Cárceles: duro informe en la Corte Interamericana

Ocurrió durante la audiencia fijada en México por el máximo tribunal regional en materia de Derechos Humanos. El objetivo era conocer si existieron mejoras en las condiciones de detención. Los abogados peticionarios y el representante de la Comisión Interamericana aseguraron que la situación no cambió.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesionó ayer en la Ciudad de México, recibió un durísimo informe sobre la situación carcelaria en Mendoza. Ocurrió durante la audiencia en la que participaron los abogados mendocinos peticionarios ante el tribunal y representantes del gobierno mendocino, funcionarios de la Nación y el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Menéndez.

Los discursos escuchados por los jueces –menos por el argentino Leonardo Franco, quien se excusó por tratarse de un asunto de su país- concluyeron en que la situación penitenciaria sigue en crisis, y actualmente no están dadas las condiciones para levantar las medidas provisionales, a pesar de las promesas hechas por subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Godoy Lemos, que viajó a México acompañado por la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini.

La postura del gobierno de Jaque fue insistir con que no existe la necesidad de mantener en vigencia estas medidas, y manifestaron que no es necesario que la Corte Interamericana siga interviniendo porque se trata de un asunto que se puede resolver en Argentina.

Los abogados Alfredo Guevara y Carlos Varela Álvarez, quienes fueron los primeros en tener la palabra, hicieron una exposición basada en cuatro puntos principales: una encuesta realizada a 400 presos de la cárcel de Boulgone Sur Mer sobre las condiciones de detención; un informe redactado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados –donde se sugiere demoler el viejo penal-, un hábeas corpus aceptado por el conjuez Roberto Lemos, para mejorar la situación del pabellón 3, y un documento entregado por el capellán Roberto Juárez con una serie de planteos y reclamos hechos por personal penitenciario.

“Esto demuestra que no sólo nos interesa que se respeten los derechos de las personas detenidas, sino también de quienes trabajan en el penal en condiciones que no se pueden aceptar”, afirmó Varela Álvarez.

En la agenda de la Corte había cuatro temas que debían ser tratados, y todos vinculados con las medidas que deberían haberse cumplido desde octubre del año pasado a la fecha. El interés de los magistrados era conocer el efecto causado, el estado actual de las cárceles, una evaluación y si se habían registrado nuevos hechos de violencia.

En esta última parte existió una diferencia entre los funcionarios mendocinos y los peticionarios. Los primeros aceptaron una sola muerte violenta, como consecuencia de un homicidio, mientras que los abogados consideraron que los suicidios registrados y el hecho de que un interno se haya electrocutado son ejemplos de la falta de atención profesional y de los problemas de infraestructura que tiene el sistema penitenciario local.

Jorge Cardozo y Javier Salgado fueron las personas designadas por la Cancillería argentina para exponer frente a la Corte. El discurso de quienes representaron al Estado nacional resultó ambiguo hasta que Cardozo hizo público el reconocimiento de que no están dadas las condiciones para que se levanten las medidas.

Esa posición fue consolidada posteriormente por Florentín Menéndez, cuyas palabras resultaron contundentes, al considerar que las cárceles mendocinas continúan siendo “inhumanas”. Y solicitó a la Corte autorización para hacer una visitar personal, que se concretaría entre marzo y mayo del año que viene.
Opiniones (1)
21 de noviembre de 2017 | 20:35
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21 de noviembre de 2017 | 20:35
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  1. Es verdad que las normas constitucionales sobre que las cárceles "... serán sanas y limpias..." (Constitución Nacional) y "son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos..." (Constitución de Mendoza) se quedaron ancladas en el discurso. Las cárceles -o por lo menos la mayoría de ellas- de Argentina son un verdadero asco Lo dicho justifica cualquier presentación o queja ante tribunales nacionales o internacionales, por lo que me siento inclinado a respaldar la acción de quienes de verdad creen en la vigencia y/o violación de los derechos humanos. Pero me pregunto: ¿quién lucha por los derechos de quienes no tienen por qué visitar la cárcel? Por los asaltados, golpeados, asesinados violados, excluidos, estafados... . No he visto los nombres de los "defensores" en alguna acción que reivindique los derechos de los que no delinquen, de los que no tienen un segundo de tranquilidad, de los turistas a quienes el titular de turismo de la provincia les reclama "ser cautos" -¡una solemne estupidez!- y define la ola de asaltos como "una mala racha" -¡otra imbecilidad!- porque el Estado no es capaz de brindar seguridad a la gente. Y los "defensores de los derechos humanos, ¿dónde estaban cuando violaron a una visitante alemana, acuchillaron a un turista francés y robaron a tantos otros? ¿Por dónde andaban después de que le robaron 200.000 dólares a una familia? Quiero recordar que "... todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley..." (de la Constitución de Mendoza), algo que también parece estacionado en el discurso. Para terminar: los derechos humanos que merecen prioridad son los de las personas decentes, no de los ladrones, asesinos, violadores y otras pestes por el estilo. Cuando consigan eso podremos hablar de las cárceles con alguna autoridad moral.
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