opinión

Patriotas y vendedores de quimeras

Europa bajo análisis del coeditor de Politikon.es.

Patriotas y vendedores de quimeras

 El 10 de mayo de 1981 François Mitterrand, líder del Partido Socialista Francés (PSF), ganaba las elecciones presidenciales con un 52% de los votos. Era el primer gobierno de izquierdas en Francia en veintitrés años, y el primer presidente socialista de la Quinta República. Los progresistas franceses volvían al Eliseo, tras décadas a la sombra de De Gaulle.

El programa electoral de Mitterrand era ambicioso. Sus «110 propuestas para Francia» era un documento abrumador, heredero directo del programa común que el PSF, radicales y comunistas habían elaborado en 1972. El texto es un auténtico manifiesto de la izquierda de los años ochenta, una especie de cápsula temporal de los últimos tiempos de la guerra fría.

Aunque algunos preceptos hoy suenan pasados de moda (exigir la retirada soviética de Afganistán), lo que sorprende es lo familiar del tono y contenido de muchas propuestas: el PSF pedía democratizar las instituciones europeas, empleo público, utilizar el Estado para dinamizar la economía, aumentar las protecciones contra el despido, defender la moneda contra especuladores, proteger la pequeña empresa y nacionalizar la banca y las compañías de seguros, entre otras medidas. Era un programa decidido, intensamente de izquierdas; las promesas de un líder político con un fuerte respaldo democrático.

El problema fue cuando una vez en el poder el PSF intentó aplicarlo. Las ciento diez propuestas para Francia eran ciento diez ideas llenas de ambición y buenas intenciones, pero una vez en el Elíseo Mitterrand y el PSF rápidamente se dieron cuenta de que eso no bastaba. Tras dos años largos de nacionalizaciones, control de precios y devaluaciones del franco, la tasa de desempleo seguía obstinadamente alta. En 1984 aceptaron su fracaso, y decidieron abandonar el «socialismo a la francesa», volviendo a una (relativa) ortodoxia económica dentro del sistema monetario europeo.

Mitterrand es ahora recordado como uno líder europeo de la vieja escuela, uno de los padres del tratado de Maastricht, guardianes de la unificación alemana e inspiradores de la creación del euro. En los ochenta, sin embargo, «Tonton» era visto como una esas de las grandes esperanzas de la izquierda que llegó al poder con grandes promesas y acabó por ser otro político mujeriego. Mitterrand, como su sucesor Hollande en la misma Francia, Iglesias estos días en España o desde un punto de partida distinto Artur Mas en Cataluña, han hecho un sinfín de promesas que no van a ser capaces de cumplir.

En tiempos de crisis económica (y más en Europa, tras siete años de suplicio) es habitual escuchar a políticos hacer grandes promesas y hablar de grandes soluciones. Se habla de democratizar Europa, refundar la economía, recuperar el Estado social y eliminar la corrupción, prometiendo grandes medidas que van a cambiarlo todo. Los argumentos son casi siempre los mismos: Europa, la economía, los políticos han actuado de espaldas al pueblo, y es necesario una victoria de la democracia y la elección libre del pueblo para hacer que todo cambie. Una vez los líderes de la nueva política tengan el mandato del pueblo, los gobiernos de Europa, el poder económico y las podridas instituciones del Estado estarán obligados a aceptar que la democracia ha ganado, y tienen que acatarla.

La realidad, sin embargo, es que para cambiar los gobiernos de Europa, los poderes económicos y las podridas instituciones del Estado no basta con acercarse a ellos y decirles que el pueblo-unido-jamás-será-vencido. Cualquier gobernante, no importa el respaldo que tenga, se enfrenta a una serie de factores completamente fuera de su control. Cuando un candidato promete que con su victoria electoral esas barreras caerán gracias al fervor popular, lo único que va a traer una vez en el poder será decepción.

Básicamente, cualquier político en un Estado moderno, no importa lo amplia que sea su mayoría absoluta, tiene dos límites a su capacidad de maniobra. Primero, el dinero. Un gobierno solo puede gastar una cantidad de dinero igual a lo que el resto del mundo crea que va a poder devolver. En el mejor de los casos, esto significa lo que recauda y un porcentaje razonable del PIB en deuda que le permita cubrir inversiones a largo plazo. En el peor de los casos o en situaciones de crisis, un Estado no podrá gastar más de lo que recauda. Un país que ha flirteado con una crisis de deuda durante años tiene poco margen de maniobra. Un territorio que aspira a ser un nuevo Estado y que no sabe si podrá permanecer en el euro o quién regula sus bancos va a encontrar muchas puertas cerradas.

La segunda gran limitación para cualquier político son los votantes ajenos. Con esto no me refiero a los votantes del partido de la oposición, sino a los ciudadanos de otros países, territorios u unidades políticas que no tienen nada que ver con que ellos llegaran al poder. Al presidente de Francia o el primer ministro de Bélgica le importa bien poco que Artur Mas haya sacado un montón de votos en casa. Lo que preocupa al presidente de Francia o primer ministro de Bélgica es tener a los franceses y belgas contentos, la economía funcionando y la eurozona sin más crisis de las estrictamente necesarias. Del mismo modo la cantidad de votos de la lista única son para Rajoy mucho menos importantes que la cantidad de collejas que le caerán en el resto de España si hubiera una secesión. Por mucha democracia y pueblo que diga representar Mas, al resto de dirigentes europeos lo que les importa es ganar sus elecciones, no satisfacer los deseos de un 1% de la población de la Unión Europea y su definición de libertad.

El debate político europeo en general, y español en particular, a menudo suena peligrosamente cercano al contenido de los libros de autoayuda. La idea de que si los votantes de un país o territorio desean que algo suceda muy muy fuerte y le dan un mandato democrático muy muy intenso a un político este podrá hacer sus sueños realidad ha permeado el discurso de muchos líderes nacionales, obviando cualquier contacto con la realidad.

Esta concepción mágica de la soberanía no es solo absurda, sino también peligrosa. Los estados modernos son instituciones increíblemente poderosas, capaces de movilizar recursos, controlar territorios e influir en las vidas de ciudadanos más que cualquier otro gobierno en la historia. Eso no quiere decir, sin embargo, que no estén sujetos a restricciones externas, o que sus dirigentes a veces simplemente no puedan hacer lo que les place. Los políticos, por mucho que estén a favor del bien y en contra del mal, viven sujetos a decisiones de otros, las necesidades presupuestarias y la terca naturaleza humana.

Si un político promete cambiar las decisiones de terceros, desconfiad. Tener el apoyo de una mayoría más o menos decente de catalanes, griegos, portugueses o españoles no hará que los treinta presidentes de gobierno, cancilleres y primeros ministros de Europa decidan cambiar de opinión. Repetir el mismo mensaje en un referéndum probablemente tampoco. Si un político promete que con él la corrupción dejará de existir porque ellos sí son honestos, el escepticismo debería ser igual o mayor. Y por supuesto, cualquier político que diga que quiere proteger el estado de bienestar sin explicar cómo va a pagarlo puede andar perfectamente prometiendo unicornios, porque será igual de fiar.

Más allá de la justicia, buenas intenciones o lógica de las demandas de Artur Mas y otros dirigentes populistas en España y fuera, en política no hay nada fácil. La realidad es que en democracia los problemas no se solucionan con votos: los votos escogen cómo (y quién) debe solucionar esos problemas. El día después de las elecciones cambia quién tomará las decisiones, pero nada más allá de eso: el dinero que antes de las elecciones no estaba seguirá sin aparecer, por muchos votos que uno tenga, y los políticos de tu alrededor seguirán más pendientes de sus votantes que de tus demandas, que por algo tienen que ganarse el sueldo.

Prometer que los males del mundo se van a arreglar con más democracia y la aplicación decidida de la voluntad del pueblo es fundamentalmente deshonesto. La secesión, como la democracia en Europa, la reforma del euro y el perdón de las deudas no llegará solo porque se vote muy, muy fuerte; hará falta acuerdos, negociaciones y concesiones, no chantajes, ultimátums, enfrentamientos y algaradas unilaterales. Cambiar el mundo es difícil no porque la gente vote mal, sino porque uno no puede hacerlo solo.

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