Víctimas que colaboraron con la dictadura, no pueden ser imputadas

Un documento de un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación indica que quienes dieron información durante su secuestro a sus captores militares serán exculpados, ya que su colaboración fue bajo presión y torturas.

Las víctimas de la represión que colaboraron con las fuerzas de seguridad en los centros clandestinos de detención y exterminio para la identificación y posterior secuestro o tortura de compañeros serán "exculpadas" de su responsabilidad por considerarse que actuaron bajo presión de torturas y amenazas.

Así lo indica un documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, y que señala que la figura legal que cabe en estos casos es "coacción" y no "participación".

Del documento se desprende que "existen causas penales que se tramitan en el país en las que se han dirigido imputaciones contra personas que habrían realizado acciones típicas de una situación de cautiverio como las que vivieron en los Centros Clandestinos de Detención, utilizados por el Estado como parte del sistema represivo de la década del setenta".

Las "conductas típicas" a las que se refiere el documento son: suministro de información a las fuerzas represivas, que puede haber permitido la detención, la tortura y hasta el asesinato de otras personas; la intervención en procedimientos de identificación y de secuestro de personas fuera de los centros clandestinos; la intervención en interrogatorios de otros detenidos y en la imposición de tormentos".

"En estas causas se advierte que al momento de formular imputaciones penales no se analizan las condiciones en las que habrían sido llevadas a cabo las conductas típicas imputadas, ni la relevancia jurídica de ese especial contexto de acción", indicó una fuente de la Unidad.

El contexto que debe analizarse las conductas es que son personas que fueron "inicialmente secuestradas por fuerzas de seguridad y trasladadas a diferentes centros" y que "para evitar un peligro inminente sobre bienes jurídicos propios: concretamente, el peligro para la integridad física y moral, y la vida misma, que suponía por sí, haber sido introducido por la fuerza en un centro clandestino de detención".

Por ello, explicó que se determina que cuando es otra víctima la que colabora para identificar o secuestrar a un compañero no puede decirse que fue "partícipe" del delito sino que actuó "bajo estado de coacción", dado que también fue "secuestrada, torturada y amenazada en forma constante" y por lo tanto "no es posible formular un reproche penal".

Si bien esta es la regla que se observa en casi la totalidad de las causas del país, pueden encontrarse imputaciones penales en el marco de algunos procesos actualmente en trámite.

Es el caso de cuatro "víctimas" que están "imputadas" en causas penales, en los juzgados federales de primera instancia de Rosario, Tucumán y Córdoba.

La sugerencia de la Unidad de Coordinación, a cargo del fiscal general Jorge Auat, es que "al momento de considerar jurídicamente las conductas cometidas en el contexto de una situación de cautiverio en un centro clandestino se evalúe si median circunstancias eximentes de responsabilidad penal (causas de justificación o de exculpación)".

Esto se debe a que "el derecho no lo puede recriminar por haber actuado de una manera bajo amenazas e intimidaciones", dice el documento al tiempo que aclara que el análisis que se realiza en torno a este tema es "estrictamente penal".
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21 de agosto de 2017 | 13:47
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