opinión

Tres razones para el optimismo en la lucha contra la corrupción

Carlos Santiso, del BID, se enfoca en casos recientes latinoamericanos.

Tres razones para el optimismo en la lucha contra la corrupción

La corrupción parece ejercer una atracción irresistible en las economías emergentes de América Latina. Los brasileños también expresan su indignación por la corrupción relacionada con la sobrefacturación de proyectos de la petrolera Petrobras – la petrolão. El tan esperado informe de la empresa para 2014 publicado el 22 de abril reconoce que la corrupción le ha costado más de $2 mil millones de dólares US (€1800 millones de euros). Una seguidilla de revelaciones han conmocionado a los chilenos, uno de los países más íntegros de la región.

En este contexto, ¿hay lugar para el optimismo? Aquí tres grandes razones porqué la realidad del futuro podrá ser mejor que la del pasado.

  1. En primer lugar, se acabó la era de una cierta resignación e inclusive fatalismo frente a las prácticas corruptas. Los latinoamericanos que expresan su indignación en las calles son el reflejo de sociedades menos tolerantes, mejor informadas, más conectadas. Tienen mayor consciencia de sus derechos y exigen el aumento de la transparencia en las políticas públicas así como mejores servicios públicos. La sociedad civil es más crítica y los medios de comunicación más profesionalizados. En la década de 1960, los brasileños absolvían la corrupción de Ademar Pereira de Barros -político de Sao Paulo-, afirmando que “roba pero actúa” (rouba mas faz.) Esos días están irremediablemente agotados. La intolerancia de los latinoamericanos hacia la corrupción se junta con una mayor exigencia de integridad en la política. Se demandan igualmente eficacia en el gasto público y servicios públicos de calidad. Las redes sociales permiten nuevas formas de movilización social.
  2. Por otro lado, las respuestas legales e institucionales a los escándalos de corrupción reflejan una maduración de los sistemas políticos. En Chile, la respuesta del poder judicial ha sido expeditiva, incluso resultando en la privación de libertad para varios involucrados en financiamiento ilegal de campañas políticas. La Presidenta Michelle Bachelet ha nombrado un consejo independiente cuyo informe presentado el 28 de abril – tras tan sólo 45 días de haber sido encomendado – recomienda una serie de medidas contra los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. En Brasil, el activismo de los jueces federales refleja el fortalecimiento y la mayor independencia del poder judicial. El Tribunal Supremo ha autorizado la apertura de investigaciones preliminares en contra de 49 políticos el 7 de marzo pasado. En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto avanza con una serie de reformas constitucionales para fortalecer los poderes del sistema nacional de lucha contra la corrupción, entre los cuales la Auditoria Superior de la Federación y la Corte de Justicia Administrativa. El parlamento aprobó las reformas constitucionales necesarias el 21 de abril.
  3. Por último, se reducen las lagunas legislativas y jurídicas que favorecen las prácticas corruptas – lo que los anglosajones llaman “loopholes”. La corrupción abarca un gran número de prácticas ilegales. En esta constelación de prácticas ilegales, las oportunidades para la corrupción se han reducido. Por ejemplo, 19 países han aprobado leyes de transparencia y de acceso a la información. Se han dotado de portales de transparencia gubernamental, inclusive antes que algunos países europeos. Las nuevas tecnologías permiten al tiempo más transparencia y más eficiencia en la gestión. La mayoría de los países de la región han introducido sistemas de adquisiciones públicas en línea. Paralelamente se han fortalecido los sistemas de gestión de las finanzas públicas, los informes financieros y los controles sobre el destino de fondos públicos. Muchos países están regulando la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. También se busca mitigar los conflictos de interés y fortalecer la probidad de los políticos y funcionarios públicos. El reto sigue siendo garantizar que las leyes aprobadas sean plenamente aplicadas y que las reformas institucionales se implementan eficazmente. La región ha aumentado también sus compromisos internacionales. Por ejemplo, 15 países de la región se han unido a la Alianza para el Gobierno Abierto, que supone una serie de compromisos para fortalecer la integridad pública y la transparencia en los gobiernos. Otros, como Colombia y Perú, participan en la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, la cual busca mejorar la transparencia en la gestión de los ingresos de la minería y la bonanza del petróleo.

En 1755, Jean Jacques Rousseau escribía en su Discurso de economía política “que un gobierno ha llegado al último grado de corrupción cuando ya no tiene otro nervio que el dinero.” América Latina ya no está bajo el yugo de los kleptocracias autoritarias. Las sociedades latinoamericanas se han vuelto más exigentes con sus gobiernos y son menos tolerantes con la corrupción. Estas tendencias de fondo son razones para ser optimistas.

(*) Carlos Santiso (Ph.D) es el Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de unirse al BID, fue el Gerente de Sector de la División de Gobernabilidad del Banco Africano de Desarrollo (ADB), basado en Túnez entre 2007 y 2011. Previamente se desempeñó como asesor de gobernabilidad y finanzas públicas del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido entre 2002-2007, Oficial Superior de Programas en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral entre 1996 y 2000, así como Asesor en la Oficina del Primer ministro francés entre 1995 y 1996. Ha trabajado en más de una docena de países de África y América Latina para un gran número de organizaciones de diferentes capacidades, incluso como consultor. Graduado del Institut d'Etudes Politiques de París y de la Universidad de Columbia, es doctor en economía política comparada de la Universidad Johns Hopkins y ha escrito extensamente sobre democracia, gobierno y ayuda. Su libro más reciente, La economía política del presupuesto público y de la auditoría gubernamental, fue publicado en 2009 por Routledge.

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