opinión

La España irreformable

Existe un margen limitado para cualquier reforma territorial en España.

La España irreformable

Uno de los argumentos más consistentes que maneja el independentismo catalán es que España es irreformable. La idea es que dado el equilibrio político e institucional del país, y puesto que Cataluña es una minoría permanente dentro del mismo, jamás tendrá la suficiente fuerza para que sus demandas tengan suficiente peso y se acomode su voluntad de auto-gobierno. Por lo tanto, sólo cabría la vía de la independencia unilateral y que cada país siguiera su propio camino. Además, este hecho no cambiaría sustancialmente con las Elecciones Generales de enero ya que al fin y al cabo ninguno de los partidos será capaz de hacer una oferta que atraiga a los sectores más pragmáticos que se han pasado a las filas soberanistas.

El argumento definitivo ha venido a representarse en este gráfico que hemos comentado en varias ocasiones:

La idea es sencilla: mientras que en algunas comunidades autónomas sus ciudadanos quieren incrementar el auto-gobierno o hasta la independencia (Cataluña), en otras se sigue la lógica contraria y por lo que se apuesta más bien es por devolver competencias al gobierno central. Desde esta perspectiva parece que el argumento es cierto y existe un margen limitado para cualquier reforma territorial en España. Los partidos españoles seguirán la posición preferida por sus electores y los catalanes harán lo propio. Sin embargo, creo que hay dos buenas razones para pensar que éste es un impedimento menor de lo que se argumenta.

La primera es la asunción de que las preferencias son fijas, algo que no parece tener mucho sentido. Al fin y al cabo, si el apoyo a la independencia ha cambiado, ¿Por qué no pueden haberlo hecho también las otras opciones? Si se mira la película en movimiento se constata fácilmente el cambio en la forma de organización territorial que prefieren los españoles de acuerdo con el CIS:

Como se ve, lo que existe es una correlación casi perfecta entre los momentos más crudos de la crisis económica y la entrada del Partido Popular al gobierno con una mayor preferencia por la re-centralización. Si se hace memoria, son los tiempos en los que determinados partidos y medios de comunicación manejaban el discurso de que la solución a la crisis estaba al alcance de la mano con el cierre de “televisiones y embajadas autonómicas” (sic). Son los tiempos de la quiebra de gobiernos autonómicos. En esta coyuntura el argumento de brocha gorda se impone: la crisis multiplica el coste de oportunidad de la descentralización. Con duras políticas de ajuste en curso, las autonomías son vistas como un lujo prescindible en el mejor de los casos o, en el peor, como un refugio de políticos que mantenemos sin dar palo al agua.

La crisis ha espoleado a Cataluña y el resto de España en direcciones contrapuestasrespecto a en quién focalizar la atribución de responsabilidades de nuestras desventuras. En el Principado es contra España. En España es contra sus autonomías. Sin embargo, si se mira la tendencia actual parece haber cierto reflujo en las apuestas de re-centralización. Es posible que la caída del descontento con la oferta política haya tenido un impacto – que reduce el rechazo generalizado, también a las instituciones. Quizá también haya influido una aparente mejoría económica o el que todo el mundo se haya vuelto federalista de repente. Sea cual sea la razón, lo que muestra es que estas preferencias pueden cambian en ambos sentidos. Y esto es algo crucial que merece la pena recordar.

Pero además hay un segundo argumento. En mi opinión un apoyo de los españoles a un mayor autogobierno no es condición ni necesaria ni suficiente para que se realice una reforma que incremente la descentralización. No es una condición necesaria porque si se piensa en cómo arrancó el Estado de las Autonomías, es fácilmente constatable la ausencia de un espíritu de autogobierno en la mayoría de comunidades de régimen común – las identidades fueron construidas después. Es más, si se analizan las reformas estatutarias de segunda generación, las de 2006, en todos los casos la preferencia mayoritaria era el statu quo, es decir, una posición más bien neutral. Pero además, tampoco lo considero suficiente porque al final lo definitorio en el proceso de autogobierno son las posiciones de las élites regionales.

La razón para que esto sea así es que la mayor parte de la opinión pública fuera de las comunidades históricas tiene un interés limitado por la cuestión territorial. En contextos en los que un tema no es demasiado relevante, la formación de preferenciastiende a ser condicional a la posición de los partidos o la polarización sobre el asunto. Por ejemplo, mientras que es tanto ataque al autogobierno que el Tribunal Constitucional invalidara el euro por receta en Cataluña como la ley anti-desahucios de Andalucía, sólo en el primer caso es considerado una agresión intolerable. En el segundo es una traba de un gobierno adversario. Por lo tanto, si existe un acuerdo entre elites regionales es complicado que las preferencias locales sean un impedimento. La prueba es el nivel de auto-gobierno alcanzado en las comunidades de régimen común pese a la ausencia sistemática de partidarios de incrementarlo.

Esto hace el escenario de la reforma mucho más viable que lo que señala el campo independentista. A mi juicio ni las preferencias son fijas ni son tan relevantes como lo que se enfatiza. Eso sí, sería voluntarista pensar que el acuerdo será fácil. Probablemente la principal complicación no sea la opinión de los murcianos sobre el Estado de las Autonomías. Probablemente lo será más la debilidad de los partidos estatales clásicos en Cataluña, que organizativamente mirarán a otras ramas más conservadoras y que pueden generarles más tensiones internas. Habrá que esperar a ver la aportación catalana a los recién llegados para ver si equilibran la balanza. Y sobre todo, habrá que ver si es posible poner sobre la mesa una reforma lo suficientemente atractiva para atraer a todos aquellos catalanes (y si me apuran españoles) que, de verdad, piensan que este país es irreformable.

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Apunte en el margen

A pocos nos gusta el statu quo español. De hecho, en las pasadas elecciones catalanas sólo 11 de los 135 diputados están a favor de las cosas tal y como están, lo que es un consenso abrumador. Sin embargo, no nos olvidemos que este modelo territorial es hijo de muchos padres. Nadie duda de la responsabilidad de los dos grandes partidos españoles. Ahora, no nos olvidemos que la mitad de los gobiernos nacionales han estado apoyados por partidos catalanes en el Congreso de los Diputados. Algunos que hoy se rasgan las vestiduras con la España irreformable son, como poco, co-responsables del statu quo actual. Y nadie les ha pedido cuentas.

(*) Publicado originalmente en Politikon.es.

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23 de agosto de 2017 | 17:26
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