Las cuotas del IPV serán en tasa UVA y a "valor de alquiler"

Aunque utilizará la Unidad Valor Adquisitivo como cálculo en las cuotas mensuales, el organismo aplicará herramientas para 'equilibrar' los montos de pago, como los ingresos de las familias. Quienes ya estén pagando valores fijos, no se verán alcanzados por la medida.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está pronto a instaurar un nuevo sistema de cuotas mensuales ajustables en tasas de Unidad Valor Adquisitivo (UVA) para sus programas habitacionales, lo que le permitirá corregir el desfase de los montos, ampliar sus fuentes de financiamiento para la construcción de casas y recortar la fuerte dependencia al Gobierno nacional.

Dicho sistema de cuotas será implementado próximamente mediante un decreto que firmará el gobernador Alfredo Cornejo, y si bien estará basado en UVA, que permite a través de una fórmula su actualización por inflación, el IPV aplicará herramientas de equilibrio que posibilitarán contemplar el nivel de ingresos de las familias beneficiadas a la hora de fijar el valor inicial de las cuotas. Mendoza será una de las pioneras en el país, y otras jurisdicciones están preparando medidas similares para el año próximo.

Hasta ahora, el IPV le cobra a los adjudicatarios una cuota mensual fija e invariable, que se determina cuando la vivienda es entregada. Aunque en la actualidad los pagos rondan entre los 3.000 y 5.000 pesos por mes, aún existen beneficiarios que, por ejemplo, abonan 40 pesos todos los meses, dado que vienen pagando su casa desde hace 30 años o más. Esa ha sido una de las críticas históricas sobre el organismo, dado que la recaudación propia termina siendo irrisoria y el financiamiento depende casi exclusivamente de los fondos nacionales y, en menor medida, provinciales.

La idea del Ejecutivo provincial es que las cuotas sean equiparables a las que se pagan en un alquiler promedio y no se desvirtúen en el tiempo. Así se espera que el IPV tenga mayor independencia financiera y, sumado a los presupuestos estatales y los nuevos Programas de Participación Público-Privado (que Cornejo anunció en mayo), pueda dedicarse a achicar el déficit habitacional sin depender de la benevolencia de las administraciones de turno.

Una vez que comience a regir el nuevo sistema de cuotas, éste será aplicable a las futuras adjudicaciones, por lo que quienes ya están pagando una cuota fija no se verán alcanzados, salvo que se produzca una nueva titularización o desadjudicación de la vivienda.

El titular del IPV, Damián Salamone, señaló a MDZ que la conversión de las cuotas fijas a cuotas en UVA implicará un nuevo "sistema financiero virtuoso y sustentable que colabore a achicar el déficit habitacional" y estará orientado "a que el recupero a través del pago de cuotas no quede obsoleto en el tiempo y "permita a las familias tener un financiamiento para viviendas de parte del Estado".

También aclaró que la actualización de las cuotas, que a diferencia de los créditos hipotecarios no tendrán intereses, contemplará "herramientas donde se pueda estipular la cuota en función de los ingresos de las familias", como "sistemas de construcción de viviendas, determinados en conjunto con el Colegio de Arquitectos, acorde a lo que cada beneficiario pueda pagar". Otra innovación será la inclusión de técnicas con características ambientales, como el uso de energías renovables, que permitan reducir el manteniemiento de las viviendas.

Con ello, aclaró Salamone, se buscará "no tener cuotas despreciadas ni en valores inviables, sino que sean equivalentes o menores a un alquiler", dado que "tener abonos muy bajos o muy altos no nos sirve".

"Actualmente el IPV es 'Estado nacional dependiente' y necesita de los recursos nacionales, a través de los programas de viviendas, para poder fondearse. Con los cambios aspiramos a que el organismo tenga un financiero propio más allá de los recursos del Estado", resaltó.

En esa línea, Salamone indicó que los fondos provenientes de la Nación, como el Programa de Construcción de Viviendas, serán "exclusivamente orientados a las familias con ingresos por debajo de dos salarios mínimo, vital y móvil; mientras que los grupos familiares que superen ese límite "son canalizados a través de créditos con o sin asistencia estatal", como el flamante Programa Público-Privado, que combina financiamiento estatal y créditos hipotecarios. Estos últimos también pueden acceder al programa Ahorro Previo, donde el IPV financia el 80% del inmueble y el resto es abonado por los beneficiarios que deben contar con un terreno listo para edificar.


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