opinión

Bachelet, ante el dilema de avanzar o retroceder

Lo que está en debate en Chile son las reformas tributaria, educativa, laboral y constitucional.

Bachelet, ante el dilema de avanzar o retroceder

Se dice que hay una forma sencilla y casi sin posibilidad de error a la hora de entender a quien sirven determinados cambios: ver qué grupos apoyan y qué grupos critican, quienes se envalentonan con los nuevos aires y quienes aparecen cabizbajos y taciturnos.

Si esto es así, en los últimos días, en Chile han ganado los sectores conservadores y empresariales y han mordido el polvo quienes de forma más decidida pretendían que este nuevo gobierno de Michelle Bachelet tuviera una impronta transformadora como no lo habían logrado las anteriores administraciones de centroizquierda.

El lunes 12 la Presidenta anunció los esperados cambios de gabinete que ya había adelantado en una entrevista por televisión el jueves anterior.

Como se especulaba, los cambios apuntaron al corazón del gabinete: Bachelet reemplazó a todos sus ministros “políticos”; como el de Interior, el de Hacienda, la Secretaría de la Presidencia y de Gobierno (vocero). Además del ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Cultura, entre otros. En total, nueve cambios. Algunos de ellos enroques, y en otros casos nuevas figuras que se incorporan al gobierno. En las sumas y restas, ganó espacio la Democracia Cristiana y perdió lugar el Partido Socialista. Como dato que hace de contra balance en el viraje centrista, el Partido Comunista pasó de uno a dos ministerios.

Las palabras de los principales dirigentes de la oposición de derecha, así como los editoriales de El Mercurio y las declaraciones de las cámaras empresarias no dejan lugar a dudas: todos ellos festejan el retorno del “diálogo y consenso”, en un gobierno que es visto como demasiado “confrontativo”.

La crisis política terminó desatándose por algunos casos de corrupción entre los que se encontraba el hijo de la Presidenta (conocido como el “nueragate”, porque involucra a la mujer de éste), así como otros vinculados al financiamiento de los partidos a través de dibujos financieros realizados por empresas privadas.

Sin embargo, por estas horas, en Chile no se habla tanto de corrupción y políticas de transparencia como de las grandes reformas que viene impulsado Bachelet desde que asumió el 11 de marzo de 2014, hace apenas trece meses.

Fueron estas reformas, antes que cualquier otra cosa, lo que condujo a un estado de debate político e ideológico en la sociedad chilena desconocido en los últimos años. Muchos sectores poderosos comenzaron a sentir que tenían mucho para perder y poco para ganar con discusiones que dejaban a la intemperie una situación de privilegio evidente de la elite económica.

Existe una coincidencia en que los dos cambios más importantes (el del ministro de Interior y el de Hacienda) estuvieron vinculados con la furia que desató la reforma tributaria, impulsada a comienzos del año pasado y aprobada en septiembre.

En un contexto de crecimiento modesto -como es común a todas las economías de la región-, el gobierno de Bachelet buscó modificar algunos de los aspectos más regresivos del sistema tributario para, entre otras cosas, poder financiar la ansiada reforma educativa que desde 2011 vienen pidiendo los estudiantes en las calles.

Concretamente, la nueva ley de tributación estipula un aumento gradual de los impuestos a las empresas, para pasar del 20 al 25% de los ingresos. Al mismo tiempo, elimina un exótico beneficio tributario que tenían hasta ahora los empresarios chilenos: pagar impuestos sólo sobre las utilidades que retiran, no sobre las ganancias que da el negocio.

Bachelet también había logrado avanzar, aunque tibiamente, con cambios en la educación. En enero de este año, el Congreso aprobó la Ley de Inclusión Educativa, que entre otras cosas impide el cobro de matrículas en colegios públicos o con subvención estatal, así como la prohibición de que los colegios rechacen alumnos por su condición social, religiosa o de nivel educativo. También termina con la posibilidad de que los dueños de centros educativos privados retiren ganancias como si se tratara de una empresa cualquiera. De existir un excedente, deberán reinvertirlo en la misma escuela.

Si todo esto había caldeado los ánimos, la reforma laboral reavivó los fantasmas de un retorno del “allendismo” según el fantasma que más gustan agitar los sectores poderosos en el país trasandino. El proyecto de reforma laboral plantea que los empresarios no pueden contratar personal para los días de huelga, como reemplazos desechables de los trabajadores que por alguna razón deciden ir al paro. También establece que el empresario tiene obligación de negociar con el sindicato allí donde este exista y no con el grupo de trabajadores que él considere conveniente.

Como queda en evidencia, estas cuestiones hablan del atraso histórico de los derechos laborales en Chile antes que de una radicalidad de izquierda del gobierno de Bachelet. No importa. Ante esta reforma, los empresarios (apoyados por los principales medios de comunicación) salieron con los tapones de punta en contra de la reforma, bajo el argumento de que su aprobación iba a terminar con la inversión privada y el crecimiento económico. El mismo argumento ya se había usado para oponerse a la reforma tributaria.

FInalmente, hacía dos semanas, la propia Presidenta había anunciado que, para el mes de septiembre comenzaría a discutirse una reforma constitucional, sin todavía definirse si se trataría de un cambio realizado por el Congreso o mediante una convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Esta película de los cambios que viene intentando construir este segundo mandato de Bachelet explican mejor el nivel inédito de conflicto que vive la sociedad chilena, así como el desenlace crítico que tuvo su plantel ministerial.

La pregunta es si el cambio ministerial, que ya fue leído por propios y extraños como un guiño a los empresarios y a la oposición, va a ser usado por Bachelet como una bocanada de aire nuevo para seguir impulsado el mismo programa de reformas o se trata de un primer paso hacia atrás, en un camino de retrocesos que terminará por cerrar el ciclo de cambios legislativos.

Desde la Argentina, donde los presidentes fueron siempre piezas centrales a la hora de definir el rumbo político del país y la impronta de la gestión del Estado, la coyuntura chilena alumbra los posibles dilemas posteriores a diciembre de 2015 que tendrá nuestro país.

El peso de una coalición de gobierno, de un compromiso programático con la ciudadanía e incluso un camino de reformas concretas (así sean moderadas) deben después revalidarse en la firmeza de quien conduce el gobierno. De lo contrario, las presiones e intereses que siempre existen terminarán por doblegar ese espíritu transformador. 

Fuente: Télam

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24 de octubre de 2017 | 09:15
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