(NO PUBLICAR) La Justicia autorizó el aborto para la menor de 12 años embarazada por una violación

El juez de familia, Germán Ferrer finalmente dio a conocer su resolución sobre el pedido de aborto para una nena de 12 años embarazada a raíz de una violación. Amparándose en la opinión de los especialistas, quienes confirmaron que la continuidad de la gestación pondría en riesgo la integridad de la menor, el juez hizo lugar al pedido de aborto presentado hace 40 días por su madre. La menor podrá ser intervenida en los hospitales públicos.

El juez de Familia, Germán Ferrer autorizó que se le practique un aborto a la niña maipucina de 12 años embarazada a raíz de una violación, considerando que su caso está contemplado en los incisos 1 y 2 del Artículo 86 del Código Procesal Penal, referido a los abortos no punibles. De esta manera, la menor podrá ser sometida a una intervención para que se le interrumpa quirúrgicamente el embarazo y la operación podrá desarrollarse en un hospital público, dado que la resolución de Ferrer la contempla como legal.

Desde hace 40 días el magistrado tiene el caso en sus manos y, hasta hoy, había mantenido un riguroso hermetismo. En la puerta del Juzgado de Familia –Mitre y Montevideo-, ante la presencia de los medios de comunicación, Ferrer habló oficialmente por primera vez desde que la madre de la menor se presentó en su despacho para solicitar la interrupción quirúrgica del embarazo, el 8 de agosto pasado. De acuerdo al criterio del magistrado –que también cuenta con el sustento de un informe elaborado por un grupo de profesionales-, la integridad física y psíquica de la menor corre peligro en caso de continuar la gestación, por lo que deberá practicársele el aborto cuanto antes.

Por su parte, la menor permanece internada en el Hospital Notti, donde se encuentra desde que el caso tomó relevancia pública y, por orden del juez, está en un lugar supuestamente de acceso restringido, al que sólo pueden acceder familiares y médicos.

Lo que pasó en 40 días.
A los pocos días de tomar estado público el episodio, Ferrer ordenó la detención del padrastro de la menor, quien quedó imputado por haber violado a la víctima y ser quien la dejó embarazada. Desde ese momento, Ferrer solicitó a los medios de comunicación que manejen con cautela la información relacionada al caso, en especial aquella que esté relacionada con los datos personales de la familia.

Desde el primer minuto transcurrido luego de la divulgación del hecho, diferentes agrupaciones tomaron un exagerado protagonismo, defendiendo sus banderas. Por un lado, grupos ultra religiosos autoproclamados a favor de la vida –Vitam, Provida- lograron acceder a la habitación de la niña –una con menos rigurosidad que en la que se encuentra ahora-, con aparente complicidad de personal del hospital, y entregaron folletos a la niña explicándole los riesgos de interrumpir un embarazo así como también “la importancia de la vida del niño por nacer”. En la otra vereda, agrupaciones feministas y defensoras de los derechos del Niño, fueron quienes tomaron la bandera del reclamo por los derechos de la menor y la violencia psíquica y psicológica a la que había sido sometida con el abuso, exigiendo en base a esto que el aborto se practique por encontrarse contemplado en el Artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal Nacional.

Con el pasar de los días y en transcurrir de la investigación, el juez Ferrer decidió quitarle la tenencia legal de la menor a su madre y dejarla bajo la custodia de su abuela. Es que, de acuerdo a lo que trascendió, la madre habría sido cómplice de los abusos del padrastro, sabiendo que él la sometía y ultrajaba y luego –una vez que se confirmó el embarazo- habría intentado esconderlo inventando una historia sobre un supuesto agresor misterioso que, con el rostro tapado, abusó de su hija en un descampado cuando ésta salía de la escuela.

Por otra parte, el proceso también incluyó algunos vaivenes legales, especialmente en lo que respecta a las abogadas que acompañaron a la madre y su niña –en un principio-, hoy a la niña y su abuela. En un principio fue la defensora oficial Mónica Runno a quien designaron para acompañar a madre e hija. Sin embargo, cuando la polémica se instaló y comenzaron a evidenciarse las presiones, Runno decidió abrirse y fue la abogada Patricia González, de la agrupación feminista Las Juanas y las Otros, quien se ofreció a acompañarlas, aunque sólo lo hizo por dos días. Finalmente, Runno volvió a la representación con el objetivo, además, de que la madre de la niña recupere la tutela de la menor.
Opiniones (0)
22 de agosto de 2017 | 13:46
1
ERROR
22 de agosto de 2017 | 13:46
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
    En Imágenes