opinión

YPF: un barril sin fondo

Anticipo exclusivo, un capítulo del libro "La gran estafa".

YPF: un barril sin fondo

Como un regalo de fin de año, el 31 de diciembre de 1990 se sentaron las bases para pasar a dominio privado todo el capital social de YPF. Carlos Menem firmaba ese día el decreto por el cual se transformaba a “Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Sociedad del Estado” en “YPF Sociedad Anónima” y el Estado Nacional asumía la deuda de la empresa existente hasta esa fecha.

Los argumentos dados para concesionarla fueron los mismos que el Gobierno dio para privatizar cualquier otra empresa estatal. Como si se tratara de un eslogan se repitió esta frase: “Mayor eficiencia en la explotación traerá más
eficacia y mayor calidad del producto, a menor precio”.

En realidad, lo único que se buscó eran beneficios a corto plazo, ya que la venta inicial por un pequeño porcentaje de la compañía se hizo por sólo 2.000 millones de dólares, destinados a cubrir rojos en el pago de los intereses de la
deuda pública.

El proceso de venta siguió en octubre de 1992 cuando, por la ley 24.145, se privatizó el resto del capital social disponible de la flamante YPF SA y se transfirió a las provincias el dominio público de los yacimientos de los hidrocarburos.

Este traspaso originó un grave inconveniente a los gobiernos provinciales, ya que tenían el recurso pero no podían explotarlo por carecer de una empresa propia que se hiciera cargo de las operaciones.

Al año siguiente, fondos mutuales de los Estados Unidos compraron acciones colocadas en las Bolsas de Comercio de Nueva York y Buenos Aires. En esa ocasión, se ubicó el 45% del capital accionario, por 3.400 millones de dólares.

Es recién en 1998 cuando aparece en escena la española Repsol. Ese año adquiere el 5% de las acciones en poder del Estado. A principios de 1999 compra otro 14,99% y en junio de ese año se alza con otro 55% de la YPF estatal y también con el 11% restante, que estaba en manos de las provincias. Con esta avanzada logró hacerse de casi el 90% del paquete accionario, tras desembolsar 17 mil millones
de dólares.

La historia de Repsol tiene cierto paralelismo con la de YPF, ya que al igual que la argentina, la petrolera española fue privatizada. En 1986 el Estado español creó Repsol como un organismo público de participación estatal, pero en 1997 la vendió a un grupo de accionistas, que al poco tiempo trazó el objetivo de expandir a la compañía en América latina. La Argentina fue una excelente cabecera de playa
para desembarcar en la región.

La compra de YPF representó para Repsol una opción ideal de complementación industrial. Hasta ese momento, los activos de Repsol se concentraban en industrializar y comercializar hidrocarburos, mientras que la exploración y la producción representaban una escala mucho menor.

Los activos de YPF, en tanto, se componían exactamente al revés: la exploración y producción le significaban el 64% del negocio, el doble de lo que la empresa dedicaba al rubro industrialización y comercialización.

Por lo tanto se trataba de un muy buen negocio para Repsol, ya que sus activos y los de YPF se complementaban perfectamente para llegar a ser “una de las petroleras más grandes del mundo”, tal como rezaba un eslogan de Repsol
en los noventa. Tal negocio consistía en comprar una empresa que hizo el gran esfuerzo de explorar y perforar para disfrutar de los ingresos de la venta del producto y sus derivados.

Es sabido que la inversión destinada en los primeros segmentos del proceso productivo (explorar y perforar hasta producir) es mucho más riesgosa y costosa que el transporte y la distribución. En el primer caso, la inversión no siempre es segura; mientras que en el segundo, una vez hecha la instalación de la infraestructura necesaria, el mantenimiento representa un costo menor. Por lo tanto, el negocio de Repsol consistió en comprar una empresa que ya había hecho
el gran esfuerzo de explorar y perforar. Con el trabajo “sucio” ya consumado, al concesionario le quedó el camino despejado para disfrutar de los ingresos que genera la venta del petróleo y sus derivados. Y más aún si es beneficiado por un escenario internacional de alza de precios del barril de crudo.

Sería incorrecto cuestionar a Repsol por esta política comercial. En realidad, como empresa que es, no hizo más que cumplir con su función lucrativa. Fue el Estado argentino el que debió haber previsto una situación como la descripta. No lo hizo, así como tampoco se aseguró el manejo de los instrumentos que garantizaran, por ejemplo, exportar sólo el excedente de la producción, asegurar el autoabastecimiento, obligar a las empresas a invertir en tareas de exploración y fijar el valor de costo de producción y no el valor internacional como precio de referencia para el mercado interno.

En este contexto y autorizada por el Gobierno, Repsol convirtió al país en exportador de petróleo. La consecuencia de lo que para muchos fue un desatino, hoy está a la vista: se redujeron las reservas de crudo (de 25 a 8 años) y de gas (de 40 a 10 años). Y todo porque el neoliberalismo hizo del petróleo un commodity de exportación, en vez de considerarlo como lo que siempre fue: un insumo estratégico al servicio del desarrollo del país. El Estado vendió a os nuevos concesionarios las reservas “probadas” de 250 illones de metros cúbicos, contenidas en ciento ochenta acimientos de los que se extrajeron centenares de millones de metros cúbicos de crudo.

Las compañías petroleras privadas tuvieron una decisiva participación en el diseño y la aplicación de la políticaprivatizadora del petróleo en nuestro país. Se encontraronasimismo con un marco regulatorio que no las forzaba areemplazar las reservas que explotaban. Esa actividad tieneun costo y un esfuerzo que las multinacionales no están dispuestas a hacer fuera de sus países de origen, más aún si las normativas no se lo exigen.

La YPF estatal había alcanzado un nivel de reservas de petróleo de 350 millones de metros cúbicos en 1970, que se mantuvo aproximadamente constante hasta 1990. Esto significa que se descubrió en ese lapso más o menos igual cantidad de petróleo que el extraído.

Antes de la privatización, el Estado contrató a certificadoras internacionales que bajaron el nivel de reservas de 350 millones a 250 millones de metros cúbicos. Cinco años tardaron las empresas beneficiadas con la privatización para “recuperar” esos 100 millones de metros cúbicos: sólo tuvieron que revalorizar los “viejos” yacimientos de YPF, ahora de su propiedad.

En 1995, oficialmente el país ya tenía otra vez los 350 millones de metros cúbicos de reservas que había logrado a partir de 1970, sin descubrir nuevos yacimientos. Luego siguió el blanqueo de reservas no declaradas y una mayor recuperación de petróleo en los viejos yacimientos de YPF, ayudada por la evolución tecnológica de la industria.

La producción actual de crudo en el país es de 37 millones de metros cúbicos anuales y existe una reserva aproximada de 416 millones. La cuenca más importante es la neuquina, con una producción de 18 millones de metros cúbicos en cuatro mil pozos abiertos y reservas por 134 millones de metros cúbicos. Le siguen la cuenca del Golfo de San Jorge, con una producción de 16 millones de metros cúbicos, reservas por 183 millones y cinco mil seiscientos pozos; luego, la cuenca Cuyana con 2.372.000 metros cúbicos de producción, 22 millones de reservas y dos mil cuatrocientos pozos, y la cuenca Austral con 2.600.000 metros cúbicos de producción, reservas por casi 19 millones y dos mil cuatrocientos pozos.

En el último renglón está la cuenca Noroeste, con mil seiscientos pozos que producen un millón de metros cúbicos al año y tiene reservas por 11 millones.

Cerca del 95% del total de estas reservas corresponde a los viejos yacimientos de la YPF estatal. La curva de producción demuestra que hace veinte años se manifestó una verdadera explosión en la extracción de crudo, pero la contracara de este fenómeno fue la caída sostenida a lo largo de los años 2000. Al respecto, un trabajo del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi indica que en 1990 se producían 76.723 metros cúbicos por día, que el pico máximo se registró en 1998 con un récord de 134.653, luego decayó a 118.055 en 2003 y a 90.869 diarios en 2012.

En la Argentina se aplicó un esquema en el cual el Estado cedió la responsabilidad, el riesgo y los beneficios principales a las empresas privadas. La renta es el resultado de ingresos menos costos, con el Estado que se apropia de una parte. Con las privatizaciones, el reparto pasó a ser de 60% para las empresas y 40% para el Estado, que recibía regalías, impuesto a las ganancias y retenciones. Como el Estado se retiró de la planificación, del control y de la explotación directa, las compañías privadas, aun siendo inquilinas de las reservas, decidieron cuánto sacaban y a quién le vendían.

Lo cierto es que la privatización significó para el Estado una pérdida de ingreso anual de cientos de millones de dólares, que en los últimos quince años representó una gigantesca transferencia hacia el sector petrolero privado.

A esto se agrega que el sector energético entró en una crisis estructural de una profundidad insospechada, que se acentúa por la fortaleza del crecimiento económico y el aumento de la demanda.

Adicionalmente, las reservas de gas natural no pueden sostener los compromisos internos y externos. Y todo como consecuencia que desde 1989 la exploración fue mínima y no se construyó ningún gasoducto troncal para el mercado interno. Por el contrario, se construyeron diez para vender afuera. En oposición, el 40% de los hogares argentinos no accede al gas natural por red y debe adquirirlo envasado y a precios internacionales.

En estas condiciones, la Argentina fue perdiendo su rango de país autoabastecido de petróleo para convertirse en un neto importador en menos tiempo del pensado, al combinarse el sostenido crecimiento de la economía y la continua merma en la producción de crudo.

Por otra parte, recurrentemente fue puesto en debate el tema de la acción de oro. La ley 25.145 de Privatización de YPF y su modificatoria 24.474 establecieron que el Estado tuviera poder decisorio ante determinadas situaciones que afectaran la composición accionaria y aspectos esenciales del funcionamiento operativo de Repsol YPF. Pero desde el Poder Ejecutivo se esgrimió en los años 2000 que el Estado carecía de facultades legales para cambiar la situación heredada de los años noventa, bajo el argumento que en la gestión de Roque Fernández al frente del Ministerio de Economía fue vendida a Repsol la llamada acción de oro.

Como el Estado argentino no sólo privatizó YPF sino que además vendió su acción dorada, se quedó sin el as de espadas. Esa acción le confería a la Argentina poder de veto o, sin llegar a ese extremo, como mínimo una voz que infundiera respeto en el directorio.

De haber conservado esa arma, el Gobierno habría podido condicionar, desde su misma gestación, los planteos que la petrolera le haría sobre asuntos como las retenciones.

En cambio, al Estado sólo le quedó la presión política, sin sustento legal que la respaldara.

Repsol es una empresa con capitales privados mayoritariamente españoles, con predominancia del sector financiero, y sin olvidar a grupos estadounidenses, que cotizan en las bolsas de Nueva York, Buenos Aires y Madrid, donde está la casa central de la compañía. Consecuentemente, el control del Estado español sobre la empresa no es accionario sino político.

La filial YPF le representó a Repsol el 55% de sus negocios globales. Repsol llegó a controlar la sociedad con el 99,04% del capital, compuesto por 393.312.793 acciones.

El resto estaba en manos de pequeños accionistas, entre los que figuraba el Estado con mil acciones, equivalentes al 0,02% del total.

Si el Estado hubiera conservado la acción de oro, se le habría requerido ineludiblemente su voto afirmativo para fusiones, para la venta de más del 50% de las acciones de la sociedad en caso de copamiento accionario consentido u hostil, para el cambio de domicilio fiscal fuera de la Argentina, para la transferencia total de los derechos de exploración y explotación o para la disolución voluntaria de la sociedad.

Cuando años atrás se empezó a expandir el rumor de que Repsol lanzaría la llamada Oferta Pública de Venta (OPV) para desprenderse de una parte de sus activos en la Argentina, la onda expansiva llegó a todo el mundo de los hidrocarburos. Incluso hubo versiones que señalaban a otros pesos pesados del petróleo mundial interesados en quedarse con el negocio de las operaciones de Repsol en la Argentina. De haberse concretado la venta de todo el paquete accionario que estaba en poder de los españoles, el Estado argentino nada habría podido hacer para oponerse.

Opiniones (1)
20 de noviembre de 2017 | 19:05
2
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20 de noviembre de 2017 | 19:05
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  1. QUE GRAN TRISTEZA Y BRONCA SIENTO POR EL SAQUEO Y EL DESPOJO DE LOS GOBIERNOS LADRONES Y DE CUARTA QUE HEMOS TENIDO.- HABRÍA QUE JUZGARLOS A TODOS Y COLGARLOS EN UNA PLAZA COMO A MUSSOLINI.-
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