En Mendoza ya no hay detenidos por los delitos cometidos en la dictadura

Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk están procesados por delitos de lesa humanidad. Ambos están involucrados en la muerte del periodista Paco Urondo y, hasta hace una semana, eran los únicos procesados que esperaban ser juzgados en prisión. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a los pedidos de excarcelación y hoy están en libertad.

La Cámara Federal de Apelaciones le otorgó ayer la libertad al ex policía Osvaldo Fernández, uno de los sindicados como partícipe y encargado de las torturas en el D2 durante la última dictadura militar, y el último de los procesados que todavía permanecía detenido en la Unidad 6 de la penitenciaría..

De esta manera, con la aceptación al pedido de excarcelación de Fernández, ya no quedan en Mendoza procesados por delitos y crímenes de lesa humanidad que aguarden en prisión el juicio por los abusos, torturas y desapariciones cometidos en territorio provincial durante el último gobierno militar.

Antes de Fernández, la semana pasada la misma Cámara había autorizado la excarcelación de Eduardo Smaha Borzuk. Junto con Fernández, Smaha tenían a su cargo las operaciones del departamento de inteligencia policial D2, donde también funcionaba un centro de detención clandestina en el que se sometía a los cautivos a todo tipo de torturas. Ambos están procesados por varios delitos, entre ellos el asesinato del escritor y periodista, Paco Urondo y eran los únicos dos que permanecían detenidos hasta hace una semana, a disposición del juez Walter Bento.

A través de un comunicado, que planea oficializar en los próximos días con una conferencia de prensa, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) repudió esta decisión de la cámara, al igual que cuando se hizo lugar a los otros pedidos de excarcelación.

“La excarcelación se funda en la idea que no existe peligro de fuga y que su libertad no implica un obstáculo para el accionar de la justicia. Los argumentos del tribunal son inconsistentes a la luz de los crímenes aberrantes por los cuales se acusa a Smaha Borzuk y a Fernández. Está claro que la clandestinidad con la cual se manejaron los operativos de secuestro, el ocultamiento de los cuerpos de miles de desaparecidos, la utilización de todo el poder del Estado para asesinar, torturar, desaparecer, robar y los 32 años sin justicia, son más que contundentes para considerar que su libertad no sólo implica la alteración de la paz social y merece el repudio más absoluto, sino que es una demostración de la inexistencia de justicia, lo cual es mucho más que un simple obstáculo de la misma”, puede leerse en uno de los párrafos del documento.

Para el MEDH, los delitos de desaparición forzada que se le imputan a Smaha y a Fernández son “de carácter permanente, que se siguen cometiendo, por lo que ambos siguen delinquiendo sin cesar, hasta que aparezca el último cuerpo del último desaparecido de nuestra provincia”. Jurídicamente, esta afirmación tiene su fundamento en la base de que, en tanto no se encuentren los cuerpos de los 200 desaparecidos existentes en tierras mendocinas, el delito continúa vigente y no es pasado ni caduca.

Siguiendo con esta idea, el organismo de Derechos Humanos considera que la libertad de estos represores implica un serio riesgo para la seguridad de los abogados, querellantes y testigos que trabajan por el castigo a los responsables de esos crímenes durante esa nefasta época.

La decisión es una clara muestra de continuidad a una polémica postura de la Cámara de Apelaciones, que despertó la preocupación de varios fiscales de la Nación cuando visitaron la provincia, ya que ha mantenido un criterio único e invariable ante los pedidos de los abogados defensores de todos los procesados
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24 de noviembre de 2017 | 05:13
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