opinión

Luto en la democratización de la justica

Crítica al hermetismo judicial a partir de la ratificación de la Corte de su negativa a convocar a una Audiencia Pública en la causa donde se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 7.722

Luto en la democratización de la justica

En los últimos días ha tomado centralidad en el espacio público mendocino la discusión en torno a la necesidad o no de realizar una audiencia pública en la causa impulsada por empresas mineras donde se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 7.722, conocida como "Antiminera".

El pasado 4 de agosto, los jueces Pérez Hualde, Llorente, Salvini y Gómez –con el voto en disidencia de Palermo, Adaro y Nanclares– decidieron rechazar el pedido de audiencia pública formulado por el Procurador de la Corte, con los fundamentos ya abordados en otra oportunidad (http://www.mdzol.com/opinion/624326-aislacionismo-judicial-vs-deliberacion/).

No obstante tal rechazo, el Fiscal de Estado recurrió la resolución y previo a la nueva decisión del Máximo Tribunal Provincial, referentes en la materia como Ricardo Lorenzetti –Presidente de la Corte Federal– y Roberto Gargarella –uno de los mentores del constitucionalismo dialógico–, avalaron la celebración de la audiencia pública. También Adolfo Pérez Esquivel –Premio Nobel de la Paz– manifestó la trascendencia del asunto.

Sin embargo, el pasado martes, la Corte confirmó su negativa. Puesto que ciertos aspectos de tal resolución resultan criticables, nuestro objeto es ofrecer un análisis de ellos.

En primer lugar, los jueces ciñen el alcance de la audiencia pública a un mero medio probatorio, desconociendo así su carácter de mecanismo de participación ciudadana en la formación de la voluntad común y de una vía de apertura al pueblo del Poder Judicial –órgano estatal con grandes cuestionamientos en cuanto a su (i)legitimidad–. Con este enfoque del instituto, olvidan que su razón de ser reside en dotar de mayor legitimidad a las actuaciones judiciales mediante la promoción de la intervención ciudadana en la toma de sus decisiones, a fin de que éstas sean el resultado de amplios procesos de discusión pública.

Con este argumento, la Corte desatiente que las audiencias públicas tienen su fundamento no sólo en la función de esclarecer la verdad de la materia sometida a decisión, sino en su contribución al acceso a la justicia y al control social colectivo de la actividad judicial. Sin embargo, la concepción del voto mayoritario es poco favorable al diálogo intersubjetivo, a nutrir el debate y a la publicidad.

En una democracia pluralista y deliberativa la construcción de lo justo debe ser tarea de todos, el pueblo tiene derecho a estar en el centro de la creación normativa y las audiencias públicas configuran un instrumento para ello.

En este orden de ideas, es dable preguntarnos si se puede considerar legítima y democrática la decisión definitiva que tome la Corte acerca de la constitucionalidad o no de ley 7.722, luego de haber negado el derecho a expresarse del pueblo en el ámbito judicial, avalado por el Procurador, el Fiscal de Estado, la comunidad mendocina, el Presidente de la Corte Nacional, los jueces del voto minoritario y el premiado con el Nobel de la Paz.

El segundo aspecto criticable del voto mayoritario tiene asidero en la negación del carácter de interés público del asunto, mediante la aseveración de que "no puede afirmarse que en la causa existan intereses que superen los propios de las partes". Se advierte entonces la contradicción con la anterior resolución del 4 de agosto, en la cual los mismos magistrados reconocieron que “la trascendencia institucional de la cuestión excedía el interés de las partes”, con la diferencia que en aquella oportunidad el motivo del rechazo era la falta de utilidad práctica de la audiencia en el caso concreto. Más allá del giro, resulta reprochable el hecho de desconocer la inmensa trascendencia social, política, ambiental y económica del asunto que se ventila en la causa.

En tercer lugar, el voto mayoritario afirma que la audiencia pública carece de utilidad, dado que el pueblo ya se halla representado en la causa con la intervención del Estado Provincial como parte demandada en el litigio. Esta interpretación no solo desconoce disposiciones de la Ley General de Ambiente y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que consagran el derecho del pueblo a participar en el tratamiento de asuntos públicos y ambientales, sino que también niega una importante instancia de participación popular en la causa.

En conclusión, la Corte ha perdido la posibilidad de dar el debate histórico que Mendoza merece respecto a la minería, sus recursos naturales y la actividad económica sobre ellos, a través de un procedimiento idóneo para la formación de consenso, difusión de la información, racionalidad de la decisión y democratización del servicio de justicia

La decisión analizada excede el asunto judicial concreto, más bien se relaciona con el modelo de Estado y, concretamente, con el “servicio de justicia” –art 117 inc. 7 de la Const. Nac.– que se pretende para nuestro país.

En este sentido, los interrogantes son los siguientes. ¿Deseamos un Poder Judicial a espaldas de las demandas populares, bajo la quimera de que sus miembros son “técnicos expertos” que disponen de la capacidad para determinar lo justo y de acceder a la totalidad de lo real, a todos los puntos de vista, sin necesidad de receptar aportes y valoraciones de la ciudadanía? ¿O vamos a exigir un Poder Judicial que se despoje de sus rasgos aislacionistas para ser sensible a la voluntad popular, interesado en llevar adelante un gobierno abierto?

El desafío de lograr un Poder Judicial democrático y transparente es a los efectos de que ni las partes ni los operadores jurídicos oculten, enmascaren o disimulen información, intereses, intencionalidades o posiciones políticas en juego. Si logramos dejar atrás este paradigma de hermetismo en el Poder Judicial, daremos por satisfecho el anhelo de Foucault para una democracia: “hacer aparecer aquello que ha permanecido hasta ahora más escondido, oculto y profundamente investido en la historia: las relaciones de poder”.

A su vez, para la asunción por parte de los operadores jurídicos de un rol activo como promotores de la deliberación democrática y en contacto permanente con los procesos de discusión pública, resulta fundamental reconocer que el ámbito judicial es un espacio de lucha por los derechos, por ende, un espacio de lucha política y por lo tanto, también, un espacio público –art. 146 de la Const. de Mendoza–, ya que las decisiones que allí se toman inciden sobre las prerrogativas de la sociedad. Tal como dice Jean-Paul Sartre, “nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la sociedad entera; así soy responsable para mí mismo y para todos”.

En suma, se trata de poner a los operadores jurídicos en posesión de lo que son y asentar sobre ellos la responsabilidad política directa sobre el pueblo. Porque el Estado no es solo el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también el Judicial; por ende, garante del bienestar de la sociedad, cuyos fines son: avanzar en el reconocimiento de derechos, lograr conquistas sociales y “afianzar la justicia” –como manda el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional–.

Finalmente, los alentamos a no darse por vencido y los invitamos a asumir el reto de alentar la creación de nuevos mundos más justos, igualitarios y democráticos.

Opiniones (1)
17 de agosto de 2017 | 09:42
2
ERROR
17 de agosto de 2017 | 09:42
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. como quedó demostrado ayer con la movilización de dos mil personas en la ciudad, más otros miles en los demás puntos de convocatoria de la provincia, la defensa de la ley 7722 sigue en manos del pueblo, en las calles haremos todas las Audiencias Públicas que hagan falta, ya que nos niegan el derecho de hacerlas bajo el techo legitimado por el poder. excelente pregunta: "¿Deseamos un Poder Judicial a espaldas de las demandas populares, bajo la quimera de que sus miembros son “técnicos expertos” que disponen de la capacidad para determinar lo justo y de acceder a la totalidad de lo real, a todos los puntos de vista, sin necesidad de receptar aportes y valoraciones de la ciudadanía? ¿O vamos a exigir un Poder Judicial que se despoje de sus rasgos aislacionistas para ser sensible a la voluntad popular, interesado en llevar adelante un gobierno abierto?" En las calles está la respuesta
    1
En Imágenes
Bunkers de la Segunda Guerra Mundial
15 de Agosto de 2017
Bunkers de la Segunda Guerra Mundial