opinión

¿Quién protege a las víctimas de violencia de género?

La opinión de una legisladora provincial sobre la situación.

¿Quién protege a las víctimas de violencia de género?

 ¿Para qué nos sirve una excelente ley, como es la 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, si no es acompañada de un fuerte compromiso por parte del Estado, a través de políticas públicas de contención y efectiva aplicación de la norma?

Dentro de los lineamientos básicos para las políticas estatales que contiene la ley se contemplan:

· campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres;

· unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia;

· programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer;

· programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la mujer;

· programas de reeducación destinados a las personas que ejercen violencia;

· centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer;

Pero una de los puntos que la ley enumera y resulta de vital importancia en la verdadera protección de las víctimas es la creación de:

· instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

Y es con respecto a este último tema, los albergues, que Mendoza cuenta con un atraso a esta altura inexplicable y desidioso, perjudicando a las cientos de mujeres que padecen este tipo de violencia. Inexplicable porque se cuentan con los fondos necesarios, contemplados en el presupuesto provincial y a su vez se recibieron recursos de Desarrollo Social de la Nación para la creación de estos hogares refugios. Pero una vez más la burocracia y la falta de control ponen un freno al ejercicio de los derechos.

Hace dos años que el refugio-hogar dependiente de la Provincia debería estar en funcionamiento. Mientras otras ciudades y provincias crearon hogares y centros integrales de la mujer que están funcionando muy bien, recibiendo a muchas mujeres con sus hijos, en Mendoza sólo hay dos y saturados; únicamente uno es asistido de manera estatal por un municipio, ya que el otro es sostenido por una organización civil.

Es evidente que el flagelo de la violencia de género y su lucha no ha sido prioritario en los últimos gobiernos provinciales o ha estado en agenda siempre en un segundo plano, sin intención de destrabar barreras para la efectiva aplicación de la ley y sus objetivos. Hasta los funcionarios renunciantes de la Dirección Provincial de Mujer, Género y Diversidad declararon que no contaban con los recursos económicos y presupuestarios que les permitiesenafrontar esta temática. Desde mi lugar de Senadora Provincial durante el debate presupuestario solicité que se dote de recursos suficientes a esta área tan relevante en la protección y promoción de derechos.

En un intenso año electoral, el foco mediático y político se enfoca en otro lado. Pero mientras, el flagelo transversal que afecta a todas las clases sociales y edades, que es la violencia de género, sigue matando mujeres y destruyendo la autoestima y el futuro de cientos de víctimas que buscan respuestas y contención, y no podemos seguir mirando para otro lado. Debe el Estado garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y no podemos tolerar que sean restringidos por la burocracia y la inoperancia. El Gobierno Provincial debe inmediatamente resolver las trabas para la construcción del refugio y en pocos meses contar con una reivindicación más y una vergüenza menos. 

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