La Suprema Corte de Justicia dictamina a favor de los Huarpes

El fiscal de Estado, Pedro Sin, interpuso una acción por considerar inconstitucional la ley que fue aprobada en el 2001. Ahora, determinó la "constitucionalidad" de la ley que le restituye la propiedad de los terrenos lavallinos.

La Suprema Corte de Justicia mendocina dictaminó como constitucional una ley aprobada en el 2001 que determina la restitución de 786.000 hectáreas en Lavalle a los descendientes directos del pueblo Huarpe.

Los Huarpe fueron los pobladores originarios de grandes extensiones de tierras en el norte y oeste mendocino y en el sur de San Juan antes de la colonización española.

Los descendientes de la rama Huarpe Milcayac -que sobrevivieron como crianceros de ganado menor, agricultores de zonas áridas y artesanos en terrenos casi desérticos del noreste provincial- se agruparon en once comunidades y, reconocidos por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) con personería jurídica, reclamaron legalmente la restitución de las tierras que habitaron sus ancestros.

En agosto del 2001 la Legislatura mendocina aprobó la ley 6.920 por la que el gobierno de turno debía expropiar unas 786.000 hectáreas para devolverlas en un título único, como solicitaron los "laguneros" conocidos así por las lagunas y médanos que ocupaban las tribus del cacique Huanacache.

En octubre del mismo año el fiscal de Estado, Pedro Sin, interpuso una acción por considerar inconstitucional la ley "que viola el principio de razonabilidad" como argumento central y que traduce en la pregunta de "por qué darle tanta tierra a tan poca gente".

Ayer la Suprema Corte de Justicia de esta provincia dictaminó que la ley 6.929 es constitucional y el procurador general, Rodolfo González, confirmó que "será esta Suprema Corte la que determine finalmente el asunto", aunque si los descendientes aborígenes son favorecidos con el dictamen final "la Fiscalía de Estado puede elevar el asunto a la Corte Suprema de la Nación".

González dijo que el dictamen desestimando el pedido de inconstitucionalidad de la ley alega resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de "la armonía de los pobladores originarios con la tierra y el medioambiente".

También atendió la opinión de antropólogos locales sobre que "los habitantes del desierto lavallino necesitan obligatoriamente grandes extensiones de tierra para poder desarrollar una explotación ganadera extensiva".
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