España: los escritores podrán cobrarles a las bibliotecas por préstamos

La Justicia de ese país decidió dejar en vigencia un decreto del 2014 que obliga a las bibliotecas públicas a pagar un cánon a los escritores por prestar sus obras.

El pago por parte de las bibliotecas públicas a los autores literarios por el préstamo de sus libros seguirá siendo legal en España, luego de que el máximo tribunal de ese país reconoció el derecho de remuneración que tienen los escritores sobre sus obras utilizadas por las bibliotecas.

Según informó el periódico El País, el Tribunal Supremo de España no hizo lugar a un recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de la ciudad de Azuqueca de Henares (provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha) que presentó contra el artículo 7.3 del Real Decreto 624/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pidiendo una ampliación de las excepciones para el pago del canon.

Dicho artículo desarrolla la normativa europea de propiedad intelectual que impone a los estados miembros la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de sus obras. Como excepción, se establece la obligación en lo referente a los préstamos públicos y siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, que se podrá determinar libremente por los estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural. En general, el decreto exime de ese canon a las bibliotecas y organismos públicos que presten servicios a menos de 5000 habitantes.

Por su parte, el máximo tribunal explicó que, si el Ayuntamiento estaba en desacuerdo con la no inclusión de más excepciones para el pago de la tasa, como los sugeridos por el Gobierno central como las publicaciones oficiales y las de cuyos autores hayan renunciado expresamente a la remuneración, debería haber impugnado el artículo 3 y no el 7, ya que éste no puede sino establecer como base de la remuneración esas obras dadas en préstamo en casos distintos a los exceptuados.

El Ayuntamiento también alegó que hay que interpretar una directiva europea de 2006 en el sentido de que cuando se trate de publicaciones con renuncia a remuneración y oficiales su préstamo debe quedar excluido de ese pago al no causarse perjuicio compensable al autor. Sin embargo, para el Supremo, el decreto respeta la ley que transpone la directiva y no establece excepciones a la generación de la remuneración no reconocidas en la misma. Añade que la directiva deja libertad a los estados para fijar la remuneración por los préstamos sin exceptuar obras.

Al recurso del Ayuntamiento se opusieron el abogado del Estado y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). / Fuente: El País


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