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El decreto 929/13 evidencia el fracaso de la política energética que arrastra a las provincias

YPF ,a más de un año de su estatización, lejos de crecer al 6% anual manifiesta una caída de del 0,5%.

YPF, responsable del 33% de la producción nacional de petróleo y del 23% de la de gas, a más de un año de su estatización, lejos de crecer al 6% anual como lo preveía su plan de inversiones, manifiesta una caída de producción del 0,5%. De enero a mayo del 2013 la producción nacional de petróleo cayó un 4,4%. Es decir que la nueva gestión estatal de YPF no logra diferenciarse de la gestión privada anterior y ha seguido agudizando la problemática de caída de producción y dependencia de importaciones, dando como resultado estimado un déficit de la balanza comercial energética de U$S 6600 millones.

Al asumir la nueva gestión, YPF presentó el Plan Estratégico 2013/2017, en el que preveía una inversión millonaria de U$S 37.000 millones de pesos, lo que representa unos U$S 7.000 millones anuales. Las fuentes de financiamiento dependían de: a) la posibilidad de tomar deuda en el mercado de capitales; b) contar con generación de fondos propios o c) conseguir socios externos.

El mercado internacional de capitales le está vedado por el conflicto con Repsol y porque Argentina representa el mayor riesgo país de la región, haciendo inaccesible el financiamiento por esta vía. Por ello, se tuvo que recurrir al débil mercado local logrando sólo U$S 2.500 millones, secando la plaza de financiamiento para el resto de las empresas (al emitir obligaciones negociables poco sostenibles al mediano plazo) que rinden un 20% anual. Tampoco cuenta con importantes fondos propios ya que a pesar del aumento de los combustibles, para el 2012 la ganancia operativa de la empresa fue de $7.903 millones un 9,9% de crecimiento nominal interanual, tasa que corregida por inflación resulta negativa.

Fracasadas las anteriores fuentes de financiamiento, se focalizaron en la opción de conseguir socios estratégicos, suscribiendo alianzas con la estadounidense Chevron y con Bridas (de capitales chinos) en diciembre del 2012. Es en el marco de dichos acuerdos que aparece el plan de promoción de inversiones promovido por el decreto 929/13.

El decreto 929/13 es un traje a medida del convenio firmado con Chevrón, por el que se hará un plan piloto de perforación aproximada de 100 pozos de Shale Oil en Vaca Muerta, con una inversión de U$S 1.000 millones, olvidando los juicios internacionales que pesan sobre Chevron. Esto es una muestra palmaria del fracaso de la política energética y económica de este gobierno, que ha desestimulado la inversión y perseguido a los sectores productivos, deteriorando su competitividad.

Descontrol inflacionario; apreciación, desdoblamiento y cepo cambiario; discrecionalidad en las reglas del comercio exterior con cierres caprichosos de exportaciones e importaciones; obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación a un dólar oficial retrasado, y de pagar el aumento de sus costos al ritmo de un dólar blue afectado por el proceso inflacionario; y un grupo de inexpertos, soberbios y verborrágicos funcionarios mintiendo con la estadística publica, cambiando reglas de juego, contradiciendo su propio discurso y persiguiendo, interviniendo o beneficiando selectivamente empresas, son un combo insostenible para el desarrollo de cualquier inversión.

La situación de Mendoza es particularmente extrema, la producción de petróleo crudo de YPF en Mendoza lleva 8 años de caída, produciendo actualmente el 60% de lo que producía en el 2005. Este derrumbe no ha cambiado con la nueva gestión estatal de YPF: el 2012 registro la mayor caída interanual de producción de crudo desde el 2004 (-8,2%) y la destilería Luján de Cuyo mostró una caída del 3,3% en la refinación.

El decreto 1277/12 formó una Comisión integrada por los Secretarios Kicillof, Moreno y Cameron, quienes iban a realizar un plan nacional de inversiones que nunca se hizo, arrogándose facultades sancionatorias y de regulación en materia de inversiones por encima de las provincias. Hoy el decreto 929/13 da un paso más en manos de gente inexperta y desorientada, permitiéndole a esta Comisión promover planes de inversión de explotación no convencional de hidrocarburos, generando nuevas concesiones, dividiendo aéreas petroleras, modificando las condiciones de concesión ya otorgadas por las provincias, obligando a los estados provinciales a actuar sobre el hecho consumado, al no tener injerencia previa sobre el plan de inversiones aprobado por dicha comisión y sobre la calificación del futuro concesionario.

La producción nacional de petróleo ha caído un 33% desde su pico máximo en 1998 y la de gas un 15% desde su máximo en el 2004, y la improvisada política hidrocarburífera nacional no ha hecho más que agudizar este crítico desenlace, además de retacearle los recursos que por regalías corresponden a las provincias. Hoy Nación le adeuda a Mendoza casi 5.000 millones de pesos en concepto de regalías, en el 2002 las regalías representaban el 24% de los recursos fiscales provinciales; hoy, solo el 9%.

Los Gobiernos provinciales deben decir basta y reaccionar, porque de no hacerlo seguirán pagando el alto costo de resignación de administración de sus políticas públicas y de la caída de actividad, impulsando aumento de desempleo y pobreza. Su firmeza permitirá que los legisladores nacionales logremos la derogación de los decretos 1277/12 y 929/13 y le devolvamos al Congreso de la Nación sus facultades legislativas, para sancionar una nueva ley integral de hidrocarburos que respete el dominio originario de las provincias productoras, y fije un marco estable para una actividad de alto riesgo, y plazos de inversión que permitiría dar gran impulso a la economía nacional y provincial.

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24 de enero de 2018 | 00:52
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