opinión

Una novedad en las relaciones de pareja

Una escribana reflexiona sobre el nuevo Código Civil.

Una novedad en las relaciones de pareja

 Hace muy poco tiempo ha entrado en vigencia el nuevo régimen del Código Civil y Comercial de la Nación generando profundos cambios en distintos institutos jurídicos, como es el caso del “matrimonio”, y que el tiempo dirá de lo acertado o no de las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional.

En el marco de una sociedad pluralista en la que conviven diferentes visiones, el tratamiento de la temática en torno a las uniones entre los seres humanos fue uno de los más ríspidos, generando un arduo trabajo a la hora de su redacción.

No podemos negar que las relaciones humanas han cambiado, y mucho. El formato de cada familia ya no es el mismo de nuestros padres, y ni hablar de generaciones anteriores. El concepto de familia tradicional hoy coexiste con otras formas de convivencia. Ello ha derivado en una nueva visión filosófica de esta institución a la que algunos ya no conciben como una entidad natural y esencial, sino como un producto del desarrollo humano y, por tanto cambiante, concepción que produce impacto en lo jurídico.

Casarse o no casarse parece que no ocupa el centro de la discusión en el seno de la sociedad, pero si preocupan sus efectos. Observemos que se ha llegado a consagrar legislativamente el principio de que no hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura de esa promesa, cuestión debatida en los Tribunales hasta este momento.

Ante el silencio de la ley que se deroga, el nuevo régimen legal sí atiende esta realidad como es el caso de la regulación de las denominadas “Uniones Convivenciales”, término utilizado en reemplazo de las expresiones “concubinato” o “uniones de hecho”, con un status jurídico propio dentro del ámbito del derecho de familia.

Incluso, en el sistema patrimonial del matrimonio, se innova con la posibilidad de optar entre dos regímenes económicos mediante acuerdos entre los contrayentes, aunque limitada entre el de comunidad de bienes y el de separación de patrimonios. No existe la posibilidad de la implementación de otro régimen patrimonial distinto sino el previsto por el Código, ni de mezclar aspectos de uno y otro. Si bien hay un destacado respeto por la libertad negocial de las partes, hay un conjunto de disposiciones inderogables que establecen derechos y obligaciones entre cónyuges, con sustento en los principios de solidaridad y responsabilidad.

En caso de no ejercer los cónyuges el derecho que se les concede, el régimen legal supletorio es el de comunidad, estando vedada esta opción a los menores de edad.

Estos acuerdos tienen como condición esencial la celebración del matrimonio, pues sólo producen efectos a partir de ese momento, es más, pueden ser modificadas antes de esa ocasión. No se fija límite cuantitativo para el cambio de régimen, por lo que puede realizarse tantas veces como lo decidan los futuros cónyuges, y por supuesto, no obligan a la celebración del matrimonio. Aún después de celebrados los esponsales, subsiste la posibilidad de modificar el régimen patrimonial elegido, luego de un año de vigencia del ya pactado.

Lo novedoso del nuevo sistema es que todos estos acuerdos deben formalizarse mediante escritura pública, es decir obligan a la intervención de notario, prescindiendo de la autorización u homologación judicial. Los escribanos estamos habilitados por la propia ley para intervenir en esta temática.

Los cónyuges gozan del derecho de modificar el régimen patrimonial del matrimonio por su sola voluntad siempre mediante una convención celebrada y protocolizada con intervención de la notaria, quien está en condiciones de asesorar y redactar el convenio final que luego pasará a instrumento público. No se requiere homologación o autorización judicial.

Sí es necesario, para que tenga efectos frente a terceros, la inscripción al margen del acta de matrimonio, lo que también concreta el notario. Esta registración no perfecciona el acuerdo entre cónyuges dado que es completo y perfecto desde que se otorga la escritura pública.

Cuando el acuerdo implique el paso al régimen de separación de bienes, además de la opción, los esposos podrán disponer sobre su administración y disposición, acordar y resolver la liquidación de deudas propias del régimen de comunidad, e incluso prever la adjudicación de algunos bienes como personales. Este supuesto tampoco requiere homologación judicial.

Otra gran novedad lo constituye la regulación de las denominadas “Uniones Convivenciales”, es decir aquellas relaciones de pareja unidas en el amor, con un proyecto de vida común pero sin alcanzar a formalizarse en matrimonio.

La ley propone para esta situación su inscripción en un registro especial que debe constituirse en cada jurisdicción, admitiendo la posibilidad de pactos de convivencia en la que las partes pueden establecer pautas en materia de cargas del hogar, y para el caso de ruptura, la atribución del hogar común y los bienes obtenidos por el esfuerzo de ambos.

Con este mecanismo la ley permitirá a la pareja definir previamente el marco de su organización económica, ya que si nada acuerdan, regirá el principio de separación de bienes donde cada uno administra y dispone de lo suyo.

Estos pactos de convivencia deben acordarse por escrito, y como en el caso de los convenios matrimoniales, no requieren homologación o tramitación judicial, estando los notarios debidamente habilitados para esa tarea lo que sin dudas contribuirá a dar fortaleza a este instituto toda vez que, no sólo les cabe a los escribanos el resguardo de la fe pública, sino que su intervención contribuye a la protección del principio de igualdad de los convivientes o la afectación de los derechos fundamentales de los mismos. 

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