opinión

Un fallo contra la justicia injusta

Sigue el debate sobre la condena a perpetua por la que Argentina fue sancionada.

Un fallo contra la justicia injusta

Por Claudia Cesaroni*

La Argentina ha violado los derechos a una sentencia justa, al debido proceso,  a la vida y la integridad física de más de una decena de adolescentes, desde que en 1999 se aplicaron las primeras condenas a prisión perpetua a jóvenes que habían cometido delitos graves antes de los 18 años de edad, es decir, cuando conforme la Convención de los Derechos del Niño con jerarquía constitucional, eran niños. Que algunos de esos casos hayan llegado a ser denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002, luego de que les respondieran que no era posible, por haberse agotado un plazo que los jóvenes presos no conocían, fue producto de compromisos personales e institucionales  que lograron sortear los obstáculos de burócratas de todo tipo: burócratas judiciales, que aplicaron estas condenas y que las confirmaron -incluido Pedro David, actual y prominente miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, que fue el primer voto en el fallo confirmatorio de la Sala II de esa misma Cámara, en 2001-, y Raúl Madueño, también miembro actual de la CFCP; burócratas de los poderes ejecutivos de  sucesivos períodos constitucionales;  burócratas diputados y senadores que durante todos estos años, desde 2001 hasta 2013, arguyeron que nada se podía hacer, que eran casos muy graves, que si se conmutaban las penas, o se sancionaba una ley de topes que limitara el número de años que se aplicara a un adolescente por sus delitos, "se nos van a venir  los familiares de las víctimas encima", "nos van a matar en los medios", "tenés que entender, no hay condiciones políticas".

Pero el problema más grave no es ese. El problema más grave, y del que esta sociedad tendrá que hacerse cargo, es que mientras esas frases eran pronunciadas,  uno de los adolescentes condenados a prisión perpetua, Ricardo David Videla Fernández, al que los medios le decían  "Perro", porque así se lo consideraba, un perro salvaje, apareció colgado en una celda de castigo de la Penitenciaría de Mendoza, el 21 de junio de 2005. Y otro de los jóvenes, Lucas Matías Mendoza, casi ciego, y preso en su casa después de estar 15 años encerrado en cárceles de máxima seguridad, sin contención y sin acompañamiento real, volvió a caer, y no se enteró de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque está internado desde el mismo 4 de julio en el Hospital de la Cárcel de Devoto con dos puntazos en el cuello. Y Claudio David Núñez, en libertad desde agosto del 2012 por un fallo tardío de la Cámara Nacional de Casación Penal, se entera quizá de la decisión de la Corte IDH, pero desde un pabellón de Devoto, donde volvió también, porque ninguna de las áreas del Estado lo estaba esperando para ayudarlo a construirse con algún proyecto de vida,  después de pasar más de la mitad de su vida preso, primero en hogares, luego en institutos, finalmente en las peores cárceles de este país que todavía tiene tanto que hacer para garantizar los derechos de todos sus integrantes.

Lo venimos diciendo desde el año 2002, cuando conocimos los casos: las condenas a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años son inconstitucionales. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación perdió una oportunidad para decirlo también, y en su fallo "Maldonado", de diciembre de 2005, resolvió algo parecido a un "NI": no las declaró inconstitucionales, pero mandó a dictar nueva sentencia. Desde entonces, han aparecido otros casos en Mendoza y Chaco, y varios fiscales han solicitado la imposición de este tipo de penas para adolescentes, a los que se les terminan imponiendo 15 o 20 o 25 años de prisión, como si la perspectiva de pasar más del doble de su tiempo de vida presos, fuera una pena acorde con los postulados del derecho penal juvenil.

El Estado argentino tiene que reparar a las víctimas de esta brutalidad judicial que ningún área del Estado se atrevió a  resolver durante todos estos años. Estos jóvenes cometieron delitos graves, eso está fuera de discusión. Lo que no se podía hacer con ellos, que tenían 16 o 17 años, era aplicarles una pena brutal, desmedida e igual a la que les hubiera correspondido si hubieran sido adultos. Aún con el Régimen Penal de la Minoridad, decreto ley 22.278, un engendro de la dictadura, aún con ese instrumento creado por burócratas al servicio del genocidio, las penas de prisión perpetua no debían ni podían ser aplicadas, una vez que nuestro país había ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y le había otorgado jerarquía constitucional en 1994, como hemos explicado largamente a lo largo de estos años.

El Estado argentino, además, tiene que sancionar un nuevo régimen penal juvenil, pero sin baja de edad de punibilidad, es decir, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en los 16 años, y estableciendo un tope de pena  que excluya las perpetuas y las condenas de larga duración que  son inhumanas en sí mismas, y mucho más, cuando se ejecutan sobre jóvenes y adolescentes.

Sólo así, esta larga espera de justicia habrá tenido algún sentido y las víctimas de esta violación de derechos humanos, hoy hombres sobrevivientes, y la familia de Ricardo David Videla Fernández, podrán intentar reparar algo del sufrimiento que el Estado les provocó.

(*) Autora de "La vida como castigo. El caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina", Editorial Norma, 2010. Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Opiniones (5)
16 de diciembre de 2017 | 08:23
6
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16 de diciembre de 2017 | 08:23
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  1. No se que pensaría esta mujer si hubiera sufrido una tragedia en su familia (muerte o violación de uno de sus hijos) a manos de uno de estos jóvenes que tanto defiende
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  2. ESPERO QUE A LA AUTORA DE LA NOTA, NO LE TOQUE ENFRENTARSE A NINGUNO DE LOS QUE HOY DEFIENDE CON TANTA PASION. ESTOY SEGURO QUE NO LE ALCANSARA EL TIEMPO PARA ARREPENTIRSE DE TANTA IGNORANCIA.-
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  3. Está perfecto el informe. Estas sentencias son injustas. Todo el que tenga menos de 18 y se sirva a un semejante (o mas), y cuando digo semejante solo es porque el muerto respiraba lo mismo que el que lo mató, tenía dos piernas, dos ojos, dos brazos y se supone que pensaba también, debe ser reinsertado en un pelotero que quede cerca de su casa, cosa que no tenga que gastar en pasaje, que tenga aire acondicionado, no vaya a ser que pase calor o frío, y en lo posible que tenga habilitación para portar armas, no vaya a ser que el padre o el hijo, hermano, cuñado o primo del asesinado tenga malas intenciones hacia él. Y si llegare a reincidir, entonces si, le sacamos el aire acondicionado.
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  4. Cesaroni, sumandose a la eterna defensa de estos animalitoa.- Las balas y el isntitnto asesino de un menor mata igual que el de un mayor, las víctimas (nunca se acuerdan) se mueren igual.- Y allí estan las CESARONIS del mundo buscando justificarlos, resocializarlos, a ellos los asesinos, sin pensar el los DDHH de los que murieron y de los que muertos en vida padecen ausencias.- Todos los DDHH y ninguna oabligación para estos animalitos, que son irredimibles.- Segun U. Naranjo, que de esto sabe solo el 30% de lo encerrados trabaja o estudia, te preguntaste porque tan pocos??.- Cesaroni sos una de las que le tiene que pasar para que dejen de escribir estas cosas siempre a favor de los delincuentes asesino.- Dios te ilumine.-
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  5. Como mínimo veo que la autora ha participado en al menos 3 libros, todos relacionados a los derechos de los privados de libertad. Me gustaría saber si también ha puesto el mismo esfuerzo y dedicación para otros 3 libros relacionados con los derechos de las víctimas de los delincuentes, su recuperación, asistencia e indemnización correspondiente. Todo esto para no concluir que tiene una visión simplista y sesgada del problema en su totalidad. PRIMERO los derechos de las víctimas, y luego, los victimarios, es justo no?
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