Buscan fortalecer los programas alternativos para evitar el encierro de menores

Es una de las propuestas que surgieron en la jornada de trabajo, que realizó el Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, para abordar la ley nacional 26.061, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y su implicancia en el fuero penal.

Durante una jornada de trabajo, que se realizó en el salón de actos de la Suprema Corte de la Provincia y que contó con la presencia de importantes figuras involucradas directamente con la protección de derechos de niños y adolescentes, se abordó la ley nacional 26.061(de protección integral de niños, niñas y adolescentes) y sus implicancias en el fuero penal. La reunión fue organizada por la Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad Discapacidad y Familia (DINAADyF) del Gobierno de Mendoza.

Disertaron el subsecretario de Derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), Gabriel Lerner; el defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, Damián R. Muñoz; y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; Aída Kemelmajer de Carlucci.

Entre las reflexiones que surgieron respecto de la puesta en vigencia de la Ley en Mendoza, Lerner afirmó que "se debe contribuir con la justicia, en el control de la legalidad y sobre todo, fortalecer la opción de los programas alternativos, que bien articulados y con un enfoque correcto, reemplazan con eficiencia al encierro que, con la implementación de la ley, es inaceptable e inadecuado".

La propuesta se centra en un modelo socio educativo que promueve dotar al joven (privado de la libertad o incorporado a cualquier programa) "de herramientas, de prácticas, de costumbres, que le permitan una relación con sus pares y con el mundo adulto -explicó el funcionario nacional- al mismo tiempo que esto tenga que ver con hacer respetar sus derechos y poder respetar los de los demás".

Por otra parte, defendió la moción de que docentes y talleristas no sean personal del propio sistema "ya que tienden a amoldarse a la lógica custodial, y los chicos tienen que tener relación con personas comunes, no con los otros que son parte del sistema". En esta línea, diferenció a los operadores "operativo – convivenciales", que han sido capacitados para el contacto directo con los jóvenes, de aquellos que deben cumplir tareas de vigilancia, sin roce alguno con los adolescentes.

En el plano de las acciones federales, Lerner hizo referencia al decreto N° 28, con el que se creó la Dirección Nacional de Políticas para Adolescentes Infractores: "La instauración de esta nueva Dirección se desprendió de la discusión acerca de si las políticas para adolescentes infractores debían estar en el ámbito de justicia y seguridad o deberían estar en el ámbito de las políticas de niñez, adolescencia y familia. Y la decisión que se tomó es que, aún el adolescente que comete los delitos más graves es ante todo un adolescente, y en segundo lugar un infractor".

De este modo, la línea planteada para el trabajo tiene cinco ejes: especialización de los dispositivos para que no haya más chicos en la comisaría del menor, garantizar el acceso a derechos, dejar la medida de privación de libertad como último recurso, crear y fortalecer dispositivos alternativos con capacidad de disputa al encierro y fundar mejores condiciones para el egreso de los chicos.

Además declaró: "Nosotros somos amigos del derecho penal mínimo, no sólo respecto del encierro, nos parece que aún en las medidas de seguimiento, si el chico puede pasar al sistema de protección preferimos que sea acompañado del sistema de protección no desde las medidas alternativas penales porque no dejan de tener el espíritu tumbero, lesivo, que tiene naturalmente los sistemas penales", y agregó que "nosotros tenemos que evitar que se nos canjeen garantías por mayor punición ya que no es la misma cosa y que las sanciones sean acordes a un sujeto que está en un proceso evolutivo. No podemos negar oportunidades de cambio a futuro con sanciones de esa naturaleza. La intervención penal debe ser mínima."

Respecto de jóvenes infractores de la ley penal en Mendoza, el director de Niñez, Adolescencia y Familia, David Funes, afirmó que "por la aplicación de la Ley 26.061, algunos menores de 16 años -en un número no mayor de 6 ó 7- que estaban privados de su libertad, fueron derivados a otros mecanismos diferentes al de la internación para cumplir con la normativa que la ley exige. Fue un proceso paulatino donde se evaluó cada caso para definir qué alternativa se podía aplicar. Algunos necesitaban un tratamiento de adicciones; otros, necesitaban de un sistema de seguimiento para su situación familiar, o sistemas de internación abierta".

"En todos los casos en que un menor incurre en alguna violación de la ley, el caso es atendido convenientemente por la Dirección, y allí se determina de qué manera intervenir, con él y con su familia", afirmó Funes.

"En el tema adicciones -agregó- hemos inaugurado centros de rehabilitación, como hicimos en Maipú y en Malargüe, y próximamente en Guaymallén. Tenemos convenios con provincias como San Juan o Buenos Aires, que reciben chicos para su tratamiento, con lo que estamos dando una respuesta en los casos en que los chicos lo necesiten, ya sea con internación en un instituto específico o con seguimiento especializado. Siempre se interviene, aunque sean herramientas que no tienen que ver con las medidas excepcionales como la internación".

Según confirmó el funcionario, el nuevo modelo de intervención que propone la ley se encuentra en plena ejecución en la provincia. Esto supone un aprendizaje y un intercambio de experiencias que permita el abordaje desde un nuevo paradigma que se centra en la protección plena de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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