Condenan al Estado a indemnizar a dos hombres por ser heridos en su detención

Los demandantes habían sido procesados en primera instancia por el homicidio de un policía en 1990, aunque luego fueron absueltos por la Justicia. En su resolución, los jueces de la Sala III remarcaron que el SPF debe "velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso".

El Estado Nacional fue condenado a pagar una indemnización a un detenido que sufrió heridas durante un traslado realizado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), y luego fue absuelto por la Justicia. 

Además, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó indemnizar a otro detenido por las heridas padecidas así como por el daño moral causado.

Jorge Angel Saullo y Florentino Laceiras interpusieron la demanda por considerar que cumplieron prisión preventiva por un error del juez penal de primera instancia, el cual –según los demandantes- no contó con las pruebas suficientes.

En primera instancia, el juez en lo Contencioso Administrativo había reconocido la indemnización a Laceiras por lucro cesante y daño moral, y ahora la Cámara sólo reconoció los 20.000 pesos para cubrir el tratamiento psicoterapéutico.

"La indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución, sino solo cuando la prisión preventiva se revela como incuestionablemente infundada o arbitraria", alegaron los camaristas al revocar la compensación por daño moral a Laceiras.

Para los camaristas, no le cabe responsabilidad al estado, pues el juez penal tuvo convencimiento de los elementos con los cuales dictó la prisión preventiva

Con respecto a Saullo, la Cámara le reconoció también una suma de 20.000 pesos para afrontar un tratamiento psicoterapéutico, y otros 45.000 por los padecimientos espirituales por las lesiones recibidas.

En su resolución, los jueces de la Sala III remarcaron que el SPF debe "velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso, procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental".

"La seguridad, como deber primario del Estado, no solo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas de control penitenciario", añadieron.

Los demandantes habían sido procesados en primera instancia por el homicidio de un policía en 1990, aunque luego fueron absueltos por la Justicia.
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