La pauta oficial, muy lejos de la libertad de expresión

"El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura en América Latina" es el nombre del informe que presentó la Asociación de Derecos Civiles en el marco de un seminario organizado conjuntamente con el Foro de Periodismo Argentino. La distribución de la publicidad oficial según la línea editorial de los medios de comunicación.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) organizaron el seminario-debate en torno a la censura indirecta a través de la publicidad oficial, un problema creciente en América Latina. A lo largo de la extensa jornada, destacados profesionales de la comunicación expusieron su posición y dialogaron acerca de esta temática.

La primera actividad consistió en la presentación del informe “El precio del silencio”, un trabajo de investigación que revela la tendencia que ejercen los gobiernos sobre la comunicación y la independencia editorial. A lo largo de esta exposición se examina el modo en que los mandatarios abusan de sus facultades regulatorias, de los fondos públicos y de la utilización de la publicidad oficial para silenciar, controlar o restringir la difusión de determinados contenidos.

El estudio comprendió a 7 países e incluyó datos documentados de censura indirecta. Se supone que a medida que declinaron los métodos frontales y directos de presión gubernamental, aumentaron mecanismos más sofisticados y menos evidentes. Así es como el avance de la utilización de fondos públicos para ejercer presión sobre los medios de comunicación va acompañado de una gran discrecionalidad en el manejo de los mismos.

Por el contrario, la denegación de la publicidad oficial es frecuentemente utilizada como castigo a una línea editorial que disiente, denuncia o cuestiona el accionar político del gobierno de turno.

“En Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay, la publicidad oficial se rige por el mismo régimen contractual que el resto de las adquisiciones del Estado, sin una normativa específica que establezca criterios o procedimientos a seguir”. Perú es el único país de la región que tiene una ley al respecto. Sin embargo, su falta de especificidad y disposiciones vagas no garantizan la distribución equitativa de la pauta oficial.

Entre los principales mecanismos de abuso de la publicidad oficial figura su uso indebido para condicionar contenidos, el pago directo a periodistas, la asignación discriminatoria de la pauta a medios favoritos y su utilización con fines propagandísticos. Son formas de censura indirecta o “sutil”, entre otras, la negativa de acceso a las instituciones y a la información pública y la asignación inequitativa de licencias de radio y televisión.

Las conclusiones que se extraen del informe acerca de la situación en Argentina suponen un abuso sistemático por parte del gobierno nacional en materia de publicidad, que incluye una asignación excesiva de pauta en favor de medios afines y su retiro como represalia por coberturas críticas. “La gestión del ex presidente Néstor Kirchner aumentó su gasto total en 2007 y dedicó numerosos fondos a financiar avisos para promocionar su imagen en un año electoral en el que su esposa se postuló para la presidencia de la Nación, y ganó”.

En el caso de nuestra provincia, si bien el informe no detalla ni ahonda acerca de la distribución de la pauta oficial, desde la ADC se explicó que “este es un fenómeno extensible a todo el país y que sus mecanismos actúan con un altísimo nivel de discrecionalidad que acaba por vulnerar a las empresas mediáticas”.

El relator de la ONU y la senadora Estenssoro, presentes

Nuestro país carece de reglas y criterios claros, lo que impide la existencia de mecanismos de control y deja la responsabilidad de la contratación de pauta oficial en manos de funcionarios públicos. Existe un decreto en Tierra del Fuego, proyectos nacionales y provinciales que continúan estancados.

La senadora María Eugenia Estenssoro dialogó con MDZ y dijo al respecto: “Desde la Coalición Cívica hemos presentado un proyecto para democratizar y normalizar el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), un organismo intervenido que no tiene legitimidad ni representatividad para llevar adelante un proceso tan importante y delicado. El secretario de Medios está procesado en la justicia por otorgar pauta oficial a sus propias empresas de cartelería pública y de producción periodística. Debatir este tema me parece sustantivo para la calidad de la democracia”, sostuvo.

En referencia a la conferencia de prensa que por primera vez en 6 años dio el kirchnerismo, Estenssoro consideró que “se utilizó una herramienta de la información pública -algo que debería ser habitual- como propaganda. No solamente los presidentes no han dado conferencia de prensa sino que los ministros y secretarios tampoco lo han hecho. Ese encuentro fue marketing político para mejorar la imagen de la presidenta y no para informar mejor a los ciudadanos”.

En su primera visita -no formal- después de haber sido nombrado relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank la Rue, manifestó que “es muy positivo que se abra este tipo de discusiones en América Latina, ojalá se den en todo el mundo. Antes era la persecución física o personal y hoy funcionan otros mecanismos de control. Le corresponde a cada Estado regular el uso de los fondos que se asignan a publicidad oficial para generar un ambiente de equidad y de no censura”.

El caso de Chile, Uruguay y Colombia

El panel integrado por Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, diputado socialista de Chile; Eduardo Brenta, diputado del Frente Amplio por Uruguay; y Carlos Cortés Castillo, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se refirió al caso concreto del país al que representan.

Brenta dijo que el canje de publicidad en Uruguay está fuertemente ligado al clientelismo, “sin intervención de carácter profesional”. Además afirmó que existe confusión respecto a lo que se entiende por publicidad oficial, “aquella que debería comunicar políticas públicas y promover los derechos de los ciudadanos”. Diferenció el término con el otorgamiento de subsidios, donaciones o forma de censura que intenta promover los intereses de un partido político.

El director ejecutivo de FLIP habló acerca de los problemas estructurales, es decir, de la dependencia de los medios de la publicidad oficial, de las normativas amplias y generales y de la ausencia de criterios preestablecidos al momento de seleccionar los medios en los que se pautará. Como principios de regulación, propuso: aclarar el objetivo que persigue la publicidad oficial, la desconcentración de su distribución y la existencia de un control externo adecuado.

Por su parte, el diputado chileno afirmó que existe poca iniciativa en su país en el tratamiento de estos temas. “La clase política se refiere poco a la problemática de la pauta oficial. La dictadura de Pinochet fortaleció a un reducido número de medios, los de la oposición fracasaron y esto impidió el ingreso de nuevos actores”.

Recalcó la falta de estudios, el desinterés por parte del periodismo por develar el comportamiento del público, la existencia de democracias precarias y fuertemente presidencialistas, y las concesiones televisivas que tienen un plazo, “eso sí, indefinido”, ironizó.

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22 de agosto de 2017 | 02:10
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