opinión

La reforma de la ex SIDE

Alejandro Salomón analiza el proyecto oficial.

La reforma de la ex SIDE

 El Gobierno Nacional ha remitido recientemente al Congreso de la Nación una “profunda modificación” de la actual ley de inteligencia N° 25.520 sancionada en diciembre del 2001. En la presente nota intentaré demostrar si realmente se intenta “mejorar su funcionamiento de acuerdo a las experiencias de los sucesivos gobiernos”, tal como reza en los fundamentos del proyecto remitido al Congreso, o por el contrario, la “profunda modificación” es solo un intento de desviar la atención que existe sobre el caso Nisman, y recuperar la construcción de la agenda pública que interesa al gobierno.

Antes de iniciar el análisis de los artículos que se pretenden modificar, es necesario hacer algunas consideraciones sobre los fundamentos que acompañan el proyecto. Es estrictamente cierto que este Gobierno se ha caracterizado por combatir la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, aspecto plausible y que recibió el respaldo de la mayoría de la dirigencia política del país. No obstante, la lucha contra la impunidad se ha circunscripto solo a ese momento histórico en la medida en que no ha habido interés en combatir la impunidad de los tan aberrantes hechos violentos cometidos en Argentina con anterioridad a la dictadura militar, especialmente bajo el gobierno peronista de Juan Domingo Perón y su sucesora esposa María Estela Martínez de Perón.

Igualmente, y más cercano en el tiempo, queda claramente expuesto que tampoco ha existido la voluntad política de “combatir la impunidad” relacionada con la corrupción en los diferentes gobiernos que se sucedieron en Argentina. Al solo efecto de dejar plasmada en la historia argentina, bien se podría hacer una revisión de los hechos de corrupción desde la década del 70´en adelante, done encontraremos muchos delitos de corrupción, que por el tiempo transcurrido, no podrán ya ser juzgados, y menos aún obtener condenas, pero si podríamos saber de donde surgieron algunas de las más importantes fortunas de nuestro país. Pero no solo es historia, también se podrían combatir la impunidad de la corrupción con una minuciosa investigación, especialmente la cometida durante el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem y el de la alianza de Fernando de la Rúa. Finalmente, la máxima expresión de voluntad política de “combatir la impunidad” sería hacer una profunda revisión sobre los hechos de corrupción que salpican al propio peronismo kirchnerista.

En los fundamentos del proyecto de modificación del Sistema de Inteligencia, el Poder Ejecutivo argumenta que “a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de la República de Irán, aprobado por el Congreso” es cuando se comienza a observar que desde la ex SIDE “comienzan actuar contra la decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. Este párrafo merece alguna reflexión, primero es estrictamente cierto que el Memorándum fue aprobado por el Congreso, pero no es menos cierto que el mismo fue votado en soledad por el oficialismo, y ante la crítica generalizada de todo el espectro de la oposición, que en representación del 46% de los argentinos advirtió los efectos nefastos que traería su aprobación. El voto en soledad (al igual que se quiere hacer con el proyecto que se está tratando) es totalmente legal, pero no siempre es la mejor decisión democrática, y suele ser la causa de otras desgracias.

Por otro lado se advierte en el texto que se remite que existían operaciones de la ex SIDE que actuaban en contra del acuerdo que “lleva a adoptar la decisión de designar nuevas autoridades en la Secretaría de Inteligencia” El punto a destacar es el hecho de que el Memorándum fue aprobado en febrero de 2013 y la remoción de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia se realizó en diciembre de 2014. Son veintidós preciados meses en que el Poder ejecutivo no advirtió que existían “actores de inteligencia que representan una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado Nacional”. Este tiempo perdido es solo la consecuencia de haber usado la estructura de la Secretaría de Inteligencia en temas que nada tenían que ver con la Seguridad del Estado, puesto que hubiese sido tempranamente descubierta la operación, y ahorrado muchos dolores de cabeza y la vida de un fiscal, si se hubiese utilizado el artículo 1° inciso 2° de la actual ley de inteligencia 25.520, que es precisamente el inciso que define la contrainteligencia, y que expresa el texto resaltado en este párrafo.

Por último, y antes de entrar en el análisis puntual de la “profunda reforma”, quizás el mejor camino para iniciar un debate serio sobre el tema, e ir desmantelando el poder que se ejerce desde lo que llamamos “carpetazos”, la actitud sana y esperable sería recuperar todas esas carpetas en poder del gobierno con datos personales de ciudadanos públicos y privados para devolvérselas a cada uno de los espiados, a los efectos de evitar que siga vigente la extorsión. Algún distraído podrá decir que es una locura, pues no. En la Provincia de Mendoza, al disolverse el D2 de la Policía, durante el Gobierno de Arturo Lafalla , y luego con la gobernación de Roberto Iglesias se llamó a cada ciudadano y se le devolvió su legajo.

Otra acción que sería muy significativa, y demostraría la plena voluntad de terminar con un sistema de inteligencia corrupto e ineficiente sería el remitir toda la información que hoy se encuentra en poder de la Secretaría de Inteligencia, y que nada tenga que ver con la Seguridad del Estado, al Museo de la Memoria para que generaciones de argentinos puedan observar a que se dedicaban los servicios de inteligencia actuales. ¿Qué no se puede hacer algo así? Es solo mirar lo hecho en la Provincia de Santa Fe.

Entrando en el análisis del articulado que se pretende modificar, y que seguramente será aprobado en soledad por el oficialismo, no podemos dejar de tener en cuenta los elementos que se han usado para justificar el proyecto: “democratización de los mecanismos de designación”; “el modelo de funcionamiento institucional”; y la “adopción de los mejores métodos de control”

En el artículo 1° de la actual ley, define que la misma constituye “las bases jurídicas, orgánicas, y funcionales”, este párrafo es modificado y se deja el texto: “establecer el marco jurídico”. A primera vista pareciera una modificación menor, aunque no lo es. A partir de la reforma que se pretende, la ley deja de establecer dos aspectos muy importantes “la orgánica” y la “funcional”. A partir de esta modificación el Congreso habilita al Ejecutivo a introducir mediante Decretos, modificaciones muy importante en cuanto los la estructura del Sistema de Inteligencia y cuáles serán sus funciones, lo que implica definir también los objetivos generales a partir de esas funciones.

En el artículo 2° se modifica el inciso 1°, cambiando la definición de inteligencia nacional. De ser actualmente la actividad orientada a anticipar “amenazas, riesgos y conflictos que afectan la seguridad interior y exterior”; con la reforma propuesta la tarea de inteligencia se limita a amenazas, riesgos y conflictos “provenientes de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas trata de personas, ciberdelitos, y contra el orden económico y financiero, como así también todo otra forma de criminalidad organizada trasnacional.” Esta reforma ha sido ampliamente criticada, incluso por organizaciones pertenecientes al gobierno como el CELS, en la medida en que “limita las atribuciones del presidente de fijar los lineamientos estratégicos de la Política de Inteligencia”. Por otro lado, elimina toda posibilidad de hacer inteligencia sobre potenciales enemigos externos, lo que termina contradiciendo las funciones de la Inteligencia Militar (inciso 4), y da la posibilidad de que por vía de Decreto (como ya vimos que se podrá hacer), orientar la inteligenciad e las FFAA a la criminalidad organizada trasnacional, lo que sería blanquear la inteligencia militar en el interior del país hoy en manos de Milani.

En el mismo artículo se incorpora el inciso 6°, que es la peor parte que tiene esta pretendida reforma al limitar la inteligencia interior “a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja, o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático conforme lo establecido por el artículo 36 de la Constitución Nacional”. En primer lugar hay una grosera confusión entre dos conceptos muy bien diferenciados, como son la investigación y la inteligencia. La primera, investigación: es la tarea que hacen las fuerzas policiales a los efectos de esclarecer un hecho que ya ocurrió. La segunda es la tarea que hacen los agentes de inteligencia a los efectos de prevenir que se produzca un hecho. El no haber realizado las reformas necesarias en las fuerzas policiales federales, estas han quedado ineficientes para hacer tareas de investigaciones motivo por el cual los jueces y fiscales federales recurren, en muchos casos por desconfianza) a los servicios de inteligencia. En relación a este tema, y al efecto de exponer otras opiniones, me limito a transcribir lo expresado por el CELS: “Esto contradice el declarado objeto de la reforma. La clave está en sostener la función preventiva de la nueva Agencia sin que tenga relación con jueces o fiscales sino, en todo caso, con fuerzas de seguridad o contactos institucionales con los responsables de definir las políticas de persecución penal. Según los especialistas, las tareas de investigación criminal no deben confundirse con las de inteligencia criminal; y esta no debe confundirse con la de Inteligencia del Estado”… “Señalamos todas estas cuestiones porque es precisamente la articulación promiscua de las actividades de investigación e inteligencia lo que ha causado varios de los problemas que la reforma intenta solucionar”.

La combinación de este último artículo, con el artículo 5° bis que se incorpora puede resultar una habilitación inadmisible para la violación de las garantías procesales en causas penales. Esto puede ocurrir en la medida en que establece que, en caso de urgencia, se pueden iniciar actividades de inteligencia informando a las autoridades dentro de las 72 horas posteriores, esto significa la habilitación para realizar investigaciones en forma encubierta y sin autorización judicial, o con convalidación posterior al inicio de las actividades.

La modificación el artículo 9° pretende transferir a la órbita de la nueva Agencia la actual Dirección de Inteligencia Criminal dependiente del Ministerio de Seguridad. Lo cierto es que solo se traslada una pequeña dirección dependiente de Sergio Berni, ineficiente es su objetivos (lo que queda demostrado con solo ver el aumento del narcotráfico), y de muy baja profesionalidad. Lo que no se menciona en el proyecto de reforma es que sucederá con los aparatos de inteligencia que actualmente existen en las fuerzas federales de seguridad, que también están bajo la órbita de Sergio Berni, y que estan sospechadas por tareas de inteligencia ilegales como Proyecto X; la protesta de obreros de Lear y el Gendarme carancho; o el caso de Balbuena que salpica a PFA.

El artículo 15° establece que la nueva Agencia estará dirigida por un Director y Subdirector que deberán tener acuerdo del Senado. En este punto hay que recordar que la actualmente la ley prevé que el Poder Ejecutivo podía consultar al Senado la designación del Secretario de Inteligencia, y esto nunca lo hicieron, incluso con la designación en diciembre de Carlos Zanini. No obstante, es un elemento más en el camino correcto, aunque no es suficiente. Cuando uno hace un repaso de la historia de los secretarios de la inteligencia en Argentina puede afirmar sin temor a equivocarse que ninguno de los Secretarios de inteligencia que pasaron desde 1983 a la fecha hubiera recibido el rechazo del Senado; o que la Procuradora de la Nación Gils Carbó, que recibió en su momento el acuerdo mayoritario del Senado, hoy es una de las funcionaria más cuestionada y sospechada por su funcionalidad al Poder Ejecutivo. El acurdo del Senado es una medida muy buena, pero si realmente se quiere que el Congreso de la Nación pueda incidir sobre lo que hace y como hacen las tareas de inteligencia, lo que significaría que debe rendir cuentas al menos a la Comisión Bicameral, , también debería tener la posibilidad de removerlo del cargo. Así es en Estados Unidos

El artículo 16° bis que se propone establece las diferentes categorías de clasificación, las que no varían en nada a las vigentes actualmente, y que por tal motivo reiteran el mismo error: la clasificación queda abierta a la interpretación del funcionario que hace la clasificación. El otro erro que mantiene es no incluir la posibilidad de reconsideración y/o apelación ante la negativa de dar acceso a la información. Por otro lado, en ninguno de los seis artículos que se incorporan al artículo 16° se contempla el acceso de los miembros de la Comisión Bicameral de Control y fiscalización de los Organismos de Inteligencia a información clasificada o a los banco de datos.

El artículo 21° propuesto transfiere a la Procuración de la Nación la Oficina de Observaciones Judiciales, oficina que tiene como función hacer las intersecciones de las comunicaciones. Es una decisión muy correcta el sacar del sistema de Inteligencia la posibilidad de hacer esta tarea. No obstante hay temas que hay que tener en cuenta: Si la Procuración no es un organismo que garantice su independencia y autonomía del Poder Ejecutivo, el mismo perderá toda legitimidad, y recaerá sobre él todas las sospechas que hoy recaen sobre la Secretaría de Inteligencia, provocando un gran daño institucional inconmensurable a la Procuración, pero también sobre los fiscales. Por otro lado, es necesario también discutir sobre las personas que realizan las escuchas. En muchos casos son agentes de las fuerzas de seguridad de la nación. Si quienes hacen las escuchas siguen siendo policías, las escuchas realizadas llegarán primero al funcionario de Seguridad que las requiera, antes que al fiscal o juez que las solicito y autorizo.

En cuanto al control parlamentario, el mismo ya estaba previsto en el artículo 31° de la ley que se pretende modificar, y la principal dificultad para funcionar ha sido que la misma ha estado presidida por legisladores oficialista, quienes a su vez tenían la llave del quórum para funcionar. Está dificultad no es modificada en la propuesta que se hace, lo más relevante es la incorporación de un párrafo por el que se pretende dar mayor transparencia a la utilización de los fondos, y para lo cual dispone que “se establecerán los mecanismos de control adecuados”, los que significa que serán establecidos en el Decreto reglamentario. De esta manera, la autoridad que debe ser controlada es la que “establece los mecanismos de control que el Congreso aplicará para controlarlo. Quien debe ser controlado es quien fija las reglas.

Finalmente, a partir del Artículo 42° se dispone el aumento de las penas para todos los agentes y funcionarios que incumplan con la legislación que se pretende aprobar.

Nadie puede negar la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de inteligencia, pero es claro que la “profunda modificación” que se presenta no es la más adecuada, no soluciona los actuales graves problemas que el sistema hoy tiene, no satisface la democratización de los mecanismos de designación; agrava el funcionamiento institucional, en la medida en que confunde groseramente inteligencia e investigación; y no mejora en absoluto los mecanismos de control.


Una gran contribución a la vida institucional del país sería aceptar que una reforma de las características e importancia que se pretende debe surgir de un minucioso estudio y consulta a los especialistas, que hay muchos y muy buenos; y finalmente que surja como una Política de Estado, lo que exige niveles mínimos de consenso.

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MARTES, 27 DE ENERO DE 2015

LA INTELIGENCIA QUE SUPIMOS CONSEGUIR


En diciembre del año 2001 en Mendoza comenzaban los saqueos que terminaron con la caída del Gobierno de la Alianza. En ese momento, estando a cargo de la Subsecretaría de Seguridad, pedí una reunión con quienes conforman lo que se conoce como la comunidad de inteligencia de la provincia: Secretaría de Inteligencia; Fuerzas de Seguridad y Policiales de la Nación. Mi inquietud era saber quiénes estaban detrás de los saqueos que se estaban realizando, y que nos adelantaran los supermercados en los que se realizarían los saqueos a los efectos de poder desarticular o prevenir la agresión. La reunión se hizo pero fue todo en vano. La conversación giró en torno a intentos golpistas de Seineldín desde la cárcel; si se estaba en presencia de un golpe de estado; qué harían las FFAA; y otras fabulaciones y delirios que no me servían en ese momento, ni tampoco me interesaban. Mi preocupación: ¿Quiénes eran y donde atacarían?, no lo pude saber por esa vía.

Básicamente, esa deberían ser las funciones de cualquier organismo de inteligencia: “prevenir”, dar información certera al decisor a los efectos de que este pueda tomar las mejores decisiones. Cuando el hecho ya ocurrió, nos encontramos frente al profundo fracaso de los sistemas de inteligencia. Es por ello que la organización de la Inteligencia del Estado se divide en tres grandes áreas: Inteligencia Militar, destinada a los temas de defensa; Inteligencia Criminal, destinada a combatir la delincuencia, especialmente aquella que llamamos organizada o trasnacional; e Inteligencia Estratégica Nacional, que es aquella que trata de identificar los riesgos y debilidades en cuanto a seguridad interior y exterior de Argentina.

Si la inteligencia Militar (a cargo Milani) funcionara, y quienes forman parte de ese organismo hubiesen estado haciendo lo que por ley se les ha encomendado (y no inteligencia interior), la Fragata Libertad jamás tendrían que haber amarrado en Ghana; Si la inteligencia Criminal (a cargo de Berni) funcionara (y no estar desarrollando el Proyecto X para espiar dirigentes sociales), Rosario no sería un festival para el narcotráfico ni habría la cantidad de homicidios que hay, y muchos menos habrían matado un Fiscal de la Nación; y si la Inteligencia Estratégica Nacional funcionara (la SI), no estaríamos enredados como país en un memorándum, al que se aprobó con mayoría automática en el Congreso, se hace gala de ello en Naciones Unidas,y a posteriori Irán lo manda al archivo poniéndonos en situación ridícula. Como estos ejemplos, hay centenares de ellos. El próximo gobierno tiene en este tema un gran desafío: poner a cada una de estas instituciones a hacer lo que tienen que hacer, y esto no será fácil.

Para hacer un rápido repaso que permita entender el contexto. La ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado, hoy Secretaria de Inteligencia: SI) fue creada por Perón terminada la segunda guerra mundial con el objetivo principal de controlar que hacían los propios y extraños. A partir de su derrocamiento, y entrada la época de la guerra fría, el principal objetivo de la SIDE fue detectar comunistas (y todos aquellos que se le pareciera), información utilizada durante la última dictadura en la desaparición forzada de personas. Con el Gobierno de Alfonsín se inicia un proceso de desmilitarización de la SIDE (se separaron de sus cargos en solo dos meses a 860 empleados de inteligencia que habían servido a la dictadura), lo que luego se conoció como la mano de obra desocupada.

Con Menem, muchos de esos militares regresaron a la SIDE, y en la gestión de Hugo Anzorreguy, lo que debería ser Inteligencia Estratégica toma un rumbo totalmente errado y deja de lado la “prevención” para iniciar un proceso de colaboración en las investigaciones de causas radicadas en la Justicia Federal. Esta colaboración se convirtió en un mecanismo de cooptación y corrupción de jueces y fiscales conocido como “la cadena de la felicidad”: Un sistema de pagos (sobres) a jueces, fiscales y periodistas.

Con el gobierno de De la Rua nuevamente se hace una profunda limpieza dejando fuera a 1093 agentes, lo que desata profundas peleas internas, y la Secretaría cae nuevamente en las sospechas de todos los ciudadanos cuando se denuncia que de ella salió el dinero para lo que se conoció como “las coimas del Senado”.

Por último, en estos últimos 13 años, el kirchnerismo hizo uso de gran parte de los recursos de inteligencia (estratégica, militar y criminal) para avanzar en el control de opositores, periodistas, y dirigentes sociales. En este sentido, el recurso más utilizado ha sido la conformación de carpetas con datos de la vida privada que son utilizadas como mecanismo de extorción, lo que se conoce en el ambiente como “el carpetazo”.

La actual ley de inteligencia (aprobada en diciembre del 2001) es una buena ley, aunque perfectible. El desafío del próximo gobierno será cumplirla. Para el peronismo esto ha sido siempre muy difícil en la medida en que como movimiento populista confunde permanentemente Estado y Gobierno. Al considerar que ellos (Gobierno) son el Estado, legitiman la utilización de los instrumentos de inteligencia con fines políticos partidistas. Por el mismo motivo por el cual en argentina no existen Políticas de Estado, el peronismo no podrá tener una inteligencia del Estado, y la misma siempre será de gobierno, cualquiera sea la organización que quiera dársele. El problema no es de organización (que puede ser mejorado), el problema es de concepción política del Estado.

No obstante ello, para poder reencauzar los objetivos de los organismos de inteligencia será necesario eliminar de entre sus funciones las tareas de investigación que realizan y su estrecho vínculo con la Justicia Federal. Existe entre ambas disciplinas una distinción muy importante. La inteligencia trabaja sobre “casos”, y siempre es a los efectos de “prevenir un hecho”. Como decía más arriba, cuando se produce el hecho es el fracaso de la inteligencia, y es el inicio de la tarea de investigaciones, la que trabaja sobre “causas”, y su auxiliar es la Policía.

Uno de los problemas con el que se encontrará el próximo gobierno es la desconfianza que la Justicia Federal tiene sobre las Fuerzas de Seguridad y Policía de la Nación (Gendarmería, Prefectura y PFA). De hecho hemos visto en estos días como la fiscal de la causa de Nisman ha recurrido en varios procedimientos a la policía bonaerense y a la metropolitana. Desconfianza ganada con justa razón por un sinnúmero de hechos que la hacen sospechosas, pero principalmente porque ninguna de estas fuerzas ha sido reformada en sus misiones y objetivos, los que fueron fijados a mediados del siglo XX y bajo la impronta de la guerra fría. Si no queremos que la justicia recurra a los aparatos de inteligencia debemos garantizarles fuerzas de seguridad y policiales profesionales, confiables y capaces de poder rendir cuentas por lo que hacen y como lo hacen.

Otro gran tema que deberá discutirse es el control civil sobre estas organizaciones. El primer escollo que se presenta es que el secretismo en inteligencia es una condición necesaria para su eficiencia. Ahora bien, esto no significa que no pueda ser controlada.

El control de los aparatos de inteligencia se realiza desde el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Judicial. Para que se dé el primero, el control del Ejecutivo, es necesario que el gobierno que asuma entienda que estos organismos no son para hacer inteligencia de gobierno (estos organismos no son de uso personal), sino inteligencia de Estado, algo que al populismo le cuesta entender. Para ello debe fijarle los lineamientos estratégicos y un plan de inteligencia Nacional (esto está en la ley) y debe estar en conocimiento de estos el Congreso de la Nación. Y los organismos deben rendir cuenta del cumplimiento de estos lineamientos y plan.

En cuanto al Congreso, existe por parte de este la posibilidad de hacer tres niveles o clases de control: sobre las personas, sobre las actividades; y sobre el presupuesto. En cuanto el control sobre las personas, es básicamente sobre quien recae la designación de Secretario y su segundo. En nuestro país por ley lo designa el presidente, y puede “o no” consultar a la Comisión Bicameral de Control (nunca se consulta). Dentro de este aspecto, como ejemplo, en EEUU el jefe de la CIA (y otros) debe tener la aprobación del Congreso para su designación.

Sobre el control sobre las actividades, este es un punto más difuso, y así es en todo el mundo. No obstante si existen los lineamientos estratégicos y el Plan Nacional de Inteligencia definidos por el Poder Ejecutivo y estos han sido dado a conocer a los miembros de la Comisión de Control, al menos se puede hacer un control sobre ese plan, y verificar las desviaciones que puedan conocerse. Y finalmente sobre el presupuesto, una regla básica que se utiliza en otros países es el no aumentar las partidas presupuestarias cuando se retacea la información a la Comisión de Control Parlamentario. Ahora bien, para poder concretar eficientemente el control por parte del Congreso, hay que dejar de lado la utilización de la mayoría automática para aprobar leyes o impedir que la Comisión de Control se reúna.

En cuanto al control que debe ejercer la justicia, esto siempre recae sobre la Justicia Federal. Difícilmente ésta podrá ejercer el control si depende de los aparatos de inteligencia para llevar a cabo cualquier investigación. Es un requisito imprescindible romper el vínculo (connivencia) de la justicia y los aparatos de inteligencia.


Echar mano sobre estos oscuros aparatos no es tarea sencilla. Se requiere voluntad política para poner estos importantes organismos al servicio de la nación, pero principalmente se trata de cambiar la concepción con la que se entiende al Estado, porque de otra manera cualquier cambio será siempre cosmético. Se trata de ganar calidad democrática y republicana. 

Opiniones (1)
20 de octubre de 2017 | 11:21
2
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20 de octubre de 2017 | 11:21
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  1. TANTO QUE LO SACAN OPINANDO AL INUTIL ESTE!!! SI HASTA COBOS LO ECHO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD POR INUTIL (MIRA QUE HAY QUE SER INUTIL)...... NO SERA QUE PRONTITO SERA CANDIDATO A ALGO???? ¿EN QUE VAS PRENDIDO ORLANDO?
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