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Las denuncias contra el jefe del Ejército amenazan a una campaña anodina. Verbitsky y Carlotto, y las dudas.

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A esta altura, el entorno de la presidente Cristina Kirchner se divide en dos posturas por el “caso Milani”: una considera que las denuncias son “inconsistentes” y una maniobra más del antikirchnerismo (mediático y político, en ese orden) para “limar” al oficialismo; la otra admite que puede ser así, pero también advierte que puede ser muy difícil sostener al jefe del Ejército con un testimonio que lo incrimina, aunque ese testigo no haya declarado nunca en sede judicial.

La entrevista de radio Mitre al demorado denunciante, Ramón Olivera, le da la razón a las dos posiciones. Dijo Olivera que en 1977, un joven subteniente Milani lo llevó desde la cárcel riojana donde estaba detenido de manera ilegal ante el juez Roberto Catalán. En algún momento de ese procedimiento apunta Olivera que el oficial “conversó” con él y le contó que se habían llevado a su padre por “averiguación de antecedentes”. También relata que cuando lo devolvieron a la cárcel, ahí sin la presencia de Milani, lo amenazaron y le hicieron “simulacros de fusilamiento”. El padre de Olivera sufrió un ACV mientras estuvo detenido y, según su hijo, los captores lo dejaron en ese estado en la vereda de su casa.

Olivera fue el secretario de la comisión provincial que investigó las violaciones de los derechos humanos en La Rioja. La presidió el ex legislador y ex juez Miguel Ángel Morales, quien consultado por MDZ Online se mostró sorprendido por las nuevas revelaciones.

Morales reveló que “de los testimonios se fue extrayendo el personal que fue citado por los testigos. Ya sea de las fuerzas armadas, civiles, de seguridad, todo. Inclusive el señor Olivera fue secretario de la Comisión de Derechos Humanos y era su tarea incluirlo, en todo caso, en la lista de represores”. Pero en 1984, cuando fue redactado el primer Nunca Más riojano, en el que Morales y Olivera participaron, el primero dice que no hubo mención del caso. Muchos años más tarde, en 2010, luego de rescatar una copia de aquel informe en el juzgado que conducía, Morales le hizo una copia en papel y otra digital para entregársela al gobierno provincial. Y luego, la Legislatura realizó una nueva impresión que le entregaron en una visita al ex presidente Néstor Kirchner, como lo reflejan los medios de entonces.

En su ascenso anterior, Milani sorteó las preguntas en la comisión respectiva del Senado, lo que profundizó las dudas acerca de la aparición del testimonio de Olivera. Y la de un conscripto, que ahora lo involucró con la desaparición del “colimba” Roberto Ledo. Naturalmente, que las denuncias no se hubieran hecho antes no las invalida, pero está claro que se disparan ahora dos cuestiones: una, política, que puede poner en la cuerda floja la designación de Milani al frente del Ejército; y otra judicial, porque deberá iniciarse una investigación que, seguramente, llevará varios años.

El tema es delicado. La Presidente se vería complicada para mantener a Milani en la conducción de su fuerza. En particular, porque las denuncias surgen en una ya lanzada campaña electoral. No se aplican al titular del Ejército los cánones de cualquier otro colaborador. Y además se trata de denuncias de violaciones de los derechos humanos, un tema del que el kirchnerismo ha hecho una cuestión nodal de su década en el poder.

En este contexto, las dudas en las cercanías de la Presidente reflejan las que deslizaron, por ejemplo, Estela de Carlotto, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, quien dijo que no disponían en esa entidad de información precisa sobre el caso pero que, si se probara la participación de Milani en los hechos denunciados, “tiene que ser desplazado”. Para establecer pruebas, lo dijimos, debería sustanciarse un proceso judicial que llevará mucho tiempo.

La disputa política detrás del caso quedó “blanco sobre negro” con una carta de lectores que Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le envió al diario La Nación, que, como se negó a publicarla, fue difundida por esa ONG. Señala la nota: “Ante la insistencia de La Nación en vincular al CELS con la designación del general César Milani al frente del Ejército, consideramos necesario aclarar, una vez más, que el organismo no impulsa, promueve o defiende ascensos en el ámbito militar. Como todos los años, realiza una búsqueda de información respecto de los postulantes a ascensos, impugnando a aquellos sobre los cuales posee información fehaciente de su participación en delitos de lesa humanidad y atentados contra el orden democrático. Las fuentes utilizadas son los documentos producidos por las víctimas del terrorismo de Estado, sus familiares y los organismos de derechos humanos; el litigio de las causas tramitadas en instancias nacionales e internacionales; material indubitable de los medios de comunicación, libros y otras fuentes públicas. En todos los casos se aclara que su información es incompleta y debe ser cotejada y complementada con información producida por el propio Estado”.

En la última línea aparece lo que algunos medios consideraron un “desmarque” de Verbitsky en relación al caso. Algo que también supieron leer quienes en el Gobierno intuyen que el caso Milani puede ser un escollo peligroso en una campaña que parecía enderezarse. ¿Advierte el titular del CELS que al ministerio de Defensa “se le pasó” anticipar los potenciales conflictos que podía generar la designación del jefe militar? ¿O fue la propia Cristina quien lo eligió? Si fue así, pasará tiempo antes de que se sepa. Cristina es la cara de la campaña en estas elecciones legislativas cruciales, en las que impulsa hacia arriba a los candidatos que unge, según pudo comprobar el ignoto Martín Insaurralde en la última semana.

El también flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, no será el fusible que explote en esta incipiente crisis. Tampoco tiene a mano la Presidente a Nilda Garré, ya designada -no sin problemas- como embajadora ante la Organización de Estados Americanos. Así las cosas, el gobierno tratará de surfear el conflicto creado por el nombramiento de Milani. Descubierto un filón con imprevisibles consecuencias electorales, y en un escenario de aparente paridad, no parece que nadie esté dispuesto a hacérselo fácil.

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