opinión

La revisión de los términos de los mandatos y las reelecciones

No puede hablarse de una reforma del régimen electoral sin plantear los términos o duración de los mandatos de todas las autoridades instituidas.

La formulación de una reforma integral del régimen electoral impone el análisis de otros factores que, por representar verdadera riqueza significativa, demuestran mayor capacidad o importancia cualitativa para redefinir el sistema político-electoral y general transformaciones sustanciales en el régimen. Por ello sostenemos que a partir de las conclusiones que se adopten respecto a ciertas temáticas (objetivos y/o valores políticos a garantizar o por lo menos promover), deben estructurarse las respuestas normativas concretas e integrales -en términos de lo que se ha denominado ingeniería constitucional-.

No puede hablarse propiamente de una reforma del régimen electoral -por lo menos en sus aspectos más sustanciales y dotados de capacidad para generar cambios de importancia en el sistema- sin plantear ésta dentro del marco de una necesaria reforma política, que integre en el análisis (con vista en la realidad de la dinámica política), un factor que resulta de vital importancia para la determinación del sistema político y del régimen electoral, como es los términos o duración de los mandatos de todas las autoridades instituidas (Gobernador y Vicegobernador, Diputados y Senadores; Intendentes y Concejales; Magistrados y Fiscales; miembros de organismos de contralor como Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, entre otros) y la determinación equilibrada de las posibilidades de reelección o no de todos ellos.

Nuestro sistema constitucional establece un sistema político provincial en el que el gobernador, autoridad máxima del poder ejecutivo, no tiene posibilidades de reelección inmediata. A la vez, permite la reelección indefinida de las restantes autoridades representativas: diputados y senadores a nivel provincial; intendentes y concejales a nivel municipal. Finalmente, prevé algunos mandatos que lo exceden temporalmente (como en la Dirección General de Escuelas o el Departamento General de Irrigación) otros con estabilidad constitucional, esto es, mientras dure su buena conducta, como jueces y fiscales, miembros de organismos de contralor (Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Tribunal de Cuentas, entre otros).

Ello, en un marco político nacional demarcado por un fuerte liderazgo presidencial (conductor histórico e indiscutido del proceso político), con un Presidente reelegible, al igual que los legisladores -tanto diputados como senadores nacionales-; y con gobernadores de provincias que en abrumadora mayoría son reelegibles, generalmente en forma indefinida.

Por demás, y mirando los aspectos sociológicos, con factores de poder que también le exceden sobradamente en el tiempo: mandatos reelegibles en gremios, asociaciones de trabajadores, sindicatos, cámaras empresariales, universidades, organizaciones sociales, etc.

¿Qué relación tiene este marco con lo que venimos sosteniendo? Pues bien, para modificar el régimen electoral es necesario buscar el equilibrio de todos esos factores, pues si bien no es bueno, para el estado, que un funcionario absorba en sí excesivo poder, tampoco es aconsejable, para ese mismo estado, que un gobernante tenga un poder tan menguado (ambos, poder y gobierno, elementos consustanciales del Estado) que posibilite su condicionamiento o licuación desde arriba, desde los costados y desde abajo. En otros términos, que tenga que luchar con factores supra-estatales provinciales e infra-estatales provinciales, que le superan en fuerza, capacidad, poder y permanencia.

Puede manifestarse que la prohibición de la reelección del gobernador ha dado como saldo positivo en nuestra provincia una permanente renovación en los funcionarios principales de los gobiernos provinciales y una nunca excesiva acumulación de poder en la figura del gobernador. Asimismo ha presentado, dada la posibilidad de reelecciones indefinidas de otros mandatos y cargos, una creciente debilidad política, de suyo innata y consustancial (máxime si le agregamos una elección legislativa al término de sus dos primeros años de gobierno y al comienzo de sus últimos dos).

Con ello, toda la lógica política y entre ella, la dinámica electoral, se mueve en tal dirección. Es necesario entonces redefinir los términos de los mandatos y las reelecciones, equilibrándolas para evitar todo tipo de funcionario perenne. No se trata de promover la reelección del gobernador, sí de observar que el esquema actual, por no resultar razonable, debe ser modificado para equilibrar las diversas fuerzas que interactúan en la dinámica política electoral.

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24 de noviembre de 2017 | 19:51
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