opinión

El gran desbarajuste eléctrico

El análisis del ex subdirector de Hidrocarburos de Mendoza y ex funcionario nacional.

El gran desbarajuste eléctrico

Se habla de la necesidad de aumentar las tarifas eléctricas. Se habla también que las empresas del sector esperan dinero por esas tarifas. Más allá que los ciudadanos percibimos que existe un verdadero retraso de esos valores, mas si las confrontamos con los índices de inflación, lo cierto es que resulta difícil comprender qué es lo que realmente pasa con este tema. Obviamente a todos, como usuarios del sistema, nos interesa que el servicio sea bueno, pagar lo justo por ello, y mientras más barato, mejor. Esta afirmación creo, debe tener aceptación unánime.

Es que en esta materia, como en tantas otras, el Gobierno Nacional ha dado muestras, a lo largo de esta “década ganada”, de una inagotable imaginación a la hora de implementar normas y mecanismos conforme sus necesidades frente al ejercicio del poder.

En efecto, en oportunidad de voltear el régimen de convertibilidad, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25561 que dispuso la declaración de la Emergencia Económica contemplada por el art. 76 de la Constitución Nacional que prevé, en determinadas circunstancias, la delegación en el Poder Ejecutivo de facultades regulatorias en materia administrativa o de emergencia pública.

En estas especiales circunstancias este mecanismo contribuye a la centralización en la toma de decisiones, situación que muchas veces es eficaz pero que su ejercicio abusivo, práctica habitual del kirchnerismo, debilita la democracia y el mecanismo institucional de someter a discusión las decisiones de políticas públicas.

La mencionada ley faculta al PEN a regular, transitoriamente, los precios de insumos, de bienes y servicios críticos a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados. Lo cierto es que desde enero de 2002, la declaración de que todavía estamos en “emergencia pública”, a pesar del relato del Gobierno Nacional, ha sido prorrogada 8 veces y ya se habla de una nueva prórroga a fin de año dependiendo de especulaciones electorales.

A partir de entonces el tema tarifario de los servicios públicos ha sido materia de intervención en forma permanente y ejercido sobre ellos la más variadas expresiones de populismo energético acompañada de una desbastadora inflación poniendo en jaque permanente a todas las relaciones de consumo

Es que, con la promulgación en el año 1992 de la Ley N° 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica), se produjo una profunda reforma y reorganización del sector eléctrico argentino en base a principios de tarifación con ajuste a los costos económicos, con estímulos en la eficiencia en el uso de los recursos y la introducción del concepto de competencia y regulación tarifaria en distintos segmentos. El sistema de esta ley ha recibido el reconocimiento de todos los actores de la industria, llevando años de consolidación y dinamismo al sector de la energía.

El valor de la electricidad que los usuarios pagamos a las distribuidoras se compone básicamente del costo de adquisición de esa energía en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que incluye los costos asociados de transporte, y el costo propio de distribución o valor agregado de distribución (VAD) constituido por el costo marginal o económico de las redes puestas a disposición del usuario más los costos de operación, mantenimiento y gastos de comercialización.

En Mendoza existe además, un marco regulatorio propio dado por la ley 6497, y sus modificatorias, que considera la distribución de energía eléctrica como una “actividad de servicio público” en la que la Administración no sólo detenta el poder concedente de ese servicio sino también la potestad tarifaria ejercida a partir de un procedimiento reglado.

En ese contexto la tarifa eléctrica actual se encuentra calculada en base a costos del año 2008, sin que se haya aplicado el procedimiento de ajuste de ese VAD previsto legalmente para reconocer el impacto real de la inflación en los costos de la actividad eléctrica, ni se haya puesto en vigencia el cuadro correspondiente al Cuarto Período Tarifario Ordinario previsto por la ley.

Es que el Gobierno Provincial, apartándose del marco jurídico vigente, y acompañando medidas propuestas por la Nación ha suscripto, durante 2014 y reiterado este año, el denominado “Acuerdo Marco de Convergencia de Tarifas Eléctricas”, un nuevo intento de manipular la realidad comprometiéndose a retrotraer y mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes a diciembre de 2013 a cambio de promesas de aportes para obras que obviamente no se ha desarrollado conforme lo acordado. Aplicando sólo el sentido común cualquiera de nosotros, que siente diariamente el efecto de la inflación en los bolsillos, concluye que esto es para problemas, y así ha ocurrido.

En concreto los objetivos propuestos del Programa de Convergencia no se han cumplido, se congelaron la tarifas en un contexto inflacionario, se ha deteriorado ostensiblemente la calidad del servicio y no se ha registrado la efectiva asignación de aportes para obras e inversiones, como se había prometido originariamente.

Para completar el cuadro, el Dr. Francisco Pérez suscribió el Decreto 390 postergando la revisión tarifaria para el año que viene cargando la mochila de decisiones complejas que deberá afrontar el próximo gobierno del Lic. Alfredo Cornejo, haciendo reconocimientos inconsistentes, apartándose del marco regulatorio vigente sin justificación alguna, lo que ha provocado que la constitucionalidad del mismo haya sido cuestionada ante la justicia, no sólo por los legisladores radicales Néstor Parés y Martin Kerchner sino también por las propias distribuidoras.

Como se advierte, el apego a las normas y la institucionalidad cada vez más lejanas.

Dr. Alejandro Rodríguez

Ex Subsecretario de Energía, Hidrocarburos y Minería de Mendoza

Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación

Opiniones (4)
23 de octubre de 2017 | 16:56
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23 de octubre de 2017 | 16:56
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  1. El autor de la nota anda haciendo publicidad para el "casting" de Subsecretario de Hidrocarburos de Cornejo. Ya fue subsecretario de Cobos y la única experiencia que tenía en el tema en aquel momento, era que habían corrido maratones juntos . . . Y de la nota surge que habría que aumentar las tarifas eléctricas. El autor de la nota vive en DALVIAN, de los VILA, .los dueños de EDEMSA ( ahora cierra todo )
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  2. alfredo13030, la propuesta la puedo hacer yo? NADA de correr a los usuarios con los hechos consumados, sino prever y cumplir todos los pasos de un proceso pre-establecido cuando el prestador considera que deben "revisarse y ajustarse tarifas" (eufemismo bastante burdo a esta altura). Si existiera permanentemente una comisión de usuarios auditando dentro de cada empresa de servicios públicos, otro sería el cantar en muchas materias, no?... ;-). Espero que te sirva como propuesta.
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  3. tracatraca, cuál es tu propuesta?
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  4. jajaja!!! Y se creen que con estas notas pedorras el menduco justifica pagar más por el servicio eléctrico a partir del 10 de diciembre??????? jajaja
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