opinión

Pasado y presente de la SIDE

El repaso por lo que es hoy la Secretaría de Inteligencia.

Pasado y presente de la SIDE

 En diciembre del año 2001 en Mendoza comenzaban los saqueos que terminaron con la caída del Gobierno de la Alianza. En ese momento, estando a cargo de la Subsecretaría de Seguridad, pedí una reunión con quienes conforman lo que se conoce como la comunidad de inteligencia de la provincia: Secretaría de Inteligencia; Fuerzas de Seguridad y Policiales de la Nación. Mi inquietud era saber quiénes estaban detrás de los saqueos que se estaban realizando, y que nos adelantaran los supermercados en los que se realizarían los saqueos a los efectos de poder desarticular o prevenir la agresión. La reunión se hizo pero fue todo en vano. La conversación giró entorno a intentos golpistas de Seineldín desde la cárcel; si se estaba en presencia de un golpe de estado; qué harían las FFAA; y otras fabulaciones y delirios que no me servían en ese momento, ni tampoco me interesaban. Mi preocupación: ¿Quiénes eran y donde atacarían?, no lo pude saber por esa vía.

Básicamente, esa deberían ser las funciones de cualquier organismo de inteligencia: “prevenir”, dar información certera al decisor a los efectos de que este pueda tomar las mejores decisiones. Cuando el hecho ya ocurrió, nos encontramos frente al profundo fracaso de los sistemas de inteligencia. Es por ello que la organización de la Inteligencia del Estado se divide en tres grandes áreas: Inteligencia Militar, destinada a los temas de defensa; Inteligencia Criminal, destinada a combatir la delincuencia, especialmente aquella que llamamos organizada o trasnacional; e Inteligencia Estratégica Nacional, que es aquella que trata de identificar los riesgos y debilidades en cuanto a seguridad interior y exterior de Argentina.

Si la inteligencia Militar (a cargo Milani) funcionara, y quienes forman parte de ese organismo hubiesen estado haciendo lo que por ley se les ha encomendado (y no inteligencia interior), la Fragata Libertad jamás tendrían que haber amarrado en Ghana; Si la inteligencia Criminal (a cargo de Berni) funcionara (y no estar desarrollando el Proyecto X para espiar dirigentes sociales), Rosario no sería un festival para el narcotráfico ni habría la cantidad de homicidios que hay, y muchos menos habrían matado un Fiscal de la Nación; y si la Inteligencia Estratégica Nacional funcionara (la SI), no estaríamos enredados como país en un memorándum, al que se aprobó con mayoría automática en el Congreso, se hace gala de ello en Naciones Unidas,y a posteriori Irán lo manda al archivo poniéndonos en situación ridícula. Como estos ejemplos, hay centenares de ellos. El próximo gobierno tiene en este tema un gran desafío: poner a cada una de estas instituciones a hacer lo que tienen que hacer, y esto no será fácil.

Para hacer un rápido repaso que permita entender el contexto. La ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado, hoy Secretaria de Inteligencia: SI) fue creada por Perón terminada la segunda guerra mundial con el objetivo principal de controlar que hacían los propios y extraños. A partir de su derrocamiento, y entrada la época de la guerra fría, el principal objetivo de la SIDE fue detectar comunistas (y todos aquellos que se le pareciera), información utilizada durante la última dictadura en la desaparición forzada de personas. Con el Gobierno de Alfonsín se inicia un proceso de desmilitarización de la SIDE (se separaron de sus cargos en solo dos meses a 860 empleados de inteligencia que habían servido a la dictadura), lo que luego se conoció como la mano de obra desocupada.

Con Menem, muchos de esos militares regresaron a la SIDE, y en la gestión de Hugo Anzorreguy, lo que debería ser Inteligencia Estratégica toma un rumbo totalmente errado y deja de lado la “prevención” para iniciar un proceso de colaboración en las investigaciones de causas radicadas en la Justicia Federal. Esta colaboración se convirtió en un mecanismo de cooptación y corrupción de jueces y fiscales conocido como “la cadena de la felicidad”: Un sistema de pagos (sobres) a jueces, fiscales y periodistas.

Con el gobierno de De la Rua nuevamente se hace una profunda limpieza dejando fuera a 1093 agentes, lo que desata profundas peleas internas, y la Secretaría cae nuevamente en las sospechas de todos los ciudadanos cuando se denuncia que de ella salió el dinero para lo que se conoció como “las coimas del Senado”.

Por último, en estos últimos 13 años, el kirchnerismo hizo uso de gran parte de los recursos de inteligencia (estratégica, militar y criminal) para avanzar en el control de opositores, periodistas, y dirigentes sociales. En este sentido, el recurso más utilizado ha sido la conformación de carpetas con datos de la vida privada que son utilizadas como mecanismo de extorción, lo que se conoce en el ambiente como “el carpetazo”.

La actual ley de inteligencia (aprobada en diciembre del 2001) es una buena ley, aunque perfectible. El desafío del próximo gobierno será cumplirla. Para el peronismo esto ha sido siempre muy difícil en la medida en que como movimiento populista confunde permanentemente Estado y Gobierno. Al considerar que ellos (Gobierno) son el Estado, legitiman la utilización de los instrumentos de inteligencia con fines políticos partidistas.Por el mismo motivo por el cual en argentina no existen Políticas de Estado, el peronismo no podrá tener una inteligencia del Estado, y la misma siempre será de gobierno.

No obstante ello, para poder reencauzar los objetivos de los organismos de inteligencia será necesario eliminar de entre sus funciones las tareas de investigación que realizan y su estrecho vínculo con la Justicia Federal. Existe entre ambas disciplinas una distinción muy importante. La inteligencia trabaja sobre “casos”, y siempre es a los efectos de “prevenir un hecho”. Como decía más arriba, cuando se produce el hecho es el fracaso de la inteligencia, y es el inicio de la tarea de investigaciones, la que trabaja sobre “causas”, y su auxiliar es la Policía.

Uno de los problemas con el que se encontrará el próximo gobierno es la desconfianza que la Justicia Federal tiene sobre las Fuerzas de Seguridad y Policía de la Nación (Gendarmería, Prefectura y PFA). De hecho hemos visto en estos días como la fiscal de la causa de Nisman ha recurrido en varios procedimientos a la policía bonaerense y a la metropolitana. Desconfianza ganada con justa razón por un sinnúmero de hechos que la hacen sospechosas, pero principalmente porque ninguna de estas fuerzas ha sido reformada en sus misiones y objetivos, los que fueron fijados a mediados del siglo XX y bajo la impronta de la guerra fría. Si no queremos que la justicia recurra a los aparatos de inteligencia debemos garantizarles fuerzas de seguridad y policiales profesionales, confiables y capaces de poder rendir cuentas por lo que hacen y como lo hacen.

Otro gran tema que deberá discutirse es el control civil sobre estas organizaciones. El primer escollo que se presenta es que el secretismo en inteligencia es una condición necesaria para su eficiencia. Ahora bien, esto no significa que no pueda ser controlada.

El control de los aparatos de inteligencia se realiza desde el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Judicial. Para que se dé el primero, el control del Ejecutivo, es necesario que el gobierno que asuma entienda que estos organismos no son para hacer inteligencia de gobierno (estos organismos no son de uso personal), sino inteligencia de Estado. Para ello debe fijarle los lineamientos estratégicos y un plan de inteligencia Nacional (esto está en la ley) y debe estar en conocimiento de estos el Congreso de la Nación. Y los organismos deben rendir cuenta del cumplimiento de estos lineamientos y plan.

En cuanto al Congreso, existe por parte de este la posibilidad de hacer tres niveles o clases de control: sobre las personas, sobre las actividades; y sobre el presupuesto. En cuanto el control sobre las personas, es básicamente sobre quien recae la designación de Secretario y su segundo. En nuestro país por ley lo designa el presidente, y puede “o no” consultar a la Comisión Bicameral de Control (nunca se consulta). Dentro de este aspecto, como ejemplo, en EEUU el jefe de la CIA (y otros) debe tener la aprobación del Congreso para su designación.

Sobre el control sobre las actividades, este es un punto más difuso, y así es en todo el mundo. No obstante si existen los lineamientos estratégicos y el Plan Nacional de Inteligencia definidos por el Poder Ejecutivo y estos han sido dado a conocer a los miembros de la Comisión de Control, al menos se puede hacer un control sobre ese plan, y verificar las desviaciones que puedan conocerse. Y finalmente sobre el presupuesto, una regla básica que se utiliza en otros países es el no aumentar las partidas presupuestarias cuando se retacea la información a la Comisión de Control Parlamentario. Ahora bien, para poder concretar eficientemente el control por parte del Congreso, hay que dejar de lado la utilización de la mayoría automática para aprobar leyes o impedir que la Comisión de Control se reúna.

En cuanto al control que debe ejercer la justicia, esto siempre recae sobre la Justicia Federal. Difícilmente ésta podrá ejercer el control si depende de los aparatos de inteligencia para llevar a cabo cualquier investigación. Es un requisito imprescindible romper el vínculo (connivencia) de la justicia y los aparatos de inteligencia.

Echar mano sobre estos oscuros aparatos no es tarea sencilla. Se requiere voluntad política para poner estos importantes organismos al servicio de la nación. Se trata de ganar calidad democrática y republicana. 

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