Los cuatro asuntos de Mendoza que merecieron un lugar en el informe del CELS sobre Derechos Humanos

El caso de Johnatan Oros, el caso Abonassar, los ex policías procesados por delitos de lesa humanidad y el cierre y reapertura de la repetidora de Canal 7 Argentina son los 4 únicos temas que el Cels incluyó en el trabajo denominado “Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2008”.

El informe anual 2008 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre Derechos Humanos en la Argentina, recopila una serie de hechos y actuaciones en torno a la violación de estas garantías en todo el territorio nacional.

Los casos de Mendoza están desperdigados en capítulos diferentes, pero son sólo cuatro los que encontraron algún grado de desarrollo en el interior del libro.

No hay menciones a la situación penitenciaria, como en años anteriores. Los casos:

Triste lugar en el  ranking

Según el informe anual del Cels, el 17% de los procesados en causas del interior del país que integraron fuerzas policiales durante el terrorismo de Estado, son mendocinos, siendo, detrás del Chaco (que se lleva el 19% del total) la provincia que tiene mayor participación de policías en delitos de lesa humanidad, en relación al resto de las provincias. Detrás de Mendoza se encuentran las policías de Santa Fe (14%), Córdoba (13%), Santiago del estero (11%), Formosa (6%), San Luis y Río Negro (5% cada una). En el caso local, el Cels señala como causa principal la que investiga la desaparición de Paco Urondo, “que cuenta con seis imputados ex policías de la provincia de Mendoza, en su mayoría detenidos”, según el trabajo.

El caso Abonassar 

En su capítulo vinculado a “Violencia institucional y políticas de seguridad”, el centro que dirige Horacio Verbitsky dio cuenta que “en la provincia de Mendoza, en mayo (de 2007), las autoridades impulsaron un paquete de proyectos de ley que implicaba la reforma del sistema de seguridad de una manera sumamente regresiva y autoritaria. Esta iniciativa se impulsó como respuesta a los reclamos de los vecinos por mayor seguridad, que tomaron fuerza luego del asesinato de Laura Abonassar en la ciudad de Mendoza”.

En opinión del CELS, “a partir de este hecho, el poder político mendocino respondió desplazando al entonces ministro de Seguridad, Miguel Bondino, y presentando en el Congreso proyectos de ley para limitar las excarcelaciones y endurecer las leyes de seguridad. Estas medidas fueron acompañadas por un cambio en el perfil discursivo del Gobierno sobre los temas de seguridad. Las declaraciones oficiales presentaban a los derechos como obstáculos a sus políticas de seguridad”.

El CELS señaló que “resultaron particularmente preocupantes declaraciones del nuevo ministro de Seguridad, Alfredo Cornejo, que afirmó ´Vamos a movernos al filo de la ley y lo vamos a hacer por indicios´, y caracterizaba a los jóvenes que delinquen como ´monstruos´.

Tras recordar las instancias del asesinato de Abonassar, el informe del Cels dio cuenta que “entre las normas que integran el paquete que impulsó Cobos se encuentran las que establecen: el ´juicio directísimo´–la realización de juicios en 48 horas contra las personas que sean descubiertas cometiendo un delito in fraganti y que tengan penas de menos de 15 años de prisión–; las escuchas telefónicas preventivas; la autorización para comprar de forma directa un sistema automático de identificación de huellas dactilares y solución tecnológica para la reingeniería del sistema de emisión de la cédula de identidad y certificado de antecedentes; el 911 como número único de emergencias; y la creación de un juzgado especial que sólo lleve las causas por tenencia ilegal de armas de fuego en los delitos contra la propiedad y las personas”.

El caso Oros

Al referirse al caso Oros, el Cels relató que “Jonathan Oros estaba tomando cerveza con un grupo de amigos sentado en la vereda de un kiosco frente a la comisaría 33ª de la ciudad de Mendoza. Luego de cruzar para tomar el colectivo 71 (cuya parada está en la puerta de la comisaría), los amigos lo vieron forcejear con un policía en la puerta de la comisaría. El joven fue ingresado a la dependencia de los pelos. Luego se escucharon disparos, y Jonathan resultó herido en el tobillo, en la ingle y en el tórax. El joven permaneció dos días internado en terapia intensiva, hasta que murió”.

Agregó que “según la versión policial, el joven habría ingresado a la comisaría por el garaje del edificio con un revólver calibre 22 disparando contra los efectivos policiales, quienes sólo se habrían defendido. Sin embargo, uno de los testigos, vecino del lugar, declaró que al oír los disparos se asomó por una hendija del portón de la comisaría y vio cuando Oros recibió el último disparo. Aseguró que el joven no estaba armado”.

La recopilación de hechos violatorios de los Derechos Humanos ocurridos durante 2007 y principios de 2008, citó luego declaraciones del padre de la víctima: “Me lo molieron a palos, tiene la marca de un cachazo en la ceja (un corte que la policía sostiene que fue por la caída). Después de 15 minutos armaron todo un circo en la televisión, mostraron un 22 y después una 9 milímetros, dicen que estaba armado. A mí me amenazaron, vinieron tipos a mi casa, y los chicos amigos de mi hijo están muy asustados y no quieren hablar”.

Cierre y reapertura de la repetidora de Canal 7 Argentina

En tanto, el Informe 2008 del Cels ofreció un caso diferente a los otros sucedido en Mendoza. Dedica un párrafo al cierre y posterior reapertura de la repetidora de Canal 7 Argentina, el canal estatal.

Relató el trabajo que “el 30 de mayo de 2007, el juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, había hecho lugar a una medida cautelar en una acción de amparo presentada por la empresa TV Río Diamante –licenciataria del Canal 6 de esa localidad–, a raíz de la cual fueron suspendidas las transmisiones de la señal de Canal 7 en la ciudad de San Rafael. Según la presentación, la Ley de Radiodifusión vedaba la retransmisión de la señal oficial, en tanto ésta sólo estaba permitida en aquellos lugares en los cuales no concurriese la actividad privada o existieran ´razones de seguridad nacional´, lo que no ocurría en San Rafael. No obstante agregó el Cels- mediante los decre-tos 2.368/0225 y 84/0526 el PEN había modificado esta situación y permitido la expansión de la señal del canal oficial a través de repetidoras a todo el territorio nacional, contemplando el otorgamiento de frecuencias del Sistema Nacional en diferentes localidades. Ambos decretos eran cuestionados por la empresa, propiedad del grupo Vila-Manzano”.

Opiniones (1)
18 de octubre de 2017 | 19:18
2
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18 de octubre de 2017 | 19:18
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  1. Sinceramente creo que estos no son momentos para andar haciendo tantas distinciones y tener tantos recaudos en esto de los "derechos humanos". Ya que parece que la gente común no tiene derechos humanos, ya no tiene derecho ni a la vida, pero si lo tienen los asesinos que andan sueltos. Como es la cosa?
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