Deniegan excarcelación a represor al declarar inconstitucional una ley

Lo hizo el juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj. Se trata del caso por el cual rechazó la excarcelación del represor Luis Sadí Pepa, quien se desempeñó como director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, y a quien un error judicial lo había dado por fallecido.

El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj rechazó la excarcelación del represor Luis Sadí Pepa, quien se desempeñó como director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, y a quien un error judicial lo había dado por fallecido.

El juez federal subrogante decretó la "inconstitucionalidad" de un artículo de una ley que lo obliga a acatar fallos plenarios de un Tribunal superior, al negar la excarcelación del represor de 83 años de edad y que actualmente cumple prisión domiciliaria.

De esta manera, desestimó el planteo de la defensora oficial de Sadí Pepa, Carmen María de la Vega, quien había invocado el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal conocido como "Díaz Bessone", donde había establecido que la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla, y que sólo se aplica cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Sadí Pepa está imputado por violaciones a los derechos humanos, y concretamente se lo acusa del homicidio de Roberto Lanouscou, la esposa de éste, Bárbara Miranda, y sus hijos Roberto, de 5 años, y Bárbara, de 4, así como del secuestro y desaparición de la
hija menor del matrimonio, desde septiembre de 1976.

También se lo acusa del secuestro y desaparición de una mujer embarazada que dio a luz en el centro clandestino de Campo de Mayo, tras un operativo realizado en la localidad de Villa Adelina el 12 de enero de 1977.

 En esa causa caratulada "Riveros, Santiago Omar y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio", también está procesado el dictador Reynaldo Benito Bignone. El año pasado, trascendió que el represor había fallecido, algo que fue desmentido y atribuido a "un error material e involuntario" de una Secretaría del Juzgado federal Nº 2 de San Martín.

Ahora, el juez Yalj declaró inconstitucional la Ley 24.050, la cual establece que "la interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, para los Tribunales Orales, Cámaras de Apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal".

De esta manera, el magistrado coincidió con el dictamen del fiscal Fernán Aguirre y resolvió "no conceder el beneficio bajo ningún tipo de caución".
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