Está prohibido embargar o ejecutar viviendas de origen social

Este es el principal argumento legal por el cual un abogado mendocino ha logrado que se suspenda el remate de una vivienda de origen social. Si bien existe una ley provincial y otra nacional que apoyan el planteo, muchos mendocinos desconocen que pueden saldar sus deudas sin perder el hogar.

La suspensión de un remate de una vivienda de tipo social ha sido el germen para que unos 17 mil mendocinos sueñen con una posible solución en la que quede descartada definitivamente la posibilidad de que se tema por el desapoderamiento “del hogar”.

Así lo ha asegurado Liliana Valverde, la protagonista de una historia que lleva unos ocho años y que el viernes pasado llegó a casi a tocar fondo. Ese día se remataba su casa en el Segundo Juzgado de Procesos Concursales y Registro a cargo de José Edmundo Arcaná Buchin.

“Yo no sabía que había una posibilidad de solucionar las cosas sin perder la casa” o “todo este tiempo estuve mal asesorada”, fueron las frases que más salieron de la boca de Valverde, quien ha recobrado el brillo en una mirada que la semana anterior sólo buscaba horizontes fuera de Mendoza.

Si bien el remate se ha suspendido, el problema no se ha solucionado, en apariencia, porque una noticia sí es importante: “Existen dos leyes, una nacional y otra provincial, y jurisprudencia de la Corte local, que establecen que no se puede sacrificar el único hogar de una familia, más aún si su origen es de tipo social”, explica en términos legales Valverde. Y agrega: “Sería bueno que esto se sepa, para que muchos en una situación similar a la mía tengan la esperanza de que no todo está perdido”, enfatiza.

La historia que no es exclusiva de Valverde, sigue en cierta medida sobre el pensamiento de unos 17 mil mendocinos, aquellos que durante la crisis de 2001 dejaron de pagar sus cuotas.

Si bien aún no hay una resolución de fondo por el caso, “lo que tenemos que tomar en cuenta es que el juez ordena suspender el remate”, destaca Raúl Aranda, abogado de Valverde. “Y para no lesionar el derecho de defensa, pide que se notifique a la sindicatura para que conteste en un plazo de cinco días para luego finalmente resolver”, agrega.

También Aranda defiende: “Creemos que nos asiste la razón porque si hubiera sido extemporal, poco fundado o ajeno al derecho le habría puesto no a lugar y se hubiera rematado”.

Si abandonar el lado de los damnificados de casos similares, Aranda destaca que existe una ley provincial “que ya tiene unos 10 años y que es la 6.606, en la que se prohíbe embargar o ejecutar viviendas de origen social, en este caso del IPV, del Banco de Previsión Social y el Banco de Mendoza en su momento”, explica.

A nivel nacional, según el abogado, “existe otra ley que es la 22.323 y hay jurisprudencia en nuestra corte, desde antaño. También hay jurisprudencia de la corte de la nación que explica que la vivienda única es inembargable e inejecutable y que no puede ser objeto de desapoderamiento en el proceso falencial o en el proceso de la quiebra”, añade Aranda.
Opiniones (0)
26 de septiembre de 2017 | 12:57
1
ERROR
26 de septiembre de 2017 | 12:57
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
    En Imágenes
    Devastación en Puerto Rico tras el paso del huracán María
    26 de Septiembre de 2017
    Devastación en Puerto Rico tras el paso del huracán María