opinión

Desnaturalización del sistema de concurso

El ingreso al Estado se ha realizado por compraventa, sorteo, arriendo, herencia y concurso.

Desnaturalización del sistema de concurso

Históricamente, el ingreso a la Administración Pública se realizó mediante las siguientes modalidades: compraventa, sorteo, arriendo, herencia, contrato o nombramiento y concurso. De todos ellos el concurso es el que se encuentra en mayor armonía con los principios de equidad, razonabilidad, transparencia y, obviamente, republicano de gobierno.

El concurso para el ingreso a la administración evita el nepotismo o el favoritismo político, familiar, social, incrementa la transparencia, contribuye a reducir la corrupción estatal y asegura el derecho de la igualdad de oportunidades. Esta forma de ingreso permite una mayor profesionalidad de los trabajadores estatales, lo que se traduce en mas eficiencia de la administración pública. Es en definitiva evita la arbitrariedad, aquello que se encuentra fundado en la sola voluntad del funcionario de turno.

Por otra parte es el mecanismo o el camino, para llegar a encontrar aquella persona que reúne las condiciones necesarias para alcanzar “la idoneidad” que reclama nuestra Carta Magna. Nuestra Constitución Nacional de 1853 dispuso en su art. 16: “Todos los habitantes de la Nación son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”. Esta condición debe entenderse como la aptitud o capacidad técnica para desempeñarse en la futura tarea a desempeñar

A partir de la Ley 24.185, a la cual ha adherido la Provincia de Mendoza por Ley 6656, se admite el procedimiento de las convenciones colectivas de trabajo como fuente de regulación de las relaciones de empleo público, salvo las referidas a los sujetos enumerados en el art. 3º, y a excepción de las siguientes materias: a) La estructura orgánica de la Administración Pública Nacional; b) Las facultades de dirección del Estado; y c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa.

En el año 2008 la Provincia de Mendoza sancionó la Ley 7970, que homologa el acta paritaria del 19 de Octubre de 2007 por la cual se implementó el sistema de concursos para el ingreso a la administración pública. Es decir este nuevo régimen nace de la voluntad conjunta de gremios y empleador, el Estado. Esa ley y su Decreto reglamentario 1112/11 están en una franca orientación hacia la participación democrática de los sectores que se ven implicados, es decir, Estado, sindicatos y personal en general.

El Estado provincial está en “cierta forma” obligado, a dar inicio a los concursos para el ingreso a la administración pú–blica. Digo en “cierta forma” ya que por la misma ley de concursos 7970, el Estado conserva la posibilidad de cubrir esos cargos vacantes a través de personal temporario o subrogancias. Paradójicamente los mismos sindicatos que pujan por el ingreso a la administración a través del proceso de concurso, saltan este cerco y admiten el ingreso de trabajadores a través de actas paritarias, principalmente respecto de aquellas personas que llevan una cierta cantidad de años como contratados, obviamente con la connivencia del Estado. Por ley 24185 esta facultad está vedada a las entidades gremiales.

En la sentencia de fecha 9 de Septiembre de 2010 emitida por la SCJ de Mendoza en "Ponce, María Jorgelina c/Pcia. de Mendoza s/ A.P.A." se hizo referencia a la ratificación por medio de la Ley 7970, del acta paritaria que mencionáramos. Se expresó: “En la especie, la interpretación propiciada por la actora va más allá de lo que dispone el propio acuerdo porque implica convalidar que el acuerdo celebrado en paritarias ha avanzado sobre cuestiones que no pueden ser objeto de negociación como sería el principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa”.

No dudo de la democratización a la que lleva tanto la Ley 7970 como su Decreto reglamentario. Sin embargo creo que se queda a mitad de camino y no termina de resolver el problema, ya que admite, reitero, cubrir los cargos vacantes por medio de subrogancias o personal temporario, lo que lleva a generar o contribuir al vicio de las contrataciones por tiempo indeterminado. A cambio los sindicatos (aun con la participación que la ley 7970 les otorga), convalidan el ingreso de personal a la planta permanente por medio de actas paritarias en franca violación al Art 16 de la CN y 30 de la Constitución Provincial.

En síntesis, si bien la ley de concursos 7970 permitió una apertura democrática de participación en la selección del personal que pretende el ingreso a la planta permanente, la misma admite facultades del Estado empleador que pueden llevar a desnaturalización. Por otra parte los sindicatos, a quienes la Ley 7970 les permiten participar activamente en el proceso de concurso para el ingreso a planta permanente, validan el ingreso por medio de actas paritarias, que a la luz de la interpretación de nuestra SCJ resulta ser contrario al principio de idoneidad requerido por el art. 16 de la Constitución Nacional y el art. 30 de la Constitución Provincial.

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Opiniones (2)
16 de agosto de 2017 | 14:34
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16 de agosto de 2017 | 14:34
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  1. Desde 2007 y tras muchos años de lucha de los sindicatos del Estado existe una ley provincial que regula el ingreso al Estado por Concurso y un decreto reglamentario que, si mal no recuerdo, data de 2010. Sin embargo, ni el gobierno de Jaque ni el de Perez cumplieron con la ley, todo lo contrario, siguieron designando gente a dedo ante las estériles protestas de Ate, Sitea y Upcn plasmadas en las actas paritarias año tras año. Acusar a éstos de complicidad es, cuando menos, un desconocimiento supino de la realidad. Es el gobierno de la Provincia quien ha incumplido la ley con la clara intención de continuar con su política clientelar otorgando cargos a punteros políticos, amigos, etc. que se pagan con dienero público y que no siempre son personas preparadas para ejercer la función para la que fueron designadas. Saludos.
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  2. Este gorila se olvida del 14 bis de la Constitución Nacional "estabilidad del empleo público". Parece que los empleados contratados no tienen este derecho constitucional.
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