Administración fraudulenta: un laberinto judicial

Los diferentes casos de administración fraudulenta detectados por el Tribunal de Cuentas transitan caminos disímiles en la Justicia. Una resolución del procurador pretende unificarlos.

En el año 2013, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos le pagó 3.8 millones de pesos a la empresa de limpieza Masterfull por un servicio cuya prestación nunca pudo comprobarse. A raíz de ello, el Tribunal de Cuentas formuló cargos contra dos de los responsables de esa contratación y hoy -según el fiscal de la causa, Santiago Garay- están a un paso de ser elevados a juicio. Sin embargo, en el ejercicio 2014 se volvió a detectar la misma irregularidad, pero la causa, pese a ser prácticamente igual a la del año anterior, cayó en manos de otra fiscalía y avanza con ritmo propio. Aunque parezca curioso, eso mismo ocurre con otras investigaciones por administración fraudulenta y desde el Ministerio Público tomaron medidas para que esto no ocurra.

La resolución 637 fue firmada por el procurador Alejandro Gullé en diciembre del 2016, pero ha llevado algún tiempo para que el Poder Judicial se acostumbre a ella. En concreto, dispone la creación de Unidades Fiscales especializadas en la investigación de determinados delitos, entre ellas la Unidad Fiscal de Delitos Económicos integrada por las Fiscalías de Instrucción Nº 3 y Nº 19. Las mismas están a cargo de la fiscal Susana Muscianisi y el fiscal Santiago Garay, respectivamente.

Casino de Mendoza frentes 5

El caso de Garay sirve como ejemplo para comprender el mareo que históricamente ha existido en la Justicia provincial. En el año 2015 aún era fiscal de Delitos Complejos y actuó de oficio al enterarse de que el Tribunal de Cuentas había formulado cargos contra el contador del Casino Gonzalo Javier Jeréz y el Coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone. En total, el Tribunal de Cuentas detectó el gasto injustificado de 3.8 millones de pesos en el ejercicio 2013 y el fiscal encontró pruebas suficientes como para imputar a Jeréz y Cardone por administración fraudulenta agravada. Incluso, adelantó a MDZ que por estos días pedirá la elevación a juicio.

El fraude consistiría en pagarle a la empresa de limpieza Masterfull un canon millonario por "horas hombre" cuyo cumplimiento no lograron acreditar. A eso se suma un ítem denominado "horas máquina" que no estaba contemplado en el contrato y que también implicó pagos millonarios. Llamativamente, los responsables de Masterfull no fueron imputados.

En el ejercicio 2014 se detectó la misma irregularidad en el Casino, aunque esta vez el Tribunal de Cuentas amplió la lista de responsables e incluyó a los funcionarios que encabezaban el directorio: Carlos Bianchinelli, Federico Domínguez y Miguel Bondino. Sin embargo, esa investigación no cayó en manos de Santiago Garay, sino que Fiscalía de Estado la derivó a la Unidad Fiscal 2 de Godoy Cruz. A Garay nunca lo llamaron para contrastar similitudes y diferencias entre ambos casos.

"La idea de unificar fue justamente por el tema de la especialidad. Si estas causas no caen en las unidades fiscales especializadas francamente nadie investiga, porque normalmente no tienen detenidos. Se priorizan las causas con detenidos", explicó Gullé y agregó que a diferencia de las fiscalías comunes, la especializada cuenta con cuerpo de contadores preparados para este tipo de investigaciones.

Pese a que el fallo 16776 del Tribunal de Cuentas es posterior a la entrada en vigencia de la resolución 637, esa investigación no llegó a Delitos Económicos. En teoría, esto se debe a que los cargos que allí se formulan - por un total de 2.9 millones de pesos- son complementarios de otro fallo (16633) publicado en agosto del 2016 que involucraba a los mismos actores por otros 3 millones de pesos.

Una cuestión cultural

A su vez, Garay también tiene a su cargo la investigación de irregularidades en el Ministerio de Cultura. Específicamente, ha pedido la elevación a juicio de la ex ministra Marizul Ibáñez por irregularidades en la contratación de artistas durante su gestión en el gobierno de Francisco Pérez. 

Pese a ello, Garay no está al tanto de las últimas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, que formuló cargos por 1.6 millones de pesos contra las ex autoridades del ministerio. En cambio, esa causa cayó en manos de la otra fiscal de delitos Económicos, Susana Muscianisi.

Opiniones (5)
12 de diciembre de 2017 | 07:40
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ERROR
12 de diciembre de 2017 | 07:40
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  1. AY SR. CORNEJO QUE ERROR HA COMETIDO, UBICAR UNA MUJER SIN EXPERIENCIA AL FRENTE DEL cASINO, CUANDO HAY TANTOS rADICALES PROFESIONALES CAPACES , incorruptibles, y con la sabiduria necesaria para encerrar a los LADRONES.-uD. CUANDO SE EQUIVOCA, SE EQUIVOCA MUY FUERTE , DEMASIADO FUERTE, y que a la provincia le cuesta muy caro dejar en libertad a tantos ladrones del Casino de Mendoza.-
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  2. es increible ver esto, vos debés dos pesos y te ejecutan, supuestamente si te pagan el micro con otra tarjeta te llevan en cana...en cambio, si afanas al estado sos un SR., ganas millones y te das el lujo de ostentar...en total ...robaste para la corona, es impresionante la impotencia que da al ver como los funcionarios politicos no pueden justificar su patrimonio, no hace falta ver las noticias nacionales....hay muchos ..desde el gobernador para abajo
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  3. Sr periodista sería bueno que nos enteraramos si de su investigación surge también que la denuncia alcanza a los integrantes de la empresa que se prestó a la maniobra, ya que son tan responsables cómo los funcionarios en el ardid delictuoso como en los perjuicios para la provincia
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  4. Es hora que la justicia despierte y que el tribunal de cuentas siga operando y trabajando, despues de muchos anos de ineficiencia, por ejemplo con el nefasto Poko Perez,
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  5. La justicia sigue durmiendo el sueño de los tontos!!
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