opinión

Una "Conadep" de la AMIA

Un grupo de intelectuales propone una comisión nacional especial.

Una Conadep de la AMIA

La causa AMIA es, a esta altura, el caso contemporáneo más aberrante de impunidad y encubrimiento que, a su turno, refleja debilidades institucionales que han acompañado la reciente historia democrática de nuestro país. A la ausencia de justicia frente al atentado de 1994 que produjo 85 muertes y centenares de heridos y a la cadena de irregularidades que le siguieron (incluyendo evidencias fraguadas que involucraron actores del poder judicial, del Ejecutivo y de los servicios de inteligencia), se sumaron recientemente una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el Ejecutivo por encubrimiento (mediante la firma en 2013 del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán) y, hace pocos días, la muerte enigmática del propio fiscal.

A 21 años del mayor ataque terrorista padecido por el país, la Argentina se debe a sí misma el pleno esclarecimiento de la causa AMIA. Sin duda, y en esta hora, el sistema judicial debe funcionar con profesionalismo, celeridad, transparencia y efectividad en todo lo que hace a la investigación sobre el deceso del fiscal Nisman. Ciertamente, el sistema político debe abocarse hoy a un tratamiento riguroso y a un debate amplio de todo aquello que sucedió en el mes de enero de este año en materia del tema AMIA. Es evidente, asimismo, que después de décadas de prácticas opacas, ilegales y delincuenciales, el sistema de inteligencia necesita una reformulación profunda y sustentable, basada en un fuerte consenso social y político que sólo admita como límite el de un claro compromiso democrático.

Es en este contexto que los abajo firmantes creemos indispensable la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional a una “Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA” bajo la premisa de que la misma opere con plena independencia y capacidad de actuación y que cuente con los recursos necesarios para efectuar su tarea. Tanto a partir de nuestra experiencia con la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” (CONADEP) como con experiencias en otras latitudes, se ha podido constatar que este tipo de instrumento es apto para hacer un mejor diagnóstico de una situación compleja y delicada, para revisar una política pública desacertada o para evaluar el fracaso de una estrategia, entre otras. En nuestro caso, se trata de un mecanismo imprescindible para abordar un ejemplo emblemático de impunidad que está horadando la democracia argentina pues pone en entredicho y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política. De allí que creemos que una Comisión como la sugerida, reputada respecto a la honestidad y capacidad de sus miembros, plural en su conformación ideológica y diversa en su procedencia disciplinaria, puede contribuir decisivamente a dar luces en cuanto al atentado a la AMIA. No se trata de sustituir a fiscales y jueces: se trata, en esencia, de evaluar en forma independiente las pistas, indicios y líneas de investigación que fue siguiendo al justicia; de sopesar las pruebas fácticas que se han ido recogiendo; de ponderar la laborar judicial realizada y la del ministerio público; y proponer cursos de acción institucional para revertir el estado de impunidad en el que ha quedado el atentado de 1994.

En esa dirección, es fundamental establecer los objetivos, alcances y funciones de la Comisión propuesta de tal forma que sus resultados y conclusiones aseguren, entre otras, el fortalecimiento y mejoramiento del accionar judicial, de los servicios de inteligencia y del sistema político. La Argentina está frente a un camino que se bifurca: una alternativa es preservar, en los hechos, el statu quo y con ello la perpetuación de la impunidad y la degradación de su democracia; la otra es iniciar la ardua pero imperativa tarea de develar el entramado de intereses, prácticas y fuerzas que se benefician con la injusticia, la confusión y la corrupción. Una Comisión como la aquí planteada y con el tema específico indicado, bien podría ser el comienzo de esta última vía; una vía a favor de una mejor democracia. Es, en definitiva, la propuesta de una Comisión que dé cuerpo a las mejores capacidades éticas, técnicas, políticas e institucionales con las que nuestra sociedad y su democracia cuentan para esclarecer, hacer justicia y defenderse frente a la peor agresión que ha sufrido en las últimas décadas.

Por último, invitamos a adhesiones individuales e institucionales, así como manifestaciones escritas y orales a favor de la convocatoria a una “Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA”.

Víctor Abramovich, Carlos H. Acuña, Eduardo Anguita, León Carlos Arslanian, Abraham Gak, Roberto Gargarella, Luis Moreno Ocampo, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo, Juan Gabriel Tokatlian

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22 de octubre de 2017 | 04:26
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