opinión

Con la Justicia sí, pero así no…

Una reforma al sistema judicial argentino es indispensable. Pero no esta “democratización” que intenta legalizar lo que ya sucede: jueces asustados, cooptados, ineficientes, cuando no corruptos.

El paquete de seis leyes de "democratización" de la Justicia que esta semana tendrán sanción completa y promulgación reflejan buena parte de los vicios del kirchnerismo: se trata de leyes “a medida” pensando en las peleas particulares del poder, cuando no en las conveniencias o en la protección de funcionarios que deben ser investigados por corrupción. El kirchnerismo va a marcha forzada, de espaldas a la sociedad y en el mayor pico de su cuestionamiento, hacia la suma del poder público. La justicia será derrocada y sometida. Pero los embates inconstitucionales y “de prepo” del gobierno no nos deben tapar el bosque. No es bueno el servicio de Justicia del país.

Hay jueces comprados. Los hay corruptos, funcionales a poderes políticos y empresarios. Los hay incapaces, los hay por favoritismo. Pocas veces llega a juez el que queda primero en los exámenes. Esos casos son los menos. Hay jueces probos y honestos también. Pero han quedado en minoría.

Vivimos una justicia ineficiente que no es justa. Que lleva a juicio porcentajes ínfimos de causas penales y civiles y que tarda lustros, o decenas de años en ocasiones, en brindar justicia, es decir, garantizar a cada uno el derecho que le corresponde y a cada uno el castigo que justo por violar la ley. La marcha del jueves pasado fue para proteger a la Justicia como último refugio constitucional y legal de los argentinos. Aquellas consignas “Con la Justicia No” o por “Una justicia independiente” reemplazaron a las de la inseguridad y la inflación al tope del reclamo. Pero no hubo ni un solo cartel que dijese “dejen todo como está”.

Como medio, hemos sufrido en carne propia la acción de jueces que piensan más en las indicaciones del poder y las obedecen de forma irrestricta, que en dar justicia. En la Argentina de hoy cualquier juez puede perseguir a un ciudadano, a una empresa, o a una organización, si cualquiera de aquellos tiene los enemigos suficientes, o si posee algo que otro quiere.

La base del discurso político del gobierno respecto de la Justicia no es incorrecta. Hay que hacer cambios. Pero no para favorecerse a ellos mismos o concentrar el poder, o para garantizar impunidad; sino para fortalecerla, dar verdadera justicia a los ciudadanos y madurar las herramientas de la democracia. El gobierno dice que quiere una Justicia mejor pero sólo pretende jueces adictos, tal como está haciendo en el Ministerio Público, donde fiscales “ad hoc” nombrados por la doctora Alejandra Gils Carbó no pasan por ningún tipo de examen, sólo el político: muchos de ellos adscriben a La Cámpora. Prueba de todo esto es que la semana pasada dos jueces pelearon durante cuatro días para no investigar a Lázaro Báez en la causa de lavado, y que la Procuración consiguió borrar al empresario kirchnerista de la carátula de la causa a pesar de que inicialmente un fiscal lo había pedido. Tendremos muchos de esos casos.

El plan de “democratizar” la Justicia que el gobierno impulsa intenta blanquear lo que ya sucede. El fuero federal, el contencioso administrativo, muchos penales federales en todo el país, cámaras enteras, responden a los mandatos de la Casa Rosada, o de sus amigos e intereses. Lo mismo pasa con fiscales y muchos otros organismos de control. Los casos de lavado de dinero que sacuden la pantalla hoy van a mostrar en cualquier momento groseras omisiones de fiscales, jueces, AFIP, la UIF, por nombrar algunos.

Es cierto que la Justicia debe ser democratizada. Pero no así, como quiere el gobierno. No de forma inconstitucional. No en el “Vamos por todo”.

Los proyectos del gobierno esconden trampas. Los jueces y fiscales que deban juzgar casos de corrupción, o cualquier otro, deberán indagar en el futuro sobre el signo político de acusados y acusadores, y pensar en la composición política que tendrá el nuevo Consejo de la Magistratura, donde jueces y abogados que ocupen esos sillones deberán haberlo pactado con la política y participado de elecciones “populares”. Serán estos pasos imprescindibles para manteneer el trabajo. ¿Quién puede creer que una justicia partidaria sería de otra manera?

Los tribunales de casación que se incorporan agregando una instancia más no tendrán jueces elegidos por concurso. La primera tanda irá "a dedo" con jueces subrogantes. ¿Tendrá que ver este apuro con el Caso Clarín? La letra de la ley con media sanción no lo aclara, por supuesto. Pero legisladores de manos enyesadas la van a votar igual esta semana.

Los límites a los amparos generan desigualdad ante la ley. Las modificaciones fueron mínimas y sólo para los aliados que reclamaron. Horacio Vertbisky y Carta Abierta son los privilegiados que pueden discutir con el gobierno estas leyes. Pero ni al periodista del oficialista Página 12 ni a los filósofos los eligieron en comicios libres. Sí a diputados y senadores de la Nación que predican en el desierto.

Aun así, hay que cambiar a esta justicia.

¿Qué tiene de malo que los jueces den fe, cada tanto, de su situación patrimonial?

¿Qué tiene de oscuro que jueces y fiscales rindan aptitudes psicofísicas como cualquier ciudadano que trabaja?

¿Qué tiene de malo que se exija máxima capacidad profesional a todos los que trabajan en la Justicia, y que todo se elija por concurso?

¿Qué tiene de malo que los jueces paguen los mismos impuestos que nosotros?

Nada. Pero hablamos de un poder del Estado. Cualquier modificación que se haga debe hacerse en el marco del más amplio consenso nacional, con todas las fuerzas políticas. Modificar la Justicia es tan importante como reformar la Constitución. No puede ni debe ser arbitrio de una mayoría circunstancial que además está cuestionada por muchos ciudadanos, si nos atenemos a las multitudinarias marchas del jueves y a las encuestas de opinión.

Son buenos los cambios si se logra una justicia más “justa”. Jueces capaces, juzgados rápidos y eficientes, fiscales certeros. Es decir, brindar justicia de verdad, y no una farsa donde los corruptos y los asesinos andan en libertad, o entran por una puerta y salen por la otra, amarga queja de casi todas las asociaciones de víctimas del delito.

Hoy sólo la Corte Suprema goza aun de cierto prestigio. Por lo demás, la mitad de los fallos causan vergüenza o indignación. Tiene razón la presidenta cuando habla del Caso Trimarco y la impunidad. Pero también son impunes los funcionarios de su gobierno que anidan la corrupción. La presidenta no confiesa las verdaderas motivaciones de esta reforma, porque son inconfesables.

No debe hacerse una defensa corporativa del actual estado de cosas en la Justicia. Hay que reformar el Poder Judicial y  la forma de administrar justicia, porque hay muchos jueces realmente ignorantes. Pero hay que hacerlo en el marco de lo que establece nuestra Constitución.

La labor de los magistrados es dificultada además por una carrera judicial plagada de amiguismo, sin concursos, donde no son los más capaces los que llegan a los puestos clave entre los auxiliares de la Justicia. Defectos añejos en la educación y formación de quienes administran la ley no han colaborado en tener mejores jueces, fiscales, defensores, secretarios, y aun empleados de la Justicia. Las habituales tensiones salariales suelen colaborar en su entorpecimiento. En Mendoza hemos tenido los tribunales parados meses enteros. En ese tiempo no hubo justicia para casi nadie.

Los jueces deciden sobre la libertad, los bienes y los derechos de las personas. Y ya en el año 1800, 300 años atrás, Francisco Carrara decía que cuando la política ingresa por la puerta a los tribunales, la justicia huye despavorida por la ventana. Es lo que sucede hoy en la Argentina, sólo que no se trata de “la política” como algo genérico, sino del poder y de los muchos aliados que ha ido consiguiendo básicamente con dinero del Estado: medios, licitaciones, y negocios de todo tipo. Aquí, por caso, hay jueces que les reportan a poderes oscuros.

Nadie puede estar razonablemente en contra de tener una justicia mejor. Pero aquella justicia a la que aspiramos debe ser legítima, legal, constitucional, y producto del consenso. Hoy, vamos hacia el conflicto de poderes.

No hay verdadera justicia hoy, pero tampoco la habrá si crece el conflicto, y mucho menos si se impone esta reforma que impulsa el gobierno. La justicia será virtualmente reemplazada por mandatos partidarios y de negocios, comisariatos remedo de tribunal. No es el camino de una democracia madura, ni es la forma de construir el consenso.

Opiniones (6)
11 de diciembre de 2017 | 06:34
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11 de diciembre de 2017 | 06:34
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  1. Excelente nota que suscribo en su totalidad... Ya tienen muchos fiscales y jueces adictos... se podrìan conformar pero no, quieren tenerlos a todos, quieren igualarlos a los aplaudidores y a los levantamanos... Me gusta mdz, un medio que no apaña la corrupciòn...
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  2. Por si le faltan argumentos en su favor le transcribo lo que dijo la Convencional Constituyente por el partido Cruzada Renovadora de San Juan, Dra. Avelin de Ginestar, (recuérdese que ese partido fue fundado por Alfredo Avelín, quien el 26 de agosto del 2002, mediante un acuerdo de sectores políticos, sociales y gremiales, fue destituido por la legislatura provincial tras un juicio político, tras la denuncia de la Mesa Intersindical de gremios estatales "poner en riesgo el normal desenvolvimiento de la administración, no pagar los sueldos, no garantizar la salud y la educación, -jaqueada por las huelgas-, y por no depositar las retenciones de los empleados"). Las palabras de esa Convencional no son ni más ni menos que lo que vienen pregonando los mismos sectores que en 1994 se opusieron a nuestra Constitución y que hoy siguen diciendo lo mismo que ella dijo y con los argumentos que ud. retoma, por eso le pido al pueblo que lea, piense y se deje de ser engañado por el periodismo. ¿Se atreven a publicar esto? Transcribo del Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 18ª Reunión - 3ª Sesión Ordinaria (Continuación) 27 de julio de 1994. Sra. AVELIN DE GINESTAR.? El debate y el diálogo sólo pueden ser fructíferos cuando hay apertura de corazón para escuchar lo que se dice. Personalmente, habiendo participado en la Comisión de Coincidencias Básicas como miembro de ella y presentado un despacho de minoría que pido se incluya en esta versión, puedo decir con certeza que ninguna de las fundamentaciones que se han hecho en las largas jornadas en las que se trató punto por punto el famoso Pacto de Olivos o Núcleo de Coincidencias Básicas no sólo por parte de los bloques de la oposición sino también de sectores interesados o instituciones intermedias que han concurrido a la Comisión para presentar sus propuestas, hacer sugerencias o plantear los temores de lo que se viene con dicho Núcleo, ninguna ha servido para conmover a los partidos pactistas. Los hechos y la letra escrita prueban lo que estoy diciendo Nada ha sido cambiado ni agregado al texto escrito pese a las innumerables sugerencias de gente entendida, de especialistas en el tema. En este momento, por ejemplo, recuerdo a miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, quienes manifestaron su temor por los decretos de necesidad y urgencia así como por la constitución, integración y facultades que se le otorga al Consejo de la Magistratura que se propone crear. Concurrieron, asimismo, con igual espíritu de aporte y de preocupación, las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la República Argentina. Todos los convencionales recibieron también diversas declaraciones, como la efectuada por la Reunión de Procuradores y Fiscales por el tema que los afecta. Hemos visto solicitadas de la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Airese y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Vimos también que por encima de las opiniones de los partidos políticos, a los que se podría acusar de que tienen interés en hacer oposición y desacreditar ?digamos así? al Núcleo de Coincidencias Básicas, a partir del día en que se firmó el pacto y se sancionó la ley de convocatoria a esta Convención, hombres de leyes, constitucionalistas e historiadores ?menciono, por ejemplo, a Vanossi, Padilla, Frías, Natale, Pérez Gilou, Balestra, Zaffaroni, García Belsunce y Natalio Botana, entre tantos otros? volcaron sus plumas para escribir sus aportes y ofrecer una salida al Núcleo de Coincidencias Básicas. Además, concurrieron a la comisión representantes de sindicatos, como por ejemplo los bancarios, quienes plantearon su temor por el hecho de que la legislación laboral se apruebe por decreto, lo que estaría permitido o viabilizado a través de la redacción del mencionado Núcleo. Todas estas preocupaciones y aportes deben sumarse a los de los propios integrantes de la comisión e incluso de quienes no lo son, como por ejemplo los señores convencionales Cullen, Natale o del Partido Demócrata de Mendoza, quienes concurrieron a las largas sesiones de esa comisión. En este punto, vuelvo al comienzo. Hemos deliberado, no ha habido "mordaza". Pero de nada ha servido porque todo sigue igual. La historia se repite; la letra se transcribe. El Pacto de Olivos fue transcripto por la ley 24.309 y luego ratificado y nuevamente transcripto en el proyecto de reforma constitucional firmado por los señores convencionales Alasino y Alfonsín, representantes de los bloques justicialista y radical, respectivamente. El mismo texto ha sido ratificado por el despacho de mayoría de la Comisión de Coincidencias Básicas que hoy estamos considerando, ratificado también por la Comisión de Redacción, la que a pesar de ser el despacho más extenso que ha habido, no ha cambiado ni una palabra. ¡Qué casualidad! Es de esperar entonces que tal cual está escrito va a ser aprobado e incorporado en la redacción definitiva de la Constitución, porque el pacto se debe cumplir. Esa es la directiva de los bloques mayoritarios y, lo que es peor, la directiva de los partidos. Se ha dado preeminencia a un mandato partidario por encima de los intereses del país. Seguramente, desde algún sector de la mayoría se nos dirá que el número los respalda. Claro que es así, desde Cruzada Renovadora no lo desconocemos porque a nosotros también nos respalda nuestro electorado en la provincia de San Juan. Pero esa no es la cuestión. La reforma no pasa por el mayor o menor número sino por saber si ese contenido cerrado del Núcleo de Coincidencias Básicas está al servicio del país o al servicio de una persona, de un grupo o de un sector político partidario. Desgraciadamente, si analizamos la historia que ha precedido a esta reforma que hoy estamos protagonizando los convencionales, no podemos dejar de advertir que hay un solo móvil, un sólo objetivo, una causa fin y un solo motor: reforma para la reelección del actual presidente de la Nación. Eso es dañino para el país, para la credibilidad de los políticos y para las generaciones futuras a quienes nos debemos. Los constituyentes de 1853 tuvieron toda la libertad para haber hecho una Constitución a su propia medida, un traje para ellos. Sin embargo, se excluyeron de la estructura del poder y con una total libertad de espíritu, con un gran sentido de la responsabilidad pensaron realmente en las generaciones futuras. Por ello, redactaron una Constitución sin presiones ni condicionamientos. Esto no es precisamente lo que ha pasado en este proceso de reforma. El señor convencional Auyero mencionó muy bien el tema del chantaje. Espero poder hablar de esto con la misma altura y prudencia que él, sin ánimo de ofender a nadie. Si alguien se sintiera ofendido, desde ya pido disculpas porque no nos creemos los dueños de la verdad; simplemente estamos muy preocupados por lo que ha pasado y, fundamentalmente, por lo que vendrá luego de la sanción de esta reforma. A través de este mecanismo de chantaje se ha estado torciendo el espíritu de la Constitución para la obtención de un consenso que existe pero no en profundidad. El consenso debe alcanzarse con un sinceramiento de las partes que han intervenido. En este caso no existe confianza entre los sectores pactistas, y por eso han establecido el famoso artículo 5? en la ley de declaración de necesidad de la reforma, del que no se puede evadir ni un solo tema. Al parecer,tienen miedo de que se escape algún convencional y prevalezca la conciencia de país por encima de las directivas y mandatos partidarios. Esa es la libertad de espíritu que no existe en esta Convención para dar aportes ni para incluirlos. La Convención en su conjunto podrá tener el gran trofeo de que no ha habido mordaza, pero ello no ha servido de nada porque no ha fructificado el diálogo. No hubo correspondencia en la apertura que hemos tenido los sectores minoritarios en tratar de señalar un camino, no hacer una oposición destructiva con el rechazo por el rechazo mismo sino tratar de llevar la reflexión y encauzar esta Convención Constituyente para que saliese al menos una Constitución que abarcara a todos los sectores del país. Cuando analizamos el contenido de este Núcleo de Coincidencias Básicas, y vemos que lo único inamovible desde el primer momento en que se planteó la reforma es la reelección del actual presidente de la Nación, no podemos dejar de pensar que la cuestión política va entrelazada con la cuestión jurídica. Pero por encima de las cuestiones jurídicas y políticas, está la cuestión ética. No comparto lo que dijo el señor convencional Alasino de que los miembros informantes debíamos atenernos a explicar en una hora punto por punto los trece temas del Núcleo de Coincidencias Básicas. No lo voy a hacer así porque según los convencionales de la mayoría el Núcleo es un sistema, entonces lo voy a analizar como tal, como un particular sistema en el que lo único que ha habido, según lo han reconocido en el seno de la Comisión de Coincidencias Básicas, fue una transacción. Eso es lo grave, lo preocupante, lo que atenta contra la ética que deben tener los funcionarios. ....... confieso que en mi ingenuidad no creía que hubiera habido una transacción. No voy a entrar a juzgar las intenciones ?tal como señaló el señor convencional Auyero? y, lo digo en forma pública, jamás voy a poner en duda las intenciones del doctor Alfonsín porque es un hombre de la democracia, que ha sabido defenderla. Después de que Cruzada Renovadora votó afirmativamente el despacho sobre defensa de la democracia, me sentí culpable por no haber hecho un homenaje al doctor Alfonsín, como lo he hecho a tantos hombres de la democracia y de la patria, y en este momento aprovecho para mencionarlo, ya que se lo merece por sus méritos. (Aplausos) Pero eso no significa que el pacto, al cual por distintos motivos arribaron, deje de ser una transacción. La transacción consiste en doy y me das, cedo algo para recibir algo, cedemos los dos y recibimos los dos. Desgraciadamente en eso se asienta la reforma de 1994. Así vemos que tal vez ya hay un nombre para el cargo de jefe de gabinete; que está latente el nombre de quien cubrirá el de Defensor del Pueblo, ya aprobado por esta Convención, y que no tiene que ser desempeñado por una persona con reconocida militancia político?partidaria. Siguiendo con la "transacción" debo decir que en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por iniciativa de este gobierno aumentó el número de sus integrantes de cinco a nueve, se ve claramente la transacción. Se exige que tres cargos queden vacantes. Se obtienen dos y queda pendiente uno, pero este último ya tiene postulante con nombre y apellido, que hoy es convencional constituyente, al igual que los otros dos que renunciaron. El análisis de los hechos tal cual han sucedido muestra que, para poder cumplir con el Pacto de Olivos, ha habido una desgraciada intervención en el Poder Judicial. ¿Cómo podemos creer que se pretende independizar políticamente al Poder Judicial si ya ha nacido esta reforma lesionando esa independencia política? Hablemos del tercer senador. Con el cambio pactado la Unión Cívica Radical pasaría a veinte, según el informe que presentó ante la Comisión de Coincidencias Básicas el doctor Cullen, haciendo un pormenorizado análisis de cuáles serían las perspectivas para el 95 y para el 98. O sea: cargos de senadores para la UCR. Y sigue la transacción. El Consejo de la Magistratura, con una integración que nadie conoce hasta la fecha porque recién dentro de un año saldrá la ley y quién sabe con qué mayoría puede establecerse, en definitiva va a tener mayoría de representantes de sectores políticos en su composición; de modo tal que ahí también se politiza la selección de los magistrados judiciales, cuando todos sabemos que deben tener idoneidad como primer elemento ?porque está en juego el patrimonio y la libertad de las personas? e independencia política. Al ver que esa integración va a estar politizada me pregunto cuál va a ser el criterio de selección de estos magistrados judiciales. ¿Qué pasa con esa denuncia que hizo la Federación Argentina de Colegios de Abogados de que ante el plazo de un año hacia adelante para establecer la ley del Consejo de la Magistratura ya se están produciendo innumerables vacantes por renuncias o por jubilaciones y que están siendo cubiertas precisamente por padrinazgos de los sectores políticos, ocupando puestos en el Poder Judicial? Eso atenta contra la independencia del Poder Judicial. También está latente detrás de este Núcleo de Coincidencias Básicas la situación del vicepresidente, que no sabemos por qué motivo no lo incluye la cláusula transitoria que considera como primer período del actual gobierno el que va de 1989 hasta 1995, pero excluye al vicepresidente. Sacando cuentas, al parecer el actual vacío en la Vicepresidencia de la Nación, en esta transacción, también viene muy bien a los sectores pactistas. Al que no le viene bien es al sistema republicano de gobierno, porque esta vacancia actual por la renuncia del doctor Duhalde en su momento, provoca una mayor concentración de poder en el Poder Ejecutivo nacional, y esto sí era necesario reformarlo; esto sí era una laguna o un vacío constitucional que había que cubrir en una reforma; pero acá no se contempla ni hay interés en hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos, en esta transacción, creer que se va a atenuar el sistema presidencialista? ¿Cómo podemos creer que acá se está pensando en el futuro si lo único que vemos, de acuerdo con los puntos que he mencionado y con la proyección futura a que he aludido, es una Constitución para el 95? Lo que hay es un reparto de estructuras de poder dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que es lo más grave. ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde está la seguridad jurídica que tanto se pregona en esta Convención? Entonces, cuando uno analiza esta transacción a la que han arribado los sectores pactistas, ve que esta reforma resulta lamentable, porque vamos a terminar diciendo que esta Constitución del 94 es la Constitución justicialista y radical. Reforma para la reelección. Me he tomado el trabajo de estudiar un poco por qué fracasó la Constitución del 49, y encontré el párrafo exacto que me dio la luz para saberlo. Voy a leer del Diario de Sesiones parte de lo que dijo Sampay en el debate: ?Esta reforma constitucional podrá ser exhibida por el general Perón como su gran obra...? Se estaba analizando el artículo 77 con la posibilidad de la reelección del presidente: ?...de allí que la voz del pueblo, que es la vox Dei, voz de Dios, la llame Constitución de Perón.? Y esto lo dijo Sampay con un gran orgullo. ¡Así nos fue a los argentinos con esta Constitución de Perón! Ruego a Dios, y lo digo honestamente y de corazón, que no nos vaya a pasar lo mismo con esta Constitución del 94; que resulte la Constitución justicialista-radical y no contenga a todos los argentinos por encima de sus banderías políticas. En nuestro dictamen de minoría hemos hecho el análisis político, que ya mencioné, y verificamos que el objetivo es la reforma para la reelección, el traje a medida, y las transacciones a las que se arriba con este acuerdo tienen esa finalidad. Pero quiero decir algo que es importante para el futuro como criterio de interpretación. Que no se crea que atacamos la posibilidad de que el actual presidente pueda ser reelecto, porque en ese caso dirán seguramente los sectores mayoritarios ?en especial el oficialismo? "que el pueblo decida". Y es claro que si somos demócratas y por eso estamos acá, debemos sostener que es el pueblo el que tiene que decidir. Pero ese no es el fin. Acá el tema es saber, por encima de una Constitución a medida del actual presidente, si el sistema de reelección es bueno o malo. Si sabemos que el eje central de este Núcleo es la reelección, a la cual se le han agregado otros aditamentos para tratar de disimularla, compensarla o equilibrarla, más todos los anexos y propinas que significan algunos temas habilitados, olvidándome del actual presidente, me planteo: ¿es buena la reelección como sistema jurídico, lejos de lo político y de lo ético? Del estudio de la historia constitucional de los países latinoamericanos y fundamentalmente de la Argentina, surge que no ha sido nunca bueno. También hay que decirlo: nuestro sistema no impide la reelección, lo que impide es la reelección inmediata. Con una técnica constitucional sabia aparece ese artículo 77 en su momento. Los convencionales lo aprobaron por unanimidad en el 53 porque precisamente consideraban que luego de seis años de gobierno, cualquier gobierno, se produce un desgaste del gobernante, pero fundamentalmente se produce un entorno alrededor de la máxima figura presidencial que todos conocemos y que todos padecemos. Entonces, como una buena defensa democrática, institucional y republicana, como un modo de oxigenación del sistema, se le dice "no" durante los seis años inmediatos. ?Oxigénese, señor presidente. Deslíguese de esos entornos, de esas presiones, de esos poderes económicos que hoy sabemos están alrededor de la figura presidencial. Por la propia salud del sistema, oxigénelo, y luego vuelva, si el pueblo lo elige nuevamente, por seis años más.? Ese es el espíritu; es como una defensa, un acto de prudencia; una valla o un freno al abuso, a los excesos. Nuestra Constitución tiene pocas prohibiciones; dentro de ellas aparece esta valla, esta cláusula del artículo 77. Muchos autores han hablado de esta prohibición de la reelección. El mismo Perón decía que no era prudente el sistema de reelección inmediata ?no obstante él mismo la propició en su momento? porque era una garantía de seguridad. Porque en el país ya se habían vivido momentos en los que se había concentrado la suma del poder público en algún gobernante con presidencialismos muy fuertes, con grandes poderes y con grandes atribuciones. Quiero citar también a un constitucionalista, el doctor Ramella, sanjuanino por adopción porque no había nacido en la provincia pero siempre hablaba de que su tierra era la sanjuanina. En sus libros él hablaba de este tema; incluso, envió cartas tanto a Alfonsín como a Menem al plantearse la cuestión de la reforma, pidiéndoles que tuvieran la grandeza de alma de no aspirar a su propia reelección. Sostenía que ?Se debe prohibir absolutamente la reelección del presidente como ocurre con la Constitución de México. No hay hombres providenciales. Ya en algunas provincias, los gobernadores han llegado a la tercera reelección.? Debo reconocer que esa grandeza que en este tema pedía el doctor Ramella, en su momento la tuvo el doctor Alfonsín cuando se autoexcluyó de una posibilidad de reelección inmediata en ocasión de propiciar la reforma de la Constitución. Eso es lo que se debería haber hecho ahora, señor presidente, para que la reforma sea en libertad; para que la reforma sea en profundidad. Desliguémonos de las apetencias personales. Y aquí es donde aparece nuevamente la cuestión ética. La cuestión jurídica nos indica que no es bueno el sistema presidencialista con reelección inmediata; y la prudencia ética también indica que el gobernante actual debe propiciar una reforma en beneficio de las instituciones, jamás en beneficio personal como se está estableciendo esta reforma de la Constitución. Entro nuevamente a lo jurídico, señor presidente, sorteando un poco el tema de la reelección, para decir que jamás fue fundada en la Comisión de Coincidencias Básicas; y a eso me refería cuando dije que se iba a utilizar como criterio de interpretación. Las versiones taquigráficas de las reuniones de la Comisión de Coincidencias Básicas han receptado los argumentos del miembro informante del justicialismo sobre la necesidad de incluir la reelección inmediata, y lo único que se dijo en esa ocasión fue que lo que se había tenido en cuenta es que el pueblo tenga la posibilidad de elegir. Eso es muy pobre, muy serio y poco profundo para la fundamentación de un tema tan trascendental para los argentinos como es el de la reelección, que es lo único que le interesa a este gobierno y por eso se concreta esta reforma de la Constitución de 1994. A la reelección inmediata se le suma el hecho de que un presidente habrá de gobernar no ocho años, como debería ser el sistema, sino diez, porque al anterior período de seis se lo computa como de cuatro. Hemos dicho hasta el cansancio que no deben tomarse seis como si fueran cuatro. La conducta ética que se le exige a la máxima investidura del país debe ser el ejemplo para el resto de los funcionarios y para el resto de los argentinos. Aquí también estuvo ausente la ética y la conducta ejemplar. Si es reelecto debería renunciar a dos años para gobernar ocho, que es lo que se ha tomado como espíritu cuando se ha pactado este Núcleo de Coincidencias. Por otra parte vamos a tener un vacío en la Vicepresidencia de la Nación, con un comodín que puede ir o venir de acuerdo con las renuncias que convengan en función de la oportunidad, tal cual lo ha padecido el país en su momento. Vamos a tener un presidente con la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que, tal cual está redactado en el Núcleo de Coincidencias Básicas, no tiene restricciones. Simplemente figuran pequeñas limitaciones en cuatro temas. En cuanto al resto, vía libre, señor presidente; perdóneseme la expresión pero creo que es lo más claro para que el común de los ciudadanos entienda cuál es el peligro que se cierne sobre estos famosos decretos de necesidad y urgencia. La única caracterización que se hace está referida a la necesidad y la urgencia, y a la imposibilidad de seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Ese es el único límite o condicionamiento que se le pone. Si a este texto jurídico que está próximo a ser consumado en la reforma se añade la conducta del actual presidente, que aun luego de haber firmado el acuerdo de Olivos, desde noviembre del año pasado hasta la fecha ha dictado reiterados decretos de necesidad y urgencia, sumados a los innumerables suscriptos anteriormente, donde no sólo se crean nuevas instituciones sino que se derogan y modifican leyes vigentes; si luego del acuerdo de Olivos, dejando a un lado la palabra y la firma dada y, fundamentalmente, el espíritu que debe haber animado al radicalismo para firmar ese acuerdo, ha dictado innumerables decretos violando leyes, el último hace pocos días, en oportunidad del atentado a la AMIA, creando esta supersecretaría de Seguridad Interior vía decreto y, días atrás, derogando el artículo 40 de la reforma previsional; en estas condiciones ¿podemos creer, señor presidente, que el texto jurídico va acompañado por una conducta ética del actual gobernante si hoy no cumple con estos resguardos que debe tener un decreto? ¿Tenemos garantía de que vaya a cumplir cuando la propia Constitución lo incluya como parte de sus atribuciones ordinarias? Porque esto también hay que decirlo: el dictado de decretos de necesidad y urgencia no se incluye como una facultad extrarodinaria, limitada, acotada no sólo por la materia y el contenido sino también por el procedimiento; aquí figura como una facultad ordinaria ?artículo 86 de la Constitución vigente?. Vaciamiento del Poder Legislativo. Si vemos que este presidente ?porque debemos hablar de la reforma para éste, el actual? va a tener la posibilidad de la delegación legislativa ?el Congreso se autoelimina facultades y las transfiere al Poder Ejecutivo?, ¿podemos creer que habrá un fortalecimiento del Poder Legislativo como órgano necesario e imprescindible de control en un sistema republicano? ¿Esta es la nueva estructura de República que se nos presenta? Más poderes para el presidente; vaciamiento del Poder Legislativo al incorporar al Ejecutivo los decretos de necesidad y urgencia; al delegarle facultades legislativas; al facultarlo con el veto parcial. ¿Podemos creer que se fortalecerá el Poder Legislativo? El desprestigio muchas veces ganado pero otras gratuito del poder de control que debe ser el Poder Legislativo, ¿no nos conducirá a una situación como la de Perú, que hemos vivimos hace poco tiempo? Y cuando entramos al tema del jefe de gabinete, como atenuación del sistema, recuerdo las palabras del propio presidente: «No va a haber dos jefes». Creo que con esto, señor presidente, está todo dicho. Poder Judicial sumiso. La supuesta atenuación del poder presidencial, el supuesto fortalecimiento del Poder Legislativo y la supuesta independencia del Poder Judicial, se desmienten al recordar lo que ha sucedido con la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación ?no lo voy a reiterar, porque lo dije hace unos instantes?, cuando se tuvo que pagar con ella el precio de la transacción. El Consejo de la Magistratura va a tener una integración híbrida pero politizada y va a estar constituido como un órgano extrapoder. Las facultades y competencias propias del Poder Judicial van a ser trasvasadas a este órgano extrapoder. Pero ?tal el ejemplo que he dado en la Comisión de Coincidencias Básicas? para hacer un exhorto o para poder trasladar una comisión de investigación enviada por un juez al extranjero en un caso vinculado con el narcotráfico, va a ser necesaria la autorización a ese órgano extrapoder para que la medida se cumpla. Al ver que ese Consejo de la Magistratura así constituido va a contar con facultades para manejar el presupuesto y la independencia financiera que debe tener el Poder Judicial, lo menos que vamos a conseguir es esa independencia tan deseada del Poder Judicial. Sumado a ello hay un detalle que debemos tener en cuenta: los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación van a continuar siendo nombrados por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. El resto, por un Consejo de la Magistratura, con esa integración politizada y con ese poder económico que se le quita al Poder Judicial. Incluso, para nombrar a los jueces inferiores va a tener en cuenta la idoneidad de esos jueces. Quisiera saber cuál va a ser el requisito para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Pacto no explicita que debe ser la idoneidad. Al parecer, van a continuar primando los criterios políticos sobre los criterios jurídicos y los criterios éticos." Recuérdeme si estos no son sus argumentos y los de muchos opositores. Tal como en ese entonces, YO ESTOY CON LA CONSTITUCIÓN DE 1994 ¿ud.?
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  3. Yo estoy con este gobierno y con "noimporta" que dijo lo que yo hubiese dicho. Gracias
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  4. Yo he colocado mis fuentes ¿se animan a decir las suyas? ¿Cuál es su posición política? ¿Hasta cuándo se hablará sin posicionarse? No es malo tener una posición, sino que lo es no animarse a indicarlo claramente. Yo estoy con este Gobierno, con aquél Núcleo de Coincidencias Básicas de los constituyentes de 1994 y con la nueva República que imaginaron, que no tiene nada que ver con la que presenta Clarín y las corporaciones. Nuestra República Argentina tiene que colocarse frente a la verdad de una buena vez y este Gobierno lo está posibilitando, bienvenido sea el debate, pero sincerémonos. ¿Qué República quiere ud. Sr. Montacuto? Porque no le veo posicionamiento a su comentario. Al menos me debe esa cortesía para saber desde dónde está parado. ¿Qué República es la que defiende? ¿La de Mitre y Roca o la de San Martín, Perón y Alfonsín? No se olvidé quiénes echaron del país a San Martín y Perón y quiénes bajaron a Alfonsín y luego busque entre los actuales dirigentes quiénes están con esa línea de pensamiento. La República constituida a partir de 1994 es la que yo defiendo y en ella intervino, además de los que ya mencioné, integrantes de la actual Corte Suprema, no se olvide de ello al analizar su posición.
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  5. Nos hemos tomado nuestros días para estudiar el tema. Hemos leído y hablado con mucha gente. Honestamente, las de la nota son nuestras conclusiones. Pueden gustar o no, pero entendemos que los proyectos oficiales de reforma están muy lejos de cualquier reforma republicana. Slds. Ricardo Montacuto.
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  6. No sé si se atrevan a ponerme el comentario porque no todos los que hago me los ponen. Pero no hay problemas ya que con esa actitud me confirman lo que pienso respecto de los medios y su posicionamiento ante la realidad. Nada de independencia y nula imparcialidad. Pero no obstante me arriesgo y les presento debate, sobre todo porque la forma en que lo plantean así me lo permite. Claro que hay que cambiar a la justicia y sin duda que hay que hacerlo dentro de la Constitución y con consenso, ahora bien, ¿alguno se ha interiorizado realmente en saber qué dice la Constitución respecto a estos tópicos puestos en debate por el Gobierno? Y más aún, alguno se ha puesto a ver cuáles son los antecedentes constitucionales que tiene este tema. Parece que casi nadie, sobre todo los radicales ya que han olvidado muy rápido las intervenciones que tuvieron sus Constituyentes, por caso Lilita Carrió, Enrique Peixao, Ricardo Alfonsín o De la Rúa, quienes en sus discursos en la Asamblea Constituyente han dejado sentado muy claramente que el camino elegido en el "Núcleo de Coincidencias Básicas" está el sendero y la forma consensuada que los argentinos nos hemos dado para una nueva justicia. Ahora yo me pregunto ¿algún radical se ha parado a examinar esos discursos? ¿algún opositor se ha puesto seriamente a mirar qué decían aquéllos constituyentes cuando redactaron la actual Constitución? Por lo que veo, leo y escucho, me parece que no. Clara y contundentemente el camino elegido por esos constituyentes es el que está marcado por estas reformas. Ni más ni menos. La propia Lilita Carrió se ha olvidado de su Mitterand para un De Gaulle (pregúntenle por ello), De la Rúa se ha olvidado de los que se oponían a esto y cómo los trató en su discurso. Los que adoran a Alfonsín tendrían que leerlo y verían lo que señaló respecto de la forma en que la UCR indicó el cómo había que interpretar estas modificaciones y por qué nadie debería asustarse. Al leer esta nota doy por sentado que uds. tampoco lo han hecho, de lo contrario no podrían desmerecer la reforma de la forma en que lo hacen, ni pedirían el consenso que ya lo tiene y viene de aquella época constituyente del año 1994. El tema es otro y claramente se pone de manifiesto en la Argentina de los últimos años ¿quiénes son los que no quieren que de una vez y para siempre comience a regir la Constitución de 1994? ¿Qué poderes se están negando sistemáticamente a que esa reforma constitucional se ponga en práctica de una buena vez? Y por último, lo más destacado para mí, ¿cuándo el pueblo se va a dejar de consumir periodismo y comenzará a consumir política verificando la fuente de información en lugar de escuchar a periodistas? El Consejo de la Magistratura y la forma de actuar de éste dentro del ámbito de la justicia es el elemento esencial de aquellos discursos y el por qué de hacerlo así lo pueden leer claramente en aquellos discursos, entonces ¿por qué no se dejan de engañar a la población y se ponen serios al tratar un tema tan importante para la República como lo es la verdadera aplicación de la Constitución surgida del consenso en el año 1994? Yo sé la respuesta, porque no quieren perder el poder que tienen, de lo contrario no hay motivos para oponerse a estar reformas que intenta implementar el Gobierno y que no son ni más ni menos que aquellos consensos constituyentes. No se olviden que la política de derechos humanos está enraizada en aquella misma Constitución de 1994 y no pocos sectores están en contra de ella. ¿Por qué será que no quieren que esa reforma constitucional sea la que de una vez nos rija? Piense pueblo, piense y déjese de escuchar periodistas.
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