo siquiera el intento de llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para obtener el acuerdo.

Y en tercer lugar, resulta extraño que en todos los meses que estuvo la Corte sin la totalidad de sus miembros (por la vacancia del Dr. Zaffaroni desde comienzos de este año) no se mencionó en ningún momento desde el sector político liderado por Mauricio Macrila necesidad y urgencia de cubrir las vacancias, más aún cuando la gestión anterior envió al Senado para su aprobación tres pliegos distintos, ninguno de los cuales logró tratamiento en el recinto. De ese modo, más allá del análisis técnico que pueda hacerse, resulta incoherente el repentino apuro por cubrirlas vacantes que se sabía existían desde hace un tiempo.

Finalmente, no se logra entender cómo un Gobierno electo hace menos de un mes, en su primera semana de gestión adopta una decisión a espaldas de la ciudadanía que implica el sometimiento de un pliego al Senado. En una democracia moderna y pluralista, el pueblo debe estar en el centro de la toma de decisiones, y qué mejor órgano para representar a la ciudadanía en pleno que el Senado, donde además se desarrolla el federalismo en su máxima expresión.

f
Opiniones (1)
19 de agosto de 2017 | 10:52
2
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19 de agosto de 2017 | 10:52
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  1. Ja, si hay alguien que se cago en los principios republicanos fueron los Kirchner, y ahora se vienen a rasgar las vestiduras? Andaaaaa
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