opinión

Todo en nombre del federalismo

Una vez más la reforma de la Constitución de Mendoza sobrevuela el recinto de la Casa de las Leyes. Los legisladores  buscan avanzar en un viejo “anhelo” de aumentar las bancas en el Senado, según se argumenta, para que los departamentos con menor población también tengan su representante, toda vez que de acuerdo con la norma vigente, la elección se hace por distritos electorales (cuatro en la provincia) según la población de cada uno.

Hasta hoy  nos rige la norma  que reza que “La “Cámara de Senadores se compondrá de representantes del pueblo a base de la población de cada sección electoral en que se divida mediante elección directa, no pudiendo exceder de 40 la totalidad de los senadores”, (artículo 75 de nuestra Carta Magna) y que “ninguna sección electoral podrá elegir en número menor de seis senadores” (artículo 76).

Una eventual reforma constitucional, podría significar que de 38 senadores, el cuerpo pasaría tener 54 miembros, por lo que cada departamento de Mendoza tendría tres representantes en el Senado (el mismo número que tienen las provincias en la Cámara Alta del Congreso Nacional).

Es cierto. Se trata de un viejo reclamo de los departamentos con menos de 50.000 habitantes y que fue reflotado hace dos años (2009) por la justicialista Mireya Díaz y para quién esta modificación implicaría, según afirma, la “federalización de la representación”. Además, hoy cuenta con el guiño del Ejecutivo y de algunos legisladores de la oposición, por lo cual ya se están buscando los consensos para aprobar la ley que determine la necesidad de la reforma.

Nadie puede dudar de la legitimidad del reclamo los departamentos con menos población (Lavalle, Junín, entre otros) pero también es válido pensar si además es oportuno, toda vez que esto conllevaría un importante gasto político que supera la dieta de los senadores, en tiempos en que la Provincia no está pasando por uno de sus mejores momentos y cuando hay otras prioridades en las que deberían pensar los hombres y mujeres que ocupan una banca en la Legislatura y los que tienen responsabilidades de conducción política.

El planteo va más allá de quiénes o qué partidos impulsan la iniciativa, que no es el caso en este análisis.

Lo que se percibe es más un interés de mayor “reparto” a la hora de definir candidaturas que la respuesta a las necesidades del ciudadano común que sólo espera resultados más allá del número en cada una de las decisiones que se toman en su nombre. De lo contrario, sobre todo en medio de una campaña electoral que recién empieza, se visualiza más como apetencias personales con la mirada en dos años que como intereses con base federalista.
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23 de enero de 2018 | 03:14
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