opinión

Narcotráfico: muchas manos y pocos resultados

La responsabilidad de la Nación y la Provincia para combatir el narcotráfico.

Narcotráfico: muchas manos y pocos resultados

En julio del 2005 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.052 de “desfederalización parcial de la competencia en materia de estupefacientes”. Esta ley modifica algunos artículos de la Ley de Estupefacientes 23.737 con el fin de transferir alas Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la medida de que estas adhieran, lo que podríamos llamar las causas por delito de menudeo, o venta menor de drogas.

Así, las Provincias que adhieran asumenla persecución penal de este delito que representa aproximadamente el 38% de las causas relacionadas a drogas, en los siguientes supuestos, menciono solo los más relevantes en materia de seguridad:

- Cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.

- Cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal.

- Cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta

La ley de desfederalización ha traído no pocos debates con defensores y detractores. Las Provincias que hasta el momento han adherido, y que se encuentran en plena etapa de implementación o ejecución son: Buenos Aires, Córdoba y Salta. Mientras tanto, otras provincias que también han adherido, su implementación ha sido demorada por diferentes motivos. En el caso de La Rioja, la demora se debe principalmente por problemas presupuestarios, una situación similar ocurre en Entre Ríos, aunque en este último caso y al igual que en Tucumán, se han presentado demandas de inconstitucionalidad.

El trabajo más importante sobre el seguimiento y la evaluación de la implementación de la ley de desfederalización es el realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad[1]. Este trabajo contiene abundantes datos estadísticos que nos permiten llegar a algunas conclusiones que pueden ser relevantes, por ejemplo: en Provincia de Buenos Aires, la aplicación de la ley significo una importante caída en el número de causas relacionadas con el narcotráfico que se tramitan en los Juzgados Federales, y que por sus características y volumen de droga no han sido transferida a los juzgados provinciales, esto son los casos más pesados del narcotráfico. Paralelamente, la implementación de la desfederalización ha permitido un aumento de casi el 200% de las causas iniciadas en los tribunales provinciales por tenencia para el consumo personal. Estos datos son preocupantes en la medida en que los resultados obtenidos demostrarían que, por presiones mediáticas o pretendidas muestras de eficientísimo, el poder del Estado está más abocado a la persecución penal de los consumidores, o a la tenencia simple, que a la lucha contra el narcotráfico y sus conexiones internacionales.

Esta tendencia puede ser corroborada también cuando se observa el proceso que ha seguido la Provincia de Córdoba. En junio del 2012, está provincia adhirió a la desfederalización mediante la Ley Provincial 10.067[2], creando en el mismo acto los juzgados provinciales de lucha contra el narcotráfico que entienden sobre los delitos comprendidos en el artículo 34 de la Ley 23.737, y que son los mencionados más arriba.

Un año y medio después de iniciado el proceso por el cual la provincia de Córdoba asume la parte del menudeo de la lucha contra el narcotráfico, se sanciona la Ley 10.200 mediante la cual se crea la FUERZA POLICIAL ANTINARCÓTICOS[3]. Esta nueva policía tiene a su cargo en “forma exclusiva (sic) la realización de los actos de prevención, disuasión, conjuración e investigación cuando por ley corresponda, de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 y su modificatoria, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067”.

Esta nueva fuerza depende del Fiscal General de la Provincia (art. 1°), por lo que se podría suponer como una nueva policía judicial abocada “exclusivamente” a la investigaciónde los delitos de narcotráfico previstos en el artículo 34° de la Ley 23.737. Estas causas serían así tramitadas ante la Justicia Provincial, en el nuevo “Fuero de Lucha contra el Narcotráfico”creado a tal fin.

Lo llamativo de la nueva policía es que, más allá de su dependencia a la Fiscalía General, también se le da las facultades de policía de seguridad, esto es “prevención, disuasión y conjuración”(art. 2°),lo que permite, entre otras actividades, “Inspeccionar en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente”

Esta función preventiva de una fuerza dependiente del Ministerio Público Fiscal coloca a los fiscales no solo en la tarea de investigar un delito y hacer la acusación, sino que también de ellos dependerán los operativos policiales con carácter preventivos, al menos en lo atinente a los delitos de cultivo, consumo y/o tenencia simple de drogas.

Recientemente el Gobernador José Manuel De la Sota presento en público esta nueva policía que ya cuenta con 220 hombres “altamente preparados y muy bien equipados” en la que han participado en su formación tanto el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU, como ex agentes del FBI. [4]

Nadie duda de la importancia de lucha contra el narcotráfico, pero la necesidad política de exhibir esta preocupación (especialmente en épocas electorales) debería encontrar los límites de la racionalidad y prudencia. La propia Ley de desfederalizaciónya ha sido duramente cuestionada al habilitar la posibilidad de que un mismo delito pueda ser de competencia federal u ordinaria según la decisión de cada provincia. Situación que se agrava aún más cuando no han quedado claramente establecidos los parámetros que determinan a que justicia recurrir frente a determinados hechos. Un ejemplo de ello es que en Provincia de Buenos Aires se observa que los criterios que rigen en los ámbitos Federal y Provincial para calificar un hecho por comercialización de estupefacientes son diferentes en ambos casos.

Esta compleja situación de competencias jurídicas puede verse agravada con la creación de nuevos organismos policiales en forma indiscriminada, con la mira puesta más en las próximas elecciones que en el combate al narcotráfico.

No es un problema que en un mismo territorio convivan dos o más policías, el único requisito a preservar es el hecho de que estos organismos no compartan las mismas funciones, porque la experiencia nos indica que termina habiendo una guerra entre los diferentes organismos policiales para ver quien impone su supremacía. Es esto lo que puede ocurrir en Córdoba (aunque no excluye a otras provincias del país) en donde coexisten con atribuciones en materia de narcotráfico tres fuerzas federales: Policía Federal; Gendarmería y Policía Aeroportuaria (dejamos de lado a Prefectura Naval por no tener una presencia importante en esta provincia), cada una con sus respectivos organismos de inteligencia, a los que se suman (o restan) ahora, la Dirección de Inteligencia Criminal recientemente transferida a la Agencia Federal de Inteligencia. Todos estos organismos nacionales no comparten una base de datos común, ni la información criminal.

Como en apariencia no han sido suficiente las fuerzas federales, a este despliegue hay que sumar la Policía de Córdoba, La Policía Judicial de Córdoba, y ahora, la recientemente creada Fuerza Policial Antinarcóticos.

Las tres fuerzas policiales federales mencionadas (más los organismos de inteligencia) tienen claramente competencia en materia de narcotráfico por tratarse de un delito federal (Ley 23.737), y fundamentalmente revisten el carácter de auxiliares de la Justicia Federal, lo que no impide que colaboren con la justicia provincial, especialmente con el recientemente creado Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

Por otra parte, las tres policías provinciales tienen también competencia en materia de narcotráfico, especialmente aquellas delegadas a la provincia a través de la ley de desfederalización. Nótese que la Policía de Córdoba y la nueva Fuerza Policial Antinarcóticos comparten la misma función: “Inspeccionar en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente”[5]. El texto es compartido enambas leyes.

Por otro lado, la Policía Judicial de Córdoba tiene como misión esencial “investigar los delitos de acción pública cometidos en la Provincia, reuniendo las evidencias y pruebas útiles para que los Fiscales puedan actuar ante los Jueces reclamando una decisión justa basada en la verdad[6]” Como se aprecia, la sola misión de esta fuerza le da competencia en la temática en la medida en que un Fiscal la requiera para alguna investigación que involucre temas de narcotráfico; y más aún en aquello delitos contemplados por Ley de desfederalización.

A este complejo entramado de diferentes justicias (federal o provincial), y fuerzas policiales existentes se agrega la tendencia cada vez más fuerte tendiente a crear policías municipales o locales, estas ya forma parte de las propuestas para las próximas elecciones[7], y son una realidad que ya se ha concretado en la Provincia de Buenos Aires, entre otras. La intervención de estas fuerzas policiales locales suele estar limitadas a actuar frente a delitos de flagrancia, por ejemplo, tiene la obligación de actuar frente a una persona que porte una mínima fracción de droga para consumo personal. De esta manera, de concretarse la creación de estas policías locales, solo sumariamos más organismos con atribuciones en la materia a un sistema ya altamente atomizado.

El grave problema del narcotráfico, y la justa demanda social que este genera, ha dado lugar a la creación de grandes estructuras represivas del Estado que se llevan una importante porción del presupuesto público y con escasos resultados en la lucha contra el narcotráfico. En la medida en que el sistemas de persecución penal funcione altamente fragmentados, encriptados y notablemente descoordinados y con falta de colaboración entre ellos no habrá resultados eficientes. En este aspecto, la responsabilidad mayor recae sobre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el que a través del Sistema de Seguridad Interior tiene la responsabilidad de “planificar, coordinar, dirigir y apoyar el esfuerzo nacional de policía”[8].

Por el contrario, estos abultados presupuestos van en detrimento de otras políticas más eficientes destinadas a la lucha contra el narcotráfico, especialmente las destinadas a un abordaje enfocado a reducir el daño que produce el mercado de drogas ilícitas y garantizar la seguridad retirando las prioridades de persecución de infractores no violentos y de poca monta, y dirigir los recursos hacia la sanción de elementos más violentos y perturbadores del tráfico drogas.

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