opinión

Aislacionismo judicial vs deliberación

El autor analiza el rechazo de la Corte a la audiencia pública en la causa sobre la inconstitucionalidad de la “Ley Antiminera” y fundamenta la necesidad de llevarla a cabo.

Aislacionismo judicial vs deliberación

La ley 7.722 –conocida como Ley Antiminera– fue aprobada en 2007 y desde ese momento las empresas mineras presentaron ante la Suprema Corte de Mendoza doce acciones de inconstitucionalidad, diez de las cuales quedaron en carrera. En 2013, ella decidió acumularlas y convocar a la Corte en pleno para decidir si la norma es o no constitucional.

Ante el pedido de realización de una audiencia pública –en adelante AP– efectuado por el Procurador General, Rodolfo González, en la causa “Minera del Oeste y otros contra Gobierno Prov.”, la Corte decidió, el 4 de agosto pasado, su rechazo por cuatro votos (Pérez Hualde, Gómez, Salvini, Llorente) contra tres (Palermo, Nanclares, Adaro).

Frente a tal rechazo, sin AP por delante, todo se encaminaba para una resolución definitiva a favor o en contra de la constitucionalidad de la ley. Sin embargo, el Fiscal de Estado, Fernando Simón, presentó la semana pasada un recurso de aclaratoria y reposición en subsidio solicitando “la realización de la AP en lo que es materia de litigio”.

Ellos se basan en “la omisión” de pautas establecidas por el punto II de la Acordada N° 25.325/13 para convocar a AP de la Suprema Corte –en seguimiento de la Acordada N° 30/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–.

Así, el primer argumento se apoya en que ya se halla satisfecho el requisito de “un interés que exceda a las partes involucradas para convocar a una AP”, pues así lo expresó la Corte cuando resolvió que la causa sea resuelta en fallo plenario. El segundo, se basa en que se encuentra saldada la exigencia de que “la convocatoria sea realizada por acuerdo de por lo menos tres ministros”, pues en el voto minoritario ya concurren tres.

Vale decir que, de acuerdo con la interpretación del Fiscal, las condiciones para que se realice la AP estarían dadas.En tal contexto, la Corte dará su postura definitiva esta semana.

Los tres argumentos centrales del voto mayoritario de la Corte resultan opinables. En cuanto al primero, la Corte se vale de la naturaleza no imperativa del instituto.Sin embargo, tal instancia sería obligatoria a la luz de los artículos 19 y 20 de la Ley de Política Ambiental Nacional N° 25.675.

El primero establece que: “Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente”. Mientras que el segundo dispone que: “Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.

A su vez, las AP constituyen un instituto basado en el principio republicano (art. 1 y 33 de la Constitución Nac.), que posibilita a los justiciables el acceso a la información de los procesos judiciales sobre asuntos públicos y la participación en ellos, conforme los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 23.1 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 21.1 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 19 y 20 Declaración Americana de Derechos Humanos).

Allende tales normas, este argumento soslaya el desafío que plantea la sociedad pluralista moderna alos tribunales, otrora autistas y aislados –tal como describía Madison en el cap. 78 de El Federalista–, de ser receptivos al interés público y a la opinión pública a los efectos de tomar decisiones democráticas a fin de favorecer la deliberación y poder influir con ella en la toma de una decisión determinada.

El objeto de las AP, según Lorenzetti, es: lograr un gobierno abierto, con transparencia absoluta de la información y procurar que los intereses de los ciudadanos sean tenidos en cuenta por los poderes públicos, obteniendo así una instancia institucional de participación ciudadana –distinta al voto–.

El “principio del discurso” de Habermas, referente mundial de la filosofía y del derecho y galardonado la semana antecedente con el Nobel de filosofía, señala que: válidas son aquellas decisiones (y solo aquellas) en las que todos los que pudieran verse afectados concurren a prestar su asentimiento como participantes en discursos racionales.

De lo expuesto se infiere que aún cuando el sistema le atribuye a la Corte la “última palabra”, ella debería estar siempre interesada en fortalecer el diálogo y la deliberación democrática entre las instituciones y la ciudadanía.

Con el segundo argumento, respecto a que se trata de una cuestión de estricto contenido jurídico en cuyo ámbito no se advierte la necesidad y/o utilidad de la AP, viene desatendida la idea de que ella posibilita al pueblo un lugar central en la tarea colectiva de interpretación constitucional y construcción de significados constitucionales. Lugar justo, pues, que ciertas instituciones a puertas cerradas se arroguen la visión propia como la única justa sin haber sido sometida a deliberación, conduce a un dogmatismo rígido y autoritario.

Como afirma Gadamer, lo esencial en la actividad judicial a los efectos de tomar decisiones correctas y democráticas es el diálogo, ya que nadie contempla lo que acontece ni afirma que él solo domina el asunto, sino que se toma parte conjuntamente de la verdad y se obtiene en común. En el mismo sentido se expresa Zaccaría: la mejor garantía de que los actos de elección son justos y legítimos se encuentra en el diálogo con otros.Abrirse a la crítica, someterse a reflexiones y argumentaciones obliga a discutir las premisas valorativas que han guiado el proceso.

Por consiguiente, la legitimidad de las decisiones tiene carácter comunicativo, pues ella solo existe si hay intersubjetividad y consenso entre todos los sujetos involucrados. De este modo, lo que se propone es un ambicioso sistema de gobierno a través de la discusión, en el que los resultados serían alcanzados luego de amplios procedimientos de deliberación pública.

Respecto al tercer argumento, decir que la Corte se estaría inmiscuyendo en el Poder Legislativo por dar participación a la ciudadanía es cuestionable, pues las AP están reglamentadas por el Poder Judicial. Pero la aporía insuperable, reside en que las normas, según Habermas, son provisionales pues deben someterse a un constante intercambio cultural. En el mismo sentido expresa Viola que hoy va desapareciendo la idea de un horizonte cultural estable, del que descienda una voluntad normativa constante. También Alexy manifiesta que quedan rechazadas las aspiraciones a resultados que queden fijos de modo inamovible.

Precisamente lo que propone el constitucionalismo dialógico es la asunción de un rol activo por parte del Poder Judicial, vale decir, como promotor de la deliberación democrática.De lo que se trata, según Gargarella, es de ubicar la idea de deliberación en el centro de una teoría de la división de poderes, fundada en la premisa de que ninguna institución en particular basta para asegurar que se tomen en consideración todas las preocupaciones relevantes relativas a un tema particular.

Por ello, para el modelo deliberativo moderno de democracia la tarea de la construcción del derecho es un asunto de todos, el pueblo debe estar en el centro de la creación normativa, pues no es potestad exclusiva de la Legislatura ni de los Tribunales. La deliberación estimula la búsqueda del mejor argumento e inculca la fundamentación racional y la presión de alcanzar una mayor consistencia en los argumentos.

Sin embargo, el recurso del Fiscal de Estado ha otorgado a la Suprema Corte la ocasión de atender a estos argumentos para repensar su decisión y la oportunidad de dar el debate histórico que Mendoza merece en torno a la minería, sus recursos naturales y la actividad económica sobre ellos, valiéndose de un procedimiento idóneo para: la formación de consenso, la difusión de información, la razonabilidad de la decisión, la transparencia y la democratización del servicio de justicia. Logrando así un avance en la participación ciudadana y en el rol de nuestra Corte dentro del ámbito de los procesos jurisdiccionales.

Opiniones (1)
17 de diciembre de 2017 | 05:24
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17 de diciembre de 2017 | 05:24
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  1. Excelente nota. Ante acontecimientos como la contaminación de bienes colectivos como el agua, la tierra, el aire, el clima, la biodiversidad,etc, a escalas y velocidades inéditas en la historia de la humanidad, es urgente que las instituciones estén a la altura de las circunstancias, y adopten los mecanismos de participación directa de todos los que, en definitiva, nos veríamos potencialmente afectados por los daños a esos bienes colectivos. Así como el derecho en todo el mundo está empezando a tomar en cuenta los derechos de tercera generación (relativos a los bienes comunes, derechos de la madre tierra, de los animales, el derecho de las generaciones futuras etc), porque está claro que no podemos abordar los problemas del siglo veintiuno con los marcos conceptuales del siglo diecinueve y veinte, que poco y nada tenían en cuenta a la ecología y a los desastres socioeconómicos (refugiados ambientales, etc) que se desencadenan al alterarla. Del mismo modo, el pueblo ya no sólo habla por las urnas, y la ley 7722, la histórica Audiencia Pública de Uspallata, el fallo del TSJ de Córdoba, etc, son clarísimos ejemplos de estos cambios urgentes nada más y nada menos que para la supervivencia de la especie humana y del planeta. FIN DE LA ERA DE CONTAMINAR A CUALQUIER COSTO, EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN
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