opinión

El arrugue de CFK frente a la justicia

El otro proyecto de "democratización" que CFK no se animó a impulsar.

"Nuestro tiempo es para mí, esencialmente, un tiempo de barbarie. Y no me refiero solo a violencia, sino a una civilización que ha degradado los valores que integraban su naturaleza. Un valor era la justicia". José Luis Sampedro

La militancia está lista para salir a aplaudir a rabiar y a defender los conceptos centrales de lo que desde la Casa Rosada se instruyó como "democratización de la justicia". De hecho, los marchantes del 24 de marzo a Plaza de Mayo portaron la consigna diseñada por el Gobierno para ellos en torno a este tema: debía clamar por "una justicia más democrática". Así lo hicieron, cuadrándose ante las directivas superiores y permitiendo que, al día siguiente, la dueña de la iniciativa leyera en los diarios afines que "miles de manifestantes clamaron por una profunda reforma judicial". Todo cuadraba perfecto.

Sin embargo, el proyecto original sobre el que se trabajó para avanzar con una actualización institucional de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, sufrió una poda importante a medida que circulaba por despachos oficiales. Que "esto sí", que "aquello no", que "no es la oportunidad", que "con esto basta", el proyecto demoró tanto su difusión que la Presidenta tuvo que justificarlo no bien comenzó su discurso en el Museo del Bicentenario:

(...) Y la verdad es que la idea era que en los primeros quince días de marzo – creo que inclusive lo dije en mi discurso – estuviéramos en condiciones de enviar al Parlamento Argentino este grupo de normas, que hoy hemos presentado, y que acabamos de presentar en este video. Pero si uno piensa todas las cosas, que han sucedido, en el mundo y en el país, entre el primero de marzo y este ocho de abril, no alcanza siquiera a un mes y medio: hechos históricos, hechos dolorosos, alegrías, dramas, tragedias, lágrimas, tantas cosas juntas. Creo que todos los sentimientos y todas las experiencias, las vivencias que puede vivir un ser humano (...).

Original y copia borrosa



Durante meses (años, si se toma en cuenta la experiencia del equipo aquí y fuera del país) se trabajó en un anteproyecto completo, complejo y abarcativo del territorio nacional en materia de reforma judicial.

Los 10 puntos esbozados en el borrador dieron cuenta de lo que, una vez enviado al Congreso, daría pie a lo que sí podría llamarse como una "democratización" de un poder que se ha amañado con el paso de los años sin que nadie se haya preocupado francamente en molestar su estructura y funcionamiento, salvo excepciones aisladas, desde adentro o desde afuera, rápidamente abortadas, como ésta.

No bien la Presidenta anunció "su" iniciativa, de un lado surgieron los incondicionales aplausos y del otro las críticas: "Está en peligro la República" fue la más fuerte y "no cambia nada", el más obvio y -si leemos la propuesta que Cristina Fernández de Kirchner dejó de lado- sincero calificativo.

 

La justicia hoy se mira su propio ombligo, no a los ojos de quienes recurren a ella en reclamo por sus derechos.

Ese poder del Estado resulta burocrático sin remedio, ya que no hay transparencia en sus procedimientos, guardados en un Tupperware normativo.

Es una familia más que vive a costa del Estado. Por eso, cuando se habla de tocarle privilegios, las otras dos familias que ostentan el poder político (junto a la del Ejecutivo y del Legislativo), arman un revuelo barrial hasta que todo termina en un status quos eterno, mientras la reproducción de sus miembros continúa su marcha.

El proyecto

Fueron 10 los puntos de partida que los argentinos que más experiencia internacional acreditan en materia de reformas conseguidas -y no sólo estudiadas y planteadas- elevaron para "democratizar la justicia".

Surgió desde el seno del Inecip y a cargo de profesionales que, no hace mucho tiempo, recibien a deshoras llamadas telefónicas del mismísimo Néstor Kirchner, por citar un ejemplo, para pedir consejo, de mandatarios, figuras relevantes y consultores de toda América Latina. 

  1. Juicio por jurados para todas las ramas del derecho.
  2. Transparencia, publicidad, oralidad y audiencias públicas para todos los procedimientos en todos los fueros (civil, comercial, penal, laboral, administrativo y familia).
  3. Horizontalidad en la organizaciones de jueces.
  4. Autonomía plena de la Defensa Pública.
  5. Reorganización del Ministerio Público Fiscal hacia los intereses sociales y de las víctimas.
  6. Democratización del gobierno de los jueces.
  7. Reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia.
  8. Reconocimiento de la  administración de justicia de los Pueblos Indígenas.
  9. Fortalecimiento de los Jueces de Paz, tribunales vecinales y centros comunitarios de acceso a la justicia
  10. Reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con inclusión de consejeros ciudadanos. 

Conceptualmente, se intentaba, cuando nació la idea que luego se fue descafeinando:

1) Juicio por Jurados: Es imposible pretender ser independiente frente a los poderes políticos, fácticos y económicos si seguimos insistiendo tozudamente en que nuestro sistema judicial sea administrado, íntegra y exclusivamente, por magistrados profesionales. Aunque no nos guste admitirlo, ese modelo sólo provoca debilidad estructural, es inconstitucional y ha producido un divorcio total de la ciudadanía con el Poder Judicial. La verdadera independencia del Poder Judicial la garantiza el pueblo, aquí y en las democracias más sólidas y estables del mundo. Es imperioso, por lo tanto, cumplir con la Constitución  y abrir los tribunales a la participación directa del Pueblo, a través del juicio por jurados y de los demás mecanismos de participación ciudadana.

2) Transparencia, publicidad, oralidad y audiencias públicas para todos los procedimientos en todos los fueros: En nuestro país, el proceso en todos los fueros no es ni oral, ni público, ni por audiencias, sino que es por escrito, y con masiva delegación de funciones en secretarios y empleados. La justicia en la Argentina es sinónimo de papeles acumulados en expedientes, al igual que en la época feudal y colonial de la Inquisición. Una verdadera democracia exige un sistema de litigación y decisión en audiencias públicas. A su vez, en ese contexto se deben establecer mecanismos estrictos de control de la duración de los procesos.

3) Horizontalidad en las organizaciones de jueces: La Argentina exhibe una organización judicial autoritaria y jerárquica, propia del Medioevo y de los sistemas feudales de justicia. Es imposible la Independencia Judicial en el siglo XXI  -respecto de los poderes económicos, políticos, judiciales, fácticos y de las propias asociaciones judiciales- con las actuales  estructuras feudales y piramidales que signan las organizaciones de jueces en la Argentina. La única excepción proviene de las provincias de Chubut, Neuquén, Santa Fe y la experiencia en Santiago del Estero y Entre Ríos, que han avanzado hacia colegios democráticos -o pools de jueces- signados bajo el principio de horizontalidad y estableciendo una clara división entre las tareas jurisdiccionales y las administrativas a través de la creación de las oficinas judiciales. Las actuales organizaciones judiciales -caracterizadas por sus formaciones fijas de jueces, divididos por instancias y bajo el principio de verticalidad- son un corset que conspira contra la tan anhelada y necesaria independencia efectiva del Poder Judicial de todos los poderes.

4) Autonomía plena de la Defensa Pública: Todas las provincias argentinas deben sancionar sus leyes de defensa pública, bajo los principios de flexibilidad en su organización, el primado del caso, y la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad. Asimismo es necesario establecer la autonomía total de la defensa pública respecto de los Procuradores Fiscales y de las Cortes Supremas.

5) Reorganización del Ministerio Público Fiscal hacia los intereses sociales y de las víctimas: El sistema federal, ante todo, y las provincias argentinas deben sancionar sus leyes de ministerio público fiscal, signadas por el principio de flexibilidad en su organización, la investigación desformalizada de los delitos y su orientación total hacia los intereses de las víctimas y de la sociedad. Debe establecerse la plena autonomía del MPF de las Cortes Supremas de Justicia.

6) Democratización del gobierno de los jueces: La palabra “superintendencia” debe ser extirpada del sistema legal argentino. Superintendencia es dependencia. Es sinónimo de ejercicio jerárquico del poder de administrar, sea por la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o por las Cámaras de Apelaciones. Las organizaciones judiciales más democráticas del mundo son aquellas en las cuales todos los jueces votan anualmente a algunos de sus pares para que administren el sistema judicial.

7) Reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia: Una década ha pasado desde el famoso documento “Una Corte para la Democracia”. Es hora de profundizar esos logros y fijar algunos puntos claves: obligatoriedad de que todas las decisiones se tomen en audiencias públicas, abolición de sus facultades de superintendencia, rediscutir la inmensa cantidad de empleados y funcionarios que la integran, como también la administración de los recursos materiales, económicos y humanos, y ponerle coto a la alta morosidad que exhibe con plazos estrictos de resolución.   

8) Reconocimiento de la administración de justicia de los Pueblos Indígenas: No es posible una verdadera democratización de la justicia sin la inclusión en su seno de todos sus habitantes. Por ende, debe reconocerse la administración de justicia de los numerosos Pueblos Indígenas, preexistentes por siglos a la creación del propio Estado argentino y que hoy es un derecho elevado al rango constitucional. 

9) Fortalecimiento de los Jueces de Paz, tribunales vecinales y centros comunitarios de acceso a la justicia: El poder judicial será un poder independiente cuando le preste un servicio, real y efectivo, a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables. La actual estructura judicial no garantiza el acceso a la justicia de esos sectores ni que ellos puedan luchar por sus derechos en los tribunales en igualdad de condiciones, motivo por el cual se impone la necesidad de acercarlos a la gente a través de la instauración de los tribunales vecinales.

10) Reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura ha servido hasta ahora para fortalecer a la corporación judicial, antes que para democratizar la administración de justicia. Es hora ya de una reorganización total de su funcionamiento, limitar su crecimiento burocrático, profesionalizarlo verdaderamente, establecer mecanismos de control en la administración de los recursos materiales y económicos, transparentar la integración de los jurados académicos, y permitir la participación de los ciudadanos en su conformación y control. A su vez, es necesario rediscutir qué elementos se tendrán en cuenta para la designación de los jueces y cómo se llevará adelante. Y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de control permanentes de la gestión y del desempeño en los cargos anteriores.

Es otra cosa

Aquellas 10 iniciativas centrales terminaron siendo estas 6, cuyos proyectos ya fueron derivados al Congreso (clic para descargar cada una en PDF):

Se puede estar o no de acuerdo con el planteo inicial que fue descartado por la Presidenta, limitándose a maquillar de acuerdo a las necesidades coyunturales de su equipo de Gobierno, lo que se planteó como "reforma" y que será -de conseguir el apoyo legislativo- una "reformita" a su medida, muy probablemente.

Cotillón, más que democratización

Alberto Binder, un experto que no fue escuchado.

Pero lo que no puede decirse es que sea lo que se les prometió a los pibes que lo levantaron como bandera el 24 de marzo cuando "clamaron" por su puesta en marcha. Es otra cosa.

Alberto Binder, uno de los mayores expertos en la materia en Latinoamérica lo resume así, dolido seguramente por el camino que se tomó, pero convencido de cuál cree que es el camino que se debió seguir:

- "El plan que ha presentado el Poder Ejecutivo Nacional es una versión pobre, escuálida y timorata de ese proyecto".

- "La ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura no apunta a ningún tema de fondo".

- "Seguirá siendo un organismo burocrático, repleto de personal y cada vez mas trabado en su propia lógica corporativa, alejado de la sociedad y atrapado en la lógica judicial y sus operadores judiciales oscuros".

- "La transparencia de las declaraciones muy bien, pero existen mil formas de amañarlas".

- "Reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni tampoco ponen en peligro la República: sólo son demostración de la escasa reflexión que tiene nuestra dirigencia política sobre la función del poder judicial en nuestra democracia".

- "Las medidas están llenas de guiños hacia la corporación judicial".

- "No se toca el tema ganancias cuando la AFIP puede ya comenzar a cobrarlo, dado que lo único que puede hacer el Poder Judicial (en términos administrativos) es negarse a ser agente de retención), nada se dice de la exclusividad que tienen que tener jueces y fiscales, que ocupan todos los cargos universitarios sin dedicarse verdaderamente ni a una ni a otra cosa, nada se dice de los verdaderos sistemas de control  patrimonial, ni de cómo evitar que los jueces cobren fortunas con subrogancias y viáticos que los llevan a prolongar juicios, haciendo negocio incluso con los juicios de lesa humanidad".

.....

No hay novedad en advertir, una vez más, que la oportunidad de cambiar dándole voz a toda la sociedad puede estarse perdiendo en virtud de un "gatopardismo" que, a esta altura, ya es endémico.

Opiniones (1)
20 de noviembre de 2017 | 12:32
2
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20 de noviembre de 2017 | 12:32
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  1. CARADURAS,SE OLVIDAN CUANTOS FALLOS DICTADOS POR LA JUTICIA, EL GOBIERNO NO CUMPLIO, Y PESE A ESTO PRETENDEN QUE LES CREAMOS, POR FAVOR.¡¡¡¡¡¡.-
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