Fayad observó la resolución de las torres de Boulogne Sur Mer

El intendente capitalino sostiene la necesidad de compatibilizar el ejercicio de los derechos de todos los habitantes, aunque advierte que el desarrollo urbanístico de la ciudad no puede quedar supeditado a los intereses individuales. Se revisa el Código de Edificación.

El intendente Víctor Fayad suscribió el decreto nº 823 mediante el cual queda observada en su totalidad la resolución 7726/08 relativa a la autorización por vía de excepción de la factibilidad que  la firma Fideicomiso Boulogne Park - Residence solicitara para construir torres
en la avenida Boulogne Sur Mer al 241 de Ciudad, y que en principio fuera autorizada por el Concejo Deliberante de la Capital.

En los fundamentos  se toma en cuenta la necesidad de atender el equilibrio en el goce de los derechos de todos los habitantes, aunque se advierte que tal decisión no puede establecer  precedente alguno ya que lo contrario significaría dejar sujeto el desarrollo urbanístico del
municipio a los intereses exclusivamente individuales por sobre los intereses generales.

Se establece en los considerandos que si bien la resolución cuestionada "guarda coherencia, claridad y precisión en cuanto a la descripción  específica de los elementos técnicos fundantes, así como las condiciones a cumplimentar para la oportuna aprobación definitiva del proyecto, las expresiones vecinales respecto a elementos relevantes al ambiente y al desarrollo sustentable, como así también a determinados inconvenientes que consideran les generaría la
construcción - aunque técnica y urbanísticamente erradas - han tomado estado público en contrario".

Tal situación, señala el decreto, amerita "sopesar los diversos ntereses concurrentes", y que "no obstante la voluntad conciliadora del Departamento Ejecutivo, no se ha alcanzado el nivel de comprensión y consenso que un emprendimiento de esta magnitud requiere en aras de una
convivencia pacífica".

Destaca asimismo la necesidad y conveniencia de compatibilizar el efectivo ejercicio de los derechos de orden constitucional en el marco de la convivencia social y democrática, mediante un equilibrio que posibilite su goce a la totalidad de los habitantes.

Expresa, además, que no obstante que al Departamento Ejecutivo le corresponde adoptar prudencialmente medidas que permitan componer el conflicto sin vulnerar los derechos de
cada uno,  advierte que "la decisión adoptada no puede establecer precedente alguno, ya que "lo contrario importaría dejar sujeto el desarrollo urbanístico del municipio a intereses exclusivamente individuales, principalmente de carácter económico, por sobre los intereses generales que debe tener por objeto la conducción municipal".

Finalmente destaca que teniendo en cuenta que la problemática afecta a la población mendocina en general, la administración municipal se encuentra actualmente abocada a continuar un profundo proceso de revisión del Código de Edificación a fin de superar posibles discordancias entre las políticas de proyección urbanística de la ciudad, el interés colectivo e individual, que pueden ser fuente de interpretaciones encontradas, siendo factible la generación de controversias administrativas o judiciales derivadas de ello.
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