El Gobierno quiere controlar a los que "zafan" de la cárcel

Cornejo creó una oficina bajo la órbita del Ministerio de Seguridad con el objetivo de hacer un seguimiento a los infractores obligados a realizar trabajos comunitarios. Cómo funcionará.

Con la premisa de disuadir al "delincuente ocioso" y seguro de que "está dando buenos resultados" el hecho de que los presos estén obligados a trabajar, el gobierno de Alfredo Cornejo ideó un plan para controlar a aquellos que, si bien infringieron la ley, zafaron de ir a la cárcel.

A través de la creación de la oficina de Administración de Servicios Comunitarios -decreto 1.528, publicado hoy en el Boletín Oficial- el Ejecutivo llevará un registro de entidades privadas, públicas y organizaciones de la sociedad civil dispuestas a recibir a delincuentes menores que, por orden judicial, deban cumplir con una equis cantidad de horas de tareas comunitarias.

De acuerdo con lo que explicó el secretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Néstor Majul, la oficina en cuestión se integrará con recursos humanos ya existentes y funcionará como un "puente" entre el accionar de la Justicia sobre determinado infractor y la institución que pueda darle lugar para comenzar su proceso de reinserción. 

Asimismo, explicó el funcionario de la cartera que conduce Gianni Venier, el objetivo será hacer un "seguimiento" verificando que efectivamente realicen estas tareas solidarias.

"El objeto principal es brindar a la sociedad un servicio, por medio del trabajo solidario de aquellas personas que se encuentran en deuda con la misma, por conductas reprochables desde el aspecto legal, pero también moral y social y asimismo generar un espacio y actividad que le permita reflexionar sobre la conducta desplegada y los perjuicios ocasionados", fundamenta el decreto y continúa: "El trabajo comunitario impuesto como regla de conducta, vincula la naturaleza del servicio a cumplir con el acto ilícito, para que los autores interioricen los errores cometidos, despertando la responsabilidad por sus actos".

A propósito, Majul tradujo: "La idea es colaborar para reinsertar a quienes han cometido delitos leves para que tengan un ejercicio de voluntariado y de trabajo; el objetivo principal es ofrecer una ayuda a la comunidad en sectores vulnerables que no poseen recursos y busca generar una responsabilidad de una participación comunitaria de quienes han infringido la Ley".

Por su parte, Juan Ignacio Mulet, director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, especificó que el plan contendrá a quienes se encuentran con una suspensión de juicio a prueba, una condena de ejecución condicional o una medida de trabajo comunitario dictada por la Justicia de Faltas. "Es para aquellos a los que se les impuso una medida alternativa a la prisión. En casos en donde el juez en vez de dictar un encarcelamiento puede dictar otra medida que tenga que ver con la realización de trabajo comunitario", apuntó el funcionario.

El plan se ejecuta a la luz de la carrera que inició el Gobierno contra la ociosidad en las cárceles. En ese sentido, cabe repasar que, a la fecha, de los 4.701 internos privados de la libertad en la provincia, 1.533 están trabajando, lo que representa solo 1 de cada 4. 

Opiniones (1)
25 de septiembre de 2017 | 07:35
2
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25 de septiembre de 2017 | 07:35
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  1. OTRA OFICINA DEL ESTADO ! ! ! Van a poder nombrar algunos "muchachos" más . . .
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