opinión

Las desdichas de la democracia participativa

El hartazgo de los políticos de la "participación" de gente con tiempo libre.

Las desdichas de la democracia participativa

 Avon, Connecticut, es un tranquilo y apacible suburbio de la ciudad de Hartford. Es la clase de municipio que uno se imagina al hablar de Connecticut, en un acogedor valle fluvial cubierto de bosques, pequeñas granjas y casitas de madera rodeando sobrias iglesias con una esbelta torre blanca. Es un lugar próspero (la renta familiar media es de $186.000 anuales), acogedor y agradable; la clase de pueblo donde viven los ejecutivos de las aseguradoras de Hartford para huir del bullicio de la ciudad.

Como casi todos los pueblos tranquilos y apacibles de Nueva Inglaterra, Avon tiene un gobierno local extraordinariamente democrático. El municipio está gestionado por un administrador profesional (city manager), un tecnócrata que maneja el día a día de la administración, hace cumplir las ordenanzas, supervisa la policía local y se encarga de temas de personal y contratación. Este administrador es escogido según criterios profesionales por el consejo municipal, compuesto por los concejales elegidos directamente por los votantes en distritos uninominales. El City Council se encarga de vigilar al administrador y vota ordenanzas y proyectos, pero deja al manager su puesta en práctica.

El 70% del presupuesto de Avon se destina a educación, dado que la educación es competencia municipal. El consejo escolar es independiente y está organizado de forma similar, con sus miembros salidos de unas elecciones y un superintendente profesional que lleva el día a día de las escuelas en el municipio. Los presupuestos son elaborados por otro cuerpo electivo, el consejo financiero, en colaboración con los administradores y los dos consejos municipales, tras meses de reuniones abiertas a los votantes. Es una forma de gobierno abierta, limpia y profesionalizada; como tantos otras ciudades y pueblos de Connecticut, es un sitio bien gobernado, honesto y (para que negarlo) bastante aburrido la mayor parte del año.

Avon, como muchos otros municipios de Nueva Inglaterra, vota sus presupuestos en referéndum cada año. Tras meses de reuniones, negociaciones y trabajo para cuadrar las cuentas, los votantes tienen la opción de pronunciarse sobre los números presentados por el gobierno municipal, y pueden aprobar o rechazar el presupuesto. Cuando lo rechazan, los tres consejos y los administradores profesionales deben volver a sacar las hojas de cálculo, organizar plenos abiertos a la participación ciudadana, revisar las cuentas, y ofrecer otra propuesta, hasta que finalmente los votantes den el visto bueno.

Esta es una idea que suena muy bien en teoría, pero a la práctica no acaba de funcionar como uno se imaginaría. Avon tiene 18.000 habitantes, y el proceso presupuestario no es que salga en las noticias de las seis. El periódico local es elHartford Courant, que acostumbra a estar más preocupado por la ola de homicidios en Hartford que por otra cosa estos días. La inmensa mayoría de los votantes están demasiado ocupados como para prestar atención al primorosamente abierto e inenarrablemente aburrido proceso legislativo municipal, así que tampoco es que vayan demasiado enterados sobre cuándo toca votar y sobre qué. El resultado, en Avon y en muchos otros municipios del estado, son referéndums con una participación minúscula, a menudo por debajo del 5% del censo.

Una votación así, aparte de no ser demasiado representativa, tiene efectos secundarios curiosos. Dado que hablamos de 350-400 votos en un día bueno, un puñado de votos puede bastar para cambiar el resultado. Esto abre la puerta a que un grupo de votantes motivados y con demasiado tiempo libre puedna organizarse para movilizar 100-150 personas el día del referéndum y tener poco menos que poder de veto sobre las cuentas municipales.

Eso es, precisamente, lo que ocurrió en Avon hace unos años, cuando la Avon Taxpayers Association (ATA, Asociación de Contribuyentes de Avon) empezó su particular campaña contra el gasto público. La ATA es uno de esos grupos salidos de la oleada conservadora de los años ochenta que ha tomado un nuevo impulso en estos días del tea party. Es la agrupación local de una confederación de votantes ligeramente enfurecidos que habita en muchos suburbios de clase media de Connecticut (uno de los lemas en su web: “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”), y que se dedica a participar activamente allá donde pueden, tratando de tumbar subidas de impuestos y reducir el gasto público.

Esto quiere decir que aparte de publicar libritos con la lista de salarios y pensiones de todos los empleados municipales de Avon, a la ATA le gusta meterse a hacer campaña en el referéndum presupuestario de cada año. Como consecuencia, gracias a la baja participación la ATA se las arregló en los duros años presupuestarios de la recesión para tumbar las cuentas municipales repetidamente, movilizando activistas para bloquear cualquier subida de impuestos.

Cuando digo repetidamente, no exagero. En el 2010, con el pueblo en números rojos y las escuelas a punto de despedir decenas de maestros, los presupuestos tuvieron que ser votados más de media docena de veces. Fue necesaria la creación de un grupo alternativo opuesto a la ATA, la Coalición de Ciudadanos por Avon (que acabó organizando manifestaciones pidiendo subidas de impuestos) para montar una campaña en sentido contrario y llevar otros votantes a las urnas. El presupuesto acabó siendo aprobado con un 57% de votos a favor, en un referéndum con casi un 45% de participación.

Dicho en otras palabras: aunque la democracia participativa suena como una idea fantástica, a menudo acaba por ser el gobierno de los que tienen demasiado tiempo libre, no el gobierno de los ciudadanos. Avon, igual que tantos municipios en Connecticut, tiene un proceso político que da el mismo acceso a todos los votantes en teoría, pero que acababa por darle un peso desproporcionado a los activistas anti-gasto público ya que están más organizados. Es la dictadura de la gente con demasiado tiempo libre, que acostumbran a ser los jubilados. Dada que la base del sistema fiscal municipal en Connecticut son los impuestos sobre la propiedad, que son especialmente molestos para jubilados con pensiones fijas, y el principal capítulo de gasto es la educación, algo que no acostumbra a preocupar ya demasiado a abueletes sin hijos, las crisis presupuestarias eran previsibles.

La democracia representativa tiene a menudo mala prensa. Muchos comentaristas hablan de ella como un gobierno de élites que actúan de espaldas a la población, y que sólo presta atención a los votantes una vez cada cuatro años. La realidad, sin embargo, es bastante más prosaica: la democracia representativa es también el sistema que permite a los votantes no tener que estar todo el día preocupados sobre qué narices toca votar hoy, y evitar que los cuatro chiflados supermovilizados colonicen todo el sistema político.

La participación, los referéndums, son útiles en cuestiones muy visibles y donde casi todos los votantes están prestando atención. Una votación sobre un tema polémico, o un debate nacional de alto nivel con alternativas claras mejora la calidad de una democracia. En cuestiones menos visibles, más pequeñas y zafias, sin embargo, lo que sucede es que los canales de participación acaban siendo copados por activistas profesionales, en un día bueno, y por gente que cobra por participar (lobistas, en sumo) en un día malo. El votante medio no tiene ni tiempo ni ganas de estudiarse un plan urbanístico municipal y participar en una comisión ciudadana para alterarlo. El constructor que quiere montar un casino en medio de la playa, sin embargo, puede pagarse un abogado sin problema. En un referéndum sobre el tema, el constructor tiene dinero para hacer campaña y relaciones públicas para hacerle la pelota a los medios. El votante medio ni se va a preocupar en participar.

La realidad es que aunque en el diseño de buenas políticas públicas es imprescindible consultar con la ciudadanía y organizaciones afectadas tanto como sea humanamente posible y buscar al menos un cierto consenso, es necesario ser cauteloso. Quien tiene voz en estos procesos no es necesariamente una muestra representativa del electorado, y la única forma de conseguir esa representación requiere un necesario un esfuerzo enorme por parte de la administración y políticos, no siempre viable.

España necesita una administración más abierta, y un proceso de toma decisiones que esté a la vez menos politizado pero que incluya mucha más participación ciudadana. Es una reforma necesaria, pero como todas las reformas, debemos ser conscientes de que no es una solución mágica: la democracia participativa, sin controles adicionales o un diseño institucional cuidadoso, puede acabar empeorando el proceso de toma de decisiones, no mejorándolo.

Como epílogo, en Avon, tras años de interminables batallas presupuestarias, los políticos se hartaron de que un grupo de jubilados con demasiado tiempo libre les hiciera perder el tiempo y empezaron a tomar medidas. El sistema, en agregado, no ha cambiado demasiado: sigue habiendo tres consejos, montones de debate y un referéndum presupuestario, y los votantes siguen pudiendo rechazar las cuentas municipales. El único cambio, sin embargo, es que un voto negativo sea vinculante, la participación debe superar el 9% del censo, o unos 1.000 votantes.

Dicen las malas lenguas que la ATA tiene algo menos de 500 miembros.

(*) Politólogo. Coeditor de Politikon.es y columnista de Vozpopuli.com.

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