Prestadores advierten graves consecuencias por la ausencia de reglas claras

Advierten sobre la inconveniencia de seguir votando leyes que encarecen el sistema de atención médica sin definir previamente las fuentes claras  de financiamiento.

La ley de Obesidad, la excesiva regulación de prepagas, el proyecto sobre Fertilización asistida, el avance de la "industria del juicio" por mala praxis y el impacto de la inflación ponen en riesgo el futuro del sistema de salud y de decenas de clínicas y sanatorios, postergando
nuevamente a 16 millones de personas que carecen de adecuada cobertura médica en la Argentina.

 Así lo advirtieron prestadores y financiadores del sistema en las Conclusiones del XI Congreso Argentino de Salud, presentadas en la sede de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), entidad que organizó ese encuentro nacional en Salta con la participación de un millar de profesionales, directivos y funcionarios. El documento alertó que prestadores y financiadores del sistema sanitario atraviesan una delicada situación, agravada por el "incierto" panorama legislativo, ya que el Parlamento mostró cierta "precipitación" en el tratamiento de "proyectos que multiplican los costos del sector y requerirían un análisis más exhaustivo, como la ley de regulación de empresas de medicina
prepaga y la ley de Obesidad, así como el proyecto sobre fertilidad asistida", indicó ACAMI.

Ante este cuadro, el propio superintendente de Servicio de Salud, Héctor Capaccioli, admitió en este encuentro sobre la inconveniencia de seguir votando leyes que encarecen el sistema de atención médica sin definir previamente las fuentes de financiamiento. Directivos del sistema sanitario recordaron que algunas consecuencias de estas imprevisiones debieron más tarde ser corregidas por el Poder Ejecutivo, con el veto de algunos artículos.

Las conclusiones del XI Congreso alertan sobre "nuevas exigencias prestacionales que requieren mayores recursos y financiamiento, como el tratamiento de  la obesidad, que ya es ley y el proyecto de la fertilidad asistida", con fuerte impacto económico sobre el sistema de salud.

El documento explica que "mientras subsisten 16 millones de  personas que carecen de una cobertura médica adecuada, las iniciativas parlamentarias proyectan nuevas prestaciones para sectores específicos, como lo son las cirugías para obesos y los tratamientos de la infertilidad, y olvidan que el 40 por ciento de la población es deficientemente atendido en un hospital público colapsado".

 "Estos factores de distorsión –explican-- impiden proyectar otros programas sanitarios de alcance federal que lleguen a los 40 millones de argentinos en todo el país". ACAMI, que nuclea a 27 entidades sin fines de lucro e integran -entre otras instituciones del sistema de salud- CEMIC, FLENI, OSDE y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, también alerta sobre el elevado costo que representa para el sector la
judicialidad indebida, facilitada por la "anarquía de  la legislación, que se evidencia en una alta incidencia de juicios por mala praxis".

Denuncian en el documento la existencia de una "industria del juicio  que incentiva a los pacientes a demandar, amparados en la posibilidad de litigar sin gastos", y su secuela de 40 mil médicos demandados.  Como resultado de las demandas indiscriminadas se dispara el gasto en salud, ya que los médicos aplican una estrategia de "medicina defensiva", es decir, prescriben más estudios que los necesarios para resguardarse ante cualquier eventualidad y esto provoca el encarecimiento del servicio.

Ante el aumento desmedido de los juicios, el medio centenar de entidades participantes del XI Congreso, suscribieron el llamado "Acta de Salta", en el que se sintetizan los alcances del conflicto y se manifiesta la voluntad del sector de lograr una ley que contemple esos objetivos, ya que un proyecto similar perdió estado parlamentario el año pasado. Las conclusiones reseñan, asimismo, que el envejecimiento poblacional ha dejado de ser una amenaza futura y es ya un problema tangible que deben enfrentar a diario los prestadores y financiadores de servicios de salud.

Consideraron que así como se legislan políticas previsionales para mantener vigentes jubilaciones y pensiones de la tercera edad, debería el Estado diseñar programas para proteger a la población de edad avanzada, que demanda un 300 por ciento más que el resto de la población y gasta en medicamentos 8 veces el consumo de un paciente de 30 años de edad. En otro orden, los especialistas advirtieron sobre la calamitosa distribución de los recursos humanos en el sector de la salud, donde se registra un déficit de unas 90 mil enfermeras y existe una excesiva cantidad de médicos. 

"En el país hay una enfermera cada 4 médicos, cuando esa relación debería ser a la inversa, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", alertaron. "Con un profesional cada 200 personas la Argentina es el segundo país con más médicos por habitante, detrás de Italia -afirman- pero mientras en la Capital ejerce un médico cada 30 habitantes, la provincia de Chaco tiene apenas uno cada 1.000 personas, pese a sufrir una situación epidemiológica más complicada".
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