Hay más de 500 juicios de bonistas que no aceptaron el canje

A poco más de dos años de la reestructuración de la deuda externa, la Argentina enfrenta en tribunales de otros países más de 500 juicios iniciados por bonistas que no aceptaron la quita del 75 por ciento ofrecida por el Gobierno.
La mayor cantidad de demandas están radicadas en tribunales de Alemania, donde se iniciaron unas 400 causas, aunque por montos relativamente chicos, pues en conjunto involucran 190 millones de euros.

La mayor cantidad de demandas están radicadas en tribunales de Alemania, donde se iniciaron unas 400 causas, aunque por montos relativamente chicos, pues en conjunto involucran 190 millones de euros.

Mucho más significativas son los 120 procesos en marcha en Estados Unidos, casi todos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez Thomas Griesa, por un total de 2.900 millones de dólares.

Además, la denominada Task Force Argentina (TFA), grupo que afirma representar a la mayoría de los italianos que no participaron en el canje, ha amenazado en el pasado de promover procesos de arbitraje en contra de la República bajo el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Argentina e Italia.

Los procesos arbitrales promovidos por la TFA involucran a unos 195 mil bonistas y un monto total de 4.400 de millones de dólares, y fueron iniciados a comienzos de este año ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Asimismo, existen trece causas iniciadas por bonistas particulares en Italia y dos en España por montos pequeños, según datos recopilados por el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro.

Todas estas causas comenzaron luego de que en mayo de 2005 Argentina concluyera exitosamente la reestructuración de su deuda, mediante la cual el 76,5 por ciento de los tenedores de bonos aceptaron una quita del 75 por ciento, lo que representó una reducción de la deuda de 65 mil millones de dólares.

Sin embargo, bonos por aproximadamente 20.000 millones quedaron fuera del acuerdo, y muchos de sus propietarios iniciaron juicios contra la Argentina para cobrar sus tenencias al cien por ciento.

El caso más resonante es el de Kenneth Dart, dueño de dos fondos buitres que compró una serie de Bonos Global 2008, en noviembre de 2001 por 595 millones de dólares –por los que pagó menos del 30 por ciento de su valor nominal-, y que ahora reclama 728 millones en el juzgado de Griesa.

Dart ya realizó este tipo de maniobras con bonos de Brasil, Ecuador y Rusia, con las cuales ganó centenares de millones de dólares.
En Estados Unidos se han emitido sentencias en 49 casos por un total de aproximado 1.750 millones de dólares, en tanto existen aproximadamente 55 juicios en el tribunal de Griesa de los cuales no se ha corrido traslado de la demanda.

La Argentina ha apelado 24 sentencias argumentando que es insuficiente la prueba con la que los bonistas buscan demostrar la compra y la titularidad del beneficio continuado de sus bonos, y las partes harán sus presentaciones ante la Corte de Apelaciones del Circuito Segundo de Estados Unidos a fines de este año.

Asimismo, existen dieciocho acciones de clase, o sea juicios en los cuales los demandantes han perseguido o están persiguiendo el derecho a representar diversas clases de acreedores con el propósito de obtener una sentencia colectiva contra la República.

El juez Griesa ha otorgado certificaciones de acciones de clase en once juicios, cada uno para una determinada serie de bonos, en tanto en los otros siete los demandantes persiguen representar aquellas clases constituidas por tenedores de otras series de bonos emitidos por el país.

En tanto, en Italia se radicaron trece juicios, involucrando a unos 650 bonistas, por un reclamo total de 71 millones de euros más intereses, pero varios ya han sido desestimados, y en la actualidad se encuentran aún pendientes sólo dos juicios, involucrando 474 tenedores de bonos y reclamos por un total de capital de 51 millones.

Los bonistas italianos no han tenido éxito en sus intentos de embargo de activos argentinos, y actualmente, no hay ningún activo sujeto a ninguna forma de embargo o inhibición en Italia.

Además de esas demandas presentadas ante tribunales civiles, se encuentran bajo trámite tres reclamos adicionales efectuados por asociaciones de consumidores ante tribunales administrativos, contra la aprobación concedida por la agencia reguladora italiana de títulos públicos (Consob) a la oferta de canje realizada en 2005.

En Alemania hay aproximadamente 400 procesos, muchos de ellos presentados en diciembre de 2006 a fin de evitar las prescripciones de los intereses debidos en 2002.

Estos reclamos, alcanzando los aproximadamente 190 millones de euros más intereses.

El 8 de mayo pasado, la Corte Constitucional Federal alemana rechazó la defensa del estado de necesidad sosteniendo que no existe regla general de derecho internacional público que faculte a un Estado a que temporalmente se rehúse a cumplir con los reclamos de pagos debidos a particulares bajo el derecho privado argumentando el estado de necesidad declarado como resultado de la insolvencia.

Desde hace más de un año, la Corte de Apelación de Frankfurt, la Corte de Distrito y la mayoría de los jueces de las cortes locales de Frankfurt han venido sosteniendo que el argumento argentino del estado de necesidad era discutible dada la mejora en la situación económica.

Puede esperarse que la mayoría o todos los casos pendientes en las cortes de Frankfurt sean decididos en contra de la Argentina, y la Corte de Distrito de Frankfurt, en particular, se encuentra ahora dictando sentencia en forma diaria.

La Argentina siempre interpone apelaciones, pero a partir del segundo trimestre de 2007, la Corte de Apelaciones de Frankfurt ha estado utilizando un proceso acelerado para las apelaciones por el cual la Corte no está obligada a convocar una audiencia antes de desestimar la apelación en forma sumaria.

En España, dos bonistas iniciaron en abril de 2006 una acción por 157.794 euros en concepto de daños, pero el juzgado de primera instancia admitió la defensa del estado de necesidad argumentado por Argentina, y desestimó el caso, pero el fallo fue apelado se espera una decisión dentro del primer semestre de 2008.
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