opinión

Inteligencia y acceso a la información

¿Es posible conjugar el acceso a la información pública con la seguridad nacional?

Inteligencia y acceso a la información

 “Los requerimientos de las agencias de inteligencia y las normas de una sociedad abierta representan el más notable de los dilemas aparentes de un gobierno democrático. Las agencias de inteligencia, por su naturaleza, funcionan en secreto sin estar sujetas a las reglas normales del Estado. Una sociedad abierta, por otra parte, aborrece el secreto e insiste en que todas las agencias gubernamentales sean plenamente responsables ante la ley. La necesidad de un adecuado balance entre esos aspectos se deriva fundamentalmente del hecho de que la falla en controlar adecuadamente a las agencias de inteligencia puede tener consecuencias mucho más catastróficas para una nación que la mayor parte de otras fallas en las política”. Morton H. Halperin

Vamos a comenzar señalando someramente los orígenes de la ex SIDE los cuales se organizaron de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional, que identificaba al comunismo como principal desafío externo y a la insurgencia como enemigo interno. Luego de la caída del Muro de Berlín y la política de amistad con los países vecinos (Brasil y Chile) obligaron a un cambio de enfoque. Desaparecida la Unión Soviética y cancelado el riesgo sedicioso, las prioridades, se orientaron a las denominadas “nuevas amenazas”, básicamente el terrorismo y el narcotráfico. Ahora bien, algunas cosas han cambiado en el mundo del espionaje, lo que no quiere decir que no persistan los viejos problemas. El principal, sigue siendo la tensión entre, por un lado, la necesidad de resguardar los secretos de Estado de la mirada de los enemigos extranjeros, protegerse de las amenazas ilegales, incluyendo por supuesto al terrorismo y al narcotráfico, y obtener información relevante para tomar decisiones estratégicas, y por otro lado, la obligación de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluyendo por supuesto el derecho a la intimidad. ¿Cómo compatibilizar la transparencia democrática con fondos especiales cuyo destino no puede hacerse público, agentes obligados a usar alias y operaciones que por definición vulneran la intimidad de las personas, como las escuchas telefónicas, todas cosas que son parte del ABC operativo de los servicios de inteligencia, aquí y en cualquier lugar del mundo? ¿Cómo asegurar ciertos estándares mínimos de transparencia en una actividad que tiene a la opacidad y el secreto como la primera condición de su eficacia?

Pues bien, lograr ese balance es posible, ya que la comunidad internacional ha elaborado una serie de principios para alcanzar un equilibrio entre el derecho a saber y la seguridad nacional. Así pues, cualquier ordenamiento jurídico que consagra el derecho a saber, establece con claridad que el principio que rige es el de máxima publicidad, para luego dar lugar a la explicación de los casos en que ese derecho puede ser limitado. Sin embargo, el proyecto de ley del PEN es contrario a este principio, establecido, entre otras normas y estándares internacionales, por la ley modelo elaborada en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por otro lado, tampoco, nos trae ninguna indicación sobre cómo proceder ante la negativa a otorgar información. O cómo actuar frente a una disconformidad sobre las clasificaciones otorgadas a la información. Se puede decir que la respuesta estará en los tribunales. Ello es claro, pero los tiempos de la justicia muchas veces no son los que garantizan un oportuno ejercicio del derecho a saber, tal como lo manifiesta el abogado Eduardo Bertoni.

Finalmente, considero importante destacar el impacto de estos principios en el ámbito internacional, sólo basta recordar las palabras de Frank La Rue cuando, como Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, que dijo: “Los Principios son una contribución importante para el desarrollo del derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad en casos de violaciones de derechos humanos, y creo que deben ser adoptados por el Consejo de Derechos Humanos. Todos los Estados deben reflejar estos Principios en sus interpretaciones de la ley de seguridad nacional”

En conclusión, y dejando de lado críticas importantísimas al proyecto del ley “Ex SIDE”, como la señalada por Torcuato Sozio, Carta Abierta y el CELS, en lo atinente, por ejemplo, que no se ha revisado lo hecho anteriormente y si ahora pasan todas las personas que estaban trabajando en la Secretaría a la nueva Agencia ¿qué cambios puede haber?

Más allá de las cuestiones de fondo, que no son menores, considero lamentable que nuestro país haya perdido una vez más, una nueva oportunidad de lograr un Acuerdo político, algo que habría sido de vital importancia para nuestra sociedad. Ante la violencia que se expresa de distintas maneras en nuestra sociedad, hubiese sido deseable una oposición que –previo debate- hubiera arribado a un acuerdo político, verificando y defendiendo la estricta observancia y respeto de los derechos y garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional. 

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