El Congreso estudia crear un registro nacional de condenados por delitos sexuales

El Senado de la Nación comenzó a analizar tres proyectos de ley similares que pretenden crear un registro nacional de datos genéticos de condenados por delitos sexuales, luego de una serie de hechos aberrantes que conmovieron a la opinión pública. La principal cuestión en debate es cómo manejar el acceso a los datos contenidos en el registro.

Luego de que una serie de hechos relacionados con los delitos sexuales conmovieran a la opinión pública, el Congreso comenzó a estudiar tres proyectos de ley que proponen crear un registro nacional de datos genéticos de condenados por estos delitos.

Las iniciativas fueron presentadas por las senadoras oficialistas Haidé Giri (Córdoba), Adriana Bortolozzi (Formosa) y Liliana Fellner (Jujuy), y buscan crear una herramienta legal que facilite el acceso a información que facilitaría el esclarecimiento de este tipo de delitos, además de permitir a las autoridades tomar medidas de prevención.

Los proyectos comenzaron a ser debatidos esta semana en las comisiones de Seguridad Interior, y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por la salteña Sonia Escudero y el pampeano Rubén Marín, quienes aseguraron que "hay voluntad para avanzar en este tema".

Ya concurrieron para expresar sus opiniones expertos en cuestiones penales, científicas y representantes de la Asociación Madres del Dolor, que nuclea a familiares de víctimas de hechos delictivos.

La principal cuestión en debate es cómo manejar el acceso a los datos contenidos en el registro, el tipo de información a incluir y la permanencia en el mismo, de modo de no afectar garantías constitucionales, ni de las víctimas ni de los victimarios.

El proyecto de Giri plantea un registro amplio de datos de condenados, con acceso para autoridades nacionales, provinciales o municipales y toda persona u organización que acredite un interés legítimo.

El de Bortolozzi plantea publicar parte de la información en Internet, y agrega la obligación de mantener actualizado y con carácter público el domicilio del condenado que cumplió la pena.

Este aspecto fue cuestionado por algunos especialistas, por considerar que sería estigmatizante para la persona que ya  cumplió su condena, y podría derivar en la posibilidad de linchamientos cuando en la zona en la que vive el individuo se produzca un delito de este tipo.

La titular de la ONG Madres del Dolor, Isabel Yaconis, se manifestó partidaria de crear un registro de este tipo, pues  sería "fundamental que la Justicia cuente con esta herramienta".
Yaconis, madre de una adolescente de 16 años asesinada en un intento de violación en el barrio porteño Núñez, señaló que también debería haber un registro con los datos disponibles de hechos no esclarecidos, "con los datos almacenados en las fiscalías".

Uno de los exponentes fue el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Julio César Castro, subrayó la importancia de mantener "estricta reserva de los datos contenidos en los registros, por cuanto su conocimiento masivo traería aparejado problemas tanto para la víctima como para el victimario".

En definitiva, concluyó que se trata de una herramienta "útil y necesaria para avanzar en las investigaciones", pero que debe ser de acceso restringido.

La idea fue apoyada por el Coordinador del Proyecto de Reforma a la Legislación Procesal Penal, Carlos Beraldi, quien entendió que "con este tipo de banco de datos se podrá avanzar en la investigación de estos delitos atroces".

No obstante, remarcó que había que diferenciar entre imputados y condenados por delitos sexuales a la hora de definir su inclusión y permanencia en el registro, y sostuvo que el acceso a dicha información debe quedar reservado solamente para jueces, para no correr el riesgo "de que la gente termine haciendo justicia por mano propia".

El aspecto técnico fue abordado por Adriana Sala, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, al señalar que "se debe garantizar la calidad tecnológica de los laboratorios en la Argentina, para lograr una correcta generación de datos genéticos".

Explicó que los bancos de ADN existen a nivel mundial desde 1994, siendo uno de los más avanzados el de los Estados Unidos, creado en 1998, y aseguró que "los perfiles genéticos permiten la identificación inequívoca de un individuo".

Consultado sobre qué hacer con los violadores definidos como "irrecuperables", el director del Centro Interdisciplinario de Investigación y Evaluación Forense y especialista en Psiquiatría y Psicología Médica Mariano Castex, dijo que a nivel mundial se está avanzando con distintas medidas.

Mencionó con preocupación el caso de Inglaterra, donde "se está encerrando a personas que son peligrosas para sí mismas o para terceros, y no por la comisión de un delito".

Por otra parte, se pronunció en contra de la castración química, al afirmar que "es mutilante y criminal como el hecho que se condena".

Según el proyecto de la senadora Giri, el registro especial de huellas genéticas de individuos condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual debería funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.

Ese registro contendría las huellas genéticas de la totalidad de los agentes policiales, penitenciarios y de policía judicial actualmente activos y los que se incorporen en el futuro; las huellas obtenidas en el curso de una investigación policial o en un proceso penal; los datos genéticos de las víctimas de este tipo de delitos; y un registro de los domicilios de los individuos, que habiendo sido condenados por delitos contra la integridad sexual, hubieran recuperado la libertad.

De acuerdo con esa iniciativa, la información será suministrada a requerimiento de los jueces y fiscales de todo el país; de la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y policías provinciales; por solicitud fundada a otras autoridades nacionales, provinciales o municipales; y a toda persona u organización no gubernamental que acredite ante un juez un interés legítimo.

Además, las autoridades del Registro "deberán notificar automática y permanentemente a las autoridades de seguridad y a los responsables de establecimientos educativos, de las jurisdicciones pertinentes, respecto de los cambios de domicilio que los condenados realicen".

Por su parte, el proyecto de Bortolozzi propone que "con excepción de los antecedente genéticos, los datos personales, fotográficos o causídicos obrantes en el registro creado, constarán en un sitio especialmente creado en una pagina de Internet", el cual "podrá ser consultado por organismos públicos, instituciones privadas o personas que justifiquen interés en conocer los antecedentes de las condenas registradas".

Los datos genéticos serán de contenido reservado y solo podrán ser suministrados previa orden judicial a organismos jurisdiccionales o auxiliares de la justicia que participen o colaboren en la investigación de otros hechos delictivos.

A su vez, la senadora jujeña Liliana Fellner plantea la creación del Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, y determina que la información genética almacenada "no podrá ser retirada del Registro bajo ningún concepto y sólo será dada de baja por fallecimiento del titular de la muestra".
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