Guerra y paz en el siglo XXI

Por Eric J. Hobsbawm

“La historia se ha acelerado a un ritmo vertiginoso, que amenaza el futuro de la raza humana”, dice el autor que no sólo es el historiador más leído en el mundo, sino uno de los pensadores más influyentes de la izquierda. Hobsbawm habla en estas páginas de los grandes problemas a que nos enfrentamos: de la guerra, la paz y las posibilidades de un orden mundial frente al proyecto imperial de Estados Unidos. Leamos un fragmento.

En Guerra y paz en el siglo XXI analiza desde una perspectiva a la vez crítica y esperanzada, cómo “un grupo de políticos locos pretenden implantar su propia versión de la supremacía mundial”, los efectos de una globalización que acentúa las disparidades en el mundo, la crisis del estado-nación, las inmigraciones, el racismo y la xenofobia, los peligros que nacen del miedo irracional al terror político y las dificultades de mantener el orden público en un mundo violento en el que circulan ciento veinticinco millones de rifles de asalto.

Capítulo 2. Guerra, paz y hegemonía a comienzos del siglo XXI (fragmento)

De entrada, la paz mundial parece hoy más factible que en el siglo xx, un siglo marcado por una cifra récord de guerras mundiales y por las muchas formas de morir a gran escala. Aún así, un estudio reciente llevado a cabo en Gran Bretaña y que comparaba las respuestas que los británicos dieron en 2004 a unas preguntas ya formuladas en 1954 apunta que el miedo a una guerra mundial es hoy mayor que en el pasado. Este miedo responde, principalmente, a un hecho cada vez más evidente: vivimos en una época de conflictos armados mundiales endémicos, guerras que suelen transcurrir dentro de las fronteras de los estados aunque se ven magnificadas por la intervención extranjera. Si bien el impacto de estos conflictos en la historia del siglo XX fue pequeño en términos militares, no podemos decir lo mismo si nos fijamos en la población, la principal víctima de estos enfrentamientos, que ha pagado, y paga todavía hoy, un elevado precio. Desde la caída del muro de Berlín, nos hallamos de nuevo sumidos en una era de genocidios y de traslados de población masivos y forzosos, tanto en algunas regiones de África como en el sureste europeo o en Asia. Se estima que, a finales de 2003, la cifra de refugiados dentro y fuera de su propio país alcanzó los 38 millones de personas, unos números comparables a la extraordinaria cantidad de “personas desplazadas” después de la segunda guerra mundial. Un dato bastará para ilustrar estas afirmaciones: en 2000, el número de muertos en combate en Birmania se situaba entre las doscientas y las quinientas personas; la cifra de “desplazados internos”, fundamentalmente por obra del ejército de Myanmar, rondaba el millón. Y la guerra de Iraq no hace sino confirmar este aspecto. Lo que, según los estándares del siglo XX, podríamos calificar como guerras pequeñas provocan unas catástrofes sin parangón.

La guerra típica del siglo XX, la guerra entre estados, ha perdido peso rápidamente. En la actualidad no hay conflictos entre estados, aunque no podemos descartar que vaya a haberlos en distintas regiones de África y Asia, o en aquellas zonas donde la inestabilidad o la cohesión de los estados existentes se vean amenazadas. Por otro lado, aunque no estamos ante una amenaza inmediata, no ha desaparecido el riesgo de una gran guerra global, fruto probablemente de la reticencia de Estados Unidos a aceptar la aparición de China como su rival. En ocasiones, incluso, las posibilidades de evitar su estallido parecen muy superiores a las que había en 1929 para evitar la segunda guerra mundial, si bien conviene no olvidar que la posibilidad de esta guerra seguirá presente en las décadas venideras.

Sin embargo, y aun sin las guerras tradicionales entre estados, grandes o pequeñas, pocos son los observadores realistas que auguran que éste será un siglo en el que el mundo vivirá ajeno a la presencia constante de armas y a los brotes de violencia. Con todo, es nuestro deber combatir la retórica del miedo irracional de la que se sirven gobiernos como el del presidente Bush o el del primer ministro Blair para justificar unas políticas que nos acercan al imperio global. Salvo como metáfora, no existe una “guerra contra el terror o el terrorismo”, sino contra un agente político determinado que recurre a una táctica, no a un programa. El terror como táctica es indiscriminado y moralmente inaceptable, tanto si se amparan en él grupos clandestinos como si lo hacen los estados. La Cruz Roja Internacional reconoce el aumento de la barbarie en su condena a los dos bandos en conflicto en Iraq. También ha crecido el miedo a que pequeños grupos terroristas opten por la guerra biológica, al tiempo que no parecen preocuparnos tanto los riesgos, mayores e impredecibles, que indudablemente se plantearán cuando la manipulación de los procesos vitales, incluida la vida humana, se nos vaya de las manos. Aun así, el peligro real que para la estabilidad mundial o para cualquier estado consolidado suponen las actividades de las redes terroristas panislámicas a las que Estados Unidos declaró la guerra global, así como las de la suma de todos los grupos terroristas que operan en cualquier punto del planeta, es residual. Aunque han logrado asesinar a muchas más personas que sus antecesores -y menos que los estados-, el riesgo es mínimo desde un punto de vista estadístico y su importancia, escasa en términos de agresión militar. A menos que estos grupos puedan hacerse con armas nucleares, una posibilidad que, no por no ser inmediata, podemos descartar, el terrorismo no provocará la histeria, sino la reflexión.

Con todo, el caos mundial es una realidad, como también lo es la perspectiva de otro siglo de conflictos armados y de calamidades humanas. ¿Es posible volver a una suerte de control global, como sucedió, a excepción de un período de treinta años, durante los 175 años que transcurrieron desde la batalla de Waterloo hasta la caída de la URSS? La cuestión es hoy mucho más complicada, por dos motivos. En primer lugar, las desigualdades a que ha dado lugar la globalización descontrolada del libremercado, y que han aumentado a un ritmo exponencial, son el caldo de cultivo natural de todo tipo de inestabilidades y agravios. Como se ha observado recientemente, “ni siquiera los estamentos militares más avanzados podrían enfrentarse a una crisis total del sistema jurídico”, y la crisis de los estados a la que aludí anteriormente ha hecho de esta una posibilidad más factible que en el pasado. En segundo lugar, ya no existe un sistema de superpotencias internacionales plurales como el que estuvo vigente y que evitó que, salvo en el catastrófico período comprendido entre 1914 y 1945, estallara una guerra total. Este sistema descansaba en un postulado que se remontaba a los tratados que habían logrado acabar con la guerra de los Treinta Años en el siglo xvii: existían en el mundo unos estados cuyas relaciones se regían por diversas reglas, y entre ellas la de no interferir en los asuntos internos del otro, y por una distinción diáfana entre guerra y paz. Sin embargo, nada de todo esto es válido en la actualidad. Otro de los pilares del sistema era la realidad de un mundo donde convivían diferentes potencias, algo que ya existía en la reducida “primera división” de estados, apenas un puñado de “grandes potencias” que, a partir de 1945, se reduciría aún más, hasta quedar sólo dos superpotencias. Ninguna de las dos supo imponerse de un modo abrumador.

Capítulo 8. Las transformaciones del terror (fragmento)

¿Ha cambiado la naturaleza del terror político en las postrimerías del siglo xx? Permítanme comenzar con el inesperado brote de violencia surgido en una isla hasta ahora pacífica, Sri Lanka, en la que una mayoría de cingaleses budistas (cuya religión e ideología es todo lo contrario que se puede ser a la violencia) convive con una minoría de tamiles emigrados desde el sur de la India hace siglos o venidos como mano de obra para las plantaciones a finales del siglo xix. Su hinduismo tampoco es partidario de la violencia. El movimiento antiimperialista en Sri Lanka no se caracterizó ni por un eleva-do militantismo ni por una eficacia extraordinaria, y el país obtuvo su libertad calladamente, en realidad como subproducto de la independencia india. De hecho, en el Sri Lanka colonial se había desarrollado un partido comunista más bien pequeño, y, cosa bastante curiosa, un partido trotskista de dimensiones muy superiores, ambos encabezados por miembros cultos y agradables de la élite occidentalizada, y las dos formaciones, como buenos partidos marxistas, se opusieron al terrorismo. No hubo intento de insurrección alguno. Tras la independencia, el país siguió un plácido derrotero de socialismo moderado, cosa que resultó excelente para el bienes-tar y la esperanza de vida de la población. En resumen, medido con criterios asiáticos, el Sri Lanka anterior a la década de 1970 era una rara isla de civismo, como Costa Rica y (antes de esa misma década) Uruguay en América Latina. Hoy se enfrenta a un baño de sangre.

Los tamiles, una minoría del 25 por 100 cuya representa-ción en las profesiones cultas es superior a su peso demográfico, han desarrollado un comprensible resentimiento hacia el régimen cingalés que en la década de 1950 decidió sustituir el inglés por el singalés como lengua administrativa nacional. En la década de 1970, un movimiento separatista tamil, no sin el apoyo de un estado indio meridional, creó varias organizaciones armadas, precursoras de los actuales Tigres Tamiles de Liberación de la Patria Tamil,* que han venido librando lo que de hecho es una guerra civil desde mediados de la década de 1980. A sus miembros se los conoce sobre todo por contarse entre los grandes instauradores y probablemente entre los mayores activistas del terrorismo suicida, aunque, dicho sea de paso, dada su ideología laica, carece de las habituales motivaciones religiosas. Los tamiles no son lo suficientemente fuertes como para lograr la secesión, y el ejército esrilanqués* es demasiado débil para derrotarlos en el plano militar. La intransigencia de ambas partes ha mantenido la guerra a pesar de las distintas mediaciones por las que terceras partes (India, Noruega) han tratado de lograr un arreglo.

Entretanto, dos son las cosas que le han ocurrido a la mayoría de la sociedad cingalesa. Las tensiones étnico-lingüísticas generaron una fuerte reacción que adoptó la forma de una ideología nacionalista basada en el budismo y en la superioridad racial, dado que la lengua singalesa es indoeuropea (esto es, “aria”). Resulta bastante curioso que este racismo se halle presente en la tradición de la India hindú, y de hecho, tanto en Sri Lanka como en Pakistán, aún pueden encontrarse rastros del antiguo sistema de castas hindú bajo la superficie, oficialmente igualitaria. Al mismo tiempo, el JVP,** un organismo izquierdista asentado principalmente en la actividad de jóvenes cingaleses cultos que no conseguían encontrar un trabajo adecuado, así como en ideas castristas con un toque de maoísmo y una gran dosis de resentimiento hacia la vieja élite sociopolítica, organizó una importante insurrección a principios de la década de 1970.

Fue sofocada con cierta dureza y un gran número de mucha-chos fueron enviados durante un tiempo a la cárcel. De los vestigios de esta rebelión juvenil al estilo del mayo del 68 surgió una organización terrorista militante que, acantonada principalmente en la campiña esrilanquesa, convirtió su maoísmo original en un vehemente chovinismo racista de raíz budista. En la década de 1980 organizó una campaña de asesinatos sistemáticos contra sus adversarios políticos, lo que hizo de la política una actividad de alto riesgo. (La recientemente retirada presidenta de Sri Lanka vio cómo su padre, ex primer ministro, y su marido, caían asesinados ante sus propios ojos, y perdió un ojo en otros atentados similares encaminados a asesinarla a ella.) También se utilizó sistemáticamente el terror para lograr el control de las ciudades y de los pueblos del campo. Como en el caso del movimiento maoísta Sendero Luminoso en el Perú de la década de 1980, es imposible saber hasta qué punto la dominación del JVP encontró su sostén inicial en el apoyo de las masas, en qué grado se vio ese respaldo alienado por el terror, en qué medida fue a su vez contrarrestado por el resentimiento producido por la represión del gobierno y hasta qué punto genera escepticismo acerca de los revolucionarios. Dos cosas están claras. Que el JVP contó con un apoyo generalizado en aquellos sectores de la población trabajadora del campo cingalés de cuyos miembros cultos se nutría su cúpula dirigente, y que el JVP realizó un gran número de matanzas, la mayoría de ellas perpetradas por un grupo de militantes que en América Latina habrían recibido el nombre de sicarios o asesinos a sueldo. La tentativa de asalto al poder del JVP fue reprimida del mismo modo, esto es, mediante el equivalente de las “guerras sucias” latinoamericanas orientadas a la eliminación de los líderes y de los militantes rebeldes. A mediados de la década de 1990 se estimaba que habían muerto unas sesenta mil personas, víctimas de estos conflictos. Desde sus orígenes, a finales de la década de 1960, el JVP ha intervenido de manera intermitente en la política oficial de Sri Lanka.

Parece evidente que Sri Lanka es simplemente un ejemplo del crecimiento y la mutación sorprendentes que ha experimentado la violencia política en el mundo de finales del siglo xx. La pregunta “¿por qué?” es excesivamente amplia para este ensayo, tanto más cuanto que resulta difícil desligarla del incremento general del nivel de violencia o acción directa que las comunidades occidentales han llegado a aceptar socialmente, tanto en el plano mediático como en el de la realidad. Esto se ha producido tras un largo período en el que se ha asistido, en la mayoría de esas sociedades, al arraigo de la expectativa de que la civilización debería traer consigo el declive permanente de la violencia.

Sería tentador decir que la violencia social en general y la violencia política no tienen nada que ver la una con la otra, dado que una parte de la violencia política de la peor clase puede producirse en países dotados de una tradición política y social notablemente no violenta, como Sri Lanka o Uruguay. No obstante, no es posible mantenerlas separadas en los países de tradición liberal, aunque sólo sea porque dichos países son precisamente aquellos en los que la violencia política no oficial ha adquirido mayor relieve en el último tercio del siglo xx, y donde, en consecuencia, lo mismo ha su-cedido con la violencia estatal de signo contrario, de intensidad habitualmente superior. Mientras conservan su capacidad operativa, los países dictatoriales o autoritarios dejan poco margen de maniobra a esta violencia política ex-traoficial, del mismo modo que apenas dejan espacio alguno a la política extraoficial no violenta.

El aumento de la violencia en general forma parte del proceso de reversión a la barbarie que ha venido fortaleciéndose en el mundo desde la primera guerra mundial, y que he examinado en otro lugar. Su progreso resulta particularmente sorprendente en los países provistos de estados sólidos y estables, así como de instituciones políticas (en teoría) liberales, en los que el discurso público y las instituciones políticas no distinguen más que entre dos absolutos que se excluyen mutuamente: la “violencia” y la “no violencia”. Esta ha sido una forma más de sentar la legitimidad del monopolio nacional que el estado tiene de la fuerza coercitiva, lo que ha venido íntimamente unido al desarme total de la población civil registrado en los estados desarrollados del siglo XIX, excepto en Estados Unidos, que por consiguiente han tolerado siempre un mayor grado de violencia en la práctica, aunque no en teoría. Desde finales de la década de 1960, los estados han perdido una parte de ese monopolio del poder y los re-cursos, y una porción aún mayor de la percepción de legiti-midad que inducía a los ciudadanos a acatar la ley. Por sí solo, esto explica buena parte del aumento de la violencia.

La retórica liberal ha sido siempre incapaz de reconocer que ninguna sociedad funciona sin cierta violencia en la política -aunque sólo sea en la forma cuasi simbólica de los piquetes de huelguistas o las manifestaciones de masas-, y que la violencia tiene grados y reglas, como es de dominio público en las sociedades en las que forma parte de la urdimbre de las relaciones sociales y como constantemente trata de recordar la Cruz Roja Internacional a los embrutecidos beligerantes del siglo xxi. Sin embargo, cuando las sociedades o los grupos sociales no acostumbrados a un alto grado de violencia social se ven en la tesitura de practicarla, o cuando en las sociedades tradicionalmente violentas se descomponen las reglas normales, los límites establecidos sobre el uso o el grado de la violencia pueden saltar. Por ejemplo, tengo la impresión de que las tradicionales rebeliones campesinas, teniendo en cuenta la brutalidad general de la vida y la conducta rurales, no eran habitualmente demasiado sanguinarias -por lo común menos que su represión-. Cuando dichos levantamientos caían en la masacre o en la atrocidad, la violencia solía ir dirigida contra personas o categorías de personas concretas y contra propiedades -por ejemplo las casas de la pequeña aristocracia-, mientras que, a la inversa, otras gentes quedaban específicamente al mar-gen debido a que gozaban de buena reputación. Los actos violentos no eran arbitrarios, sino prescritos, casi podríamos decir, por el ritual de la ocasión. No fue la Revolución de 1917, sino la guerra civil rusa la que extendió las carnicerías a gran escala a la campiña rusa. Ahora bien, cuando desaparecen los frenos de la conducta consuetudinaria, los resulta-dos pueden ser aterradores. Una de las razones de que los narcotraficantes colombianos hayan tenido tanto éxito en Estados Unidos estriba, a mi entender, en que, en la pugna con sus rivales, han dejado de aceptar la acostumbrada convención machista de que no se debe matar a las mujeres y a los hijos de los adversarios.

De Guerra y paz en el siglo XXI, de Eric J. Hobsbawm. Madrid, Crítica, 2007.

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